Un recurso de 400 folios contra la "Constituci¨®n paralela"
El PP impugn¨® en julio de 2006, al entrar en vigor el Estatuto de Catalu?a, 114 de sus 223 art¨ªculos y 12 de sus 22 disposiciones. Los populares entienden que esa ley es una aut¨¦ntica "Constituci¨®n paralela" que invade competencias de la Administraci¨®n central y que obligar¨¢ a modificar m¨¢s de 30 leyes del Estado. En los 408 folios de su recurso, los populares desgranaban los argumentos jur¨ªdicos contra la constitucionalidad de la norma.
- La "naci¨®n" catalana. Tras intensas negociaciones entre los redactores del Estatuto y el Gobierno, se acept¨® una f¨®rmula para incluir la palabra "naci¨®n" a trav¨¦s del Pre¨¢mbulo. El PP sostiene que la naci¨®n es el "conjunto del pueblo o del Estado" y que "no hay m¨¢s naci¨®n que la espa?ola, sin que puedan equipararse las nacionalidades y regiones". En este momento, la mayor¨ªa del Constitucional es contraria a este punto del Pre¨¢mbulo.
- La lengua catalana. El PP carga en su recurso contra el art¨ªculo que impone "el deber de conocer la lengua catalana". Los populares han convertido en caballo de batalla el hecho de que en Catalu?a no exista el derecho de escolarizar a los hijos en castellano, y censuran la obligaci¨®n de utilizar el catal¨¢n en la Administraci¨®n de Justicia, fiscal¨ªas y registros o las exigencias impuestas a los comercios. Tambi¨¦n en este aspecto, la mayor¨ªa del alto tribunal se inclina por declararlo inconstitucional.
- Poder Judicial. El PP ve en este cap¨ªtulo el m¨¢s claro ejemplo de que el Estatuto es una "Constituci¨®n paralela", porque establece un Poder Judicial en Catalu?a y eso rompe la unidad del Poder Judicial que consagra la Constituci¨®n, lo que vulnera el principio de igualdad de los espa?oles. El PP rechaza tambi¨¦n la creaci¨®n de un Consejo de Justicia equiparable al Consejo General del Poder Judicial.
- Competencias. El listado de competencias exclusivas que fija el Estatuto excede de las competencias de una autonom¨ªa y s¨®lo se puede hacer a trav¨¦s de la Constituci¨®n, seg¨²n el PP.
- Bilateralidad. Los populares sostienen que el Estatuto fija una relaci¨®n "bilateral" entre la Generalitat y el Estado que margina al resto de comunidades.
- Financiaci¨®n. El sistema de financiaci¨®n que establece el Estatuto obliga al Estado a reservar un 17% de las inversiones para Catalu?a (el porcentaje que ¨¦sta aporta al PIB nacional). El PP considera que ese sistema de financiaci¨®n propio rompe el principio de solidaridad.
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