El retraso en la ley eleva de 60 a 80 a?os el uso privado de la playa

El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un programa de reconocimiento de derechos de los propietarios con casas construidas legalmente en la playa antes de 1988, cuando se aprob¨® la Ley de Costas. Por mucho que cueste explicarlo y m¨¢s entenderlo, la Administraci¨®n pretende as¨ª cumplir 20 a?os despu¨¦s la norma y otorgar a los due?os de las casas la concesi¨®n para utilizar sus propiedades en dominio p¨²blico durante 30 a?os (ampliables a 60). Como el plazo s¨®lo empieza a contar desde que se otorga la concesi¨®n, eso implica que, de facto, la mayor¨ªa de los due?os de casas sobre la arena podr¨¢n disfrutarlas m¨¢s de 80 a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley.

La aplicaci¨®n de la Ley de Costas sigue siendo una utop¨ªa m¨¢s de 20 a?os despu¨¦s de su aprobaci¨®n. La norma daba cinco a?os para completar el deslinde de los 10.191 kil¨®metros de litoral.

La Abogac¨ªa del Estado opta por el plazo m¨¢s favorable a los propietarios

Con el tr¨¢mite de deslinde, Costas delimita qu¨¦ es terreno p¨²blico y cu¨¢l puede quedar en manos privadas. Como se basa en criterios geogr¨¢ficos y hay mucho en juego -casi siempre acaba en la Audiencia Nacional- el deslinde se eterniza. Adem¨¢s, en los ocho a?os del Gobierno del PP apenas avanzaron los deslindes. El resultado es que hoy est¨¢n deslindados 8.850 kil¨®metros (el 87%) y de lo que queda el 74% est¨¢n en proceso, seg¨²n Medio Ambiente. Sin ese tr¨¢mite no se puede sancionar a un propietario ni se sabe cu¨¢nta gente tiene derecho a una concesi¨®n en dominio p¨²blico.

Ahora, con los deslindes avanzados, Costas pasa a la siguiente etapa: reconocer derechos a los due?os de propiedades en la arena. La ley establece que la playa es p¨²blica pero permite a quien tenga una casa construida legalmente antes de la norma que la utilice con una concesi¨®n durante 30 a?os (ampliables a 60 en muchos casos). Ese uso durante d¨¦cadas era el pago del Estado por la expropiaci¨®n. Cumplido el plazo, la propiedad pasa a ser p¨²blica y, previsiblemente, demolida para recuperar el uso p¨²blico.

Sin embargo, como explica la directora general de Costas, Alicia Paz, "el otorgamiento de las concesiones se ha trabajado poco". Las demarcaciones de Costas s¨ª daban una concesi¨®n antes de expropiarla para construir un paseo mar¨ªtimo o cuando hab¨ªa un proyecto para recuperar una playa. Fuera de eso, miles de propietarios que fueron incluidos en un deslinde nunca solicitaron ni obtuvieron una concesi¨®n. Costas afirma que es imposible cuantificarlos y que tiene que ir buscando en cada tramo de litoral a cu¨¢nta gente afecta.

Costas se encuentra con el problema sobre cu¨¢ndo debe entrar a contar el plazo, ya que hay sentencias contradictorias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo a¨²n no ha unificado doctrina. La Abogac¨ªa del Estado, a una consulta de Costas, consider¨® que el plazo debe empezar cuando se otorga la concesi¨®n, lo que supone el criterio m¨¢s favorable para el ciudadano. Pero esto tiene un reverso: quien cumpli¨®, pidi¨® y obtuvo una concesi¨®n disfrutar¨¢ mucho menos tiempo de su propiedad que quien no hizo nada. En general, los negocios s¨ª han pedido la concesi¨®n, ya que lo necesitaban para invertir. Muchos particulares no tienen el papel.

La concesi¨®n se otorgar¨¢ de acuerdo a una orden ministerial de 2007, en la que deja claro que para hacer grandes reformas hay que pedir permiso a Costas y que el Estado puede en cualquier momento rescatar la concesi¨®n a cambio de una indemnizaci¨®n. La orden, aprobada en la legislatura de Narbona, reafirma que las concesiones no se pueden comprar ni vender, s¨®lo heredar. El equipo de Elena Espinosa, sin embargo, envi¨® al Congreso en diciembre pasado una reforma de la ley para permitir la compra, pero la reforma ha encallado en el Congreso. El cambio tambi¨¦n agiliza el otorgamiento de las concesiones "ya que no es discrecional, tienen derecho, as¨ª que evit¨¢bamos tr¨¢mites como la informaci¨®n p¨²blica", explica Paz.

El ministerio espera repartir las concesiones sin que se incendie la costa, pero algunos propietarios descubrir¨¢n que compraron propiedades que cre¨ªan suyas y que en realidad son una concesi¨®n. Esto es as¨ª porque en la pr¨¢ctica el Registro de la Propiedad y el Catastro no informan de las servidumbres de la Ley de Costas. Paz explica que espera tener listo antes de fin de a?o un convenio con el Catastro para que incorpore la ley. Cuando alguien adquiere un chal¨¦, el notario d el catastro y alertar al comprador.

Otro previsible problema ser¨¢ el que tienen terrenos bald¨ªos en primera l¨ªnea. En esos casos, Medio Ambiente considera que no tienen derecho a concesi¨®n, ya que no tienen ning¨²n aprovechamiento y pasar¨¢n inmediatamente a ser propiedad p¨²blica.