Una realidad inc¨®moda

Barcelona no es la "capital del sexo" que describe la oposici¨®n municipal, pero tampoco la modern¨ªsima y casi mod¨¦lica ciudad que pregona la propaganda oficial. El turismo de aluvi¨®n y el oligopolio que sobre el comercio sexual detentan las mafias -que fuerzan a las prostitutas a alquilar su cuerpo sin descanso ni precauciones sanitarias en busca del m¨¢ximo beneficio al menor coste- son algunos de los factores que explican que los porches del mercado de la Boquer¨ªa, junto a la c¨¦ntrica Rambla, alberguen escenas tan crudas como las publicadas por EL PA?S el pasado martes. Los vecinos y los comerciantes del barrio llevaban meses denunciando la degradaci¨®n de la zona, pero sus denuncias se hab¨ªan diluido siempre en el marasmo de la refriega pol¨ªtica. Hasta que la incontestable sordidez de estas im¨¢genes ha certificado la magnitud del problema. ?se, y no ning¨²n otro, era el prop¨®sito de este diario al difundirlas.

Aunque el casco antiguo de Barcelona ha dado cobijo a las profesionales del sexo desde tiempos inmemoriales, la nueva hornada de prostitutas que pueblan el foco tur¨ªstico de la Rambla, en su gran mayor¨ªa sin papeles v¨ªctimas de las redes de la inmigraci¨®n ilegal, altera con su conducta la convivencia en el ya degradado barrio del Raval, empa?ando la imagen de la ciudad. Un deterioro ante el que las tres administraciones concernidas han actuado hasta el momento con una imperdonable pasividad: el Consistorio, al dictar en 2006 una ordenanza contra la prostituci¨®n callejera que apenas ha hecho cumplir; el Gobierno, competente en materia de extranjer¨ªa, con su escasa diligencia en la lucha contra las mafias; y la Generalitat, responsable del orden p¨²blico en Catalu?a, al no garantizar una mayor presencia policial en la zona, aunque s¨®lo fuera con prop¨®sitos disuasorios. Dispositivo que las autoridades catalanas pudieron activar tiempo atr¨¢s, pero s¨®lo lo han hecho a remolque de los acontecimientos, ante el esc¨¢ndalo desencadenado por las fotograf¨ªas de la Boquer¨ªa.

Pero, m¨¢s all¨¢ de los problemas de orden p¨²blico, contin¨²a irresuelto el viejo debate sobre c¨®mo afrontar el fen¨®meno de la prostituci¨®n, que habita en el limbo de la alegalidad: al no estar tipificado como delito no es punible; al no estar legislado carece de control alguno. En 2006 la Generalitat lleg¨® a elaborar un anteproyecto de ley, luego abortado por las diferencias entre los socios del tripartito catal¨¢n y que ahora la patronal del comercio quiere resucitar. Tambi¨¦n en la pasada legislatura, Congreso y Senado constituyeron una comisi¨®n para dirimir el dilema entre abolici¨®n y regulaci¨®n, que finalmente se apunt¨® a la abstenci¨®n: m¨¢s que legislar, alegaron sus se?or¨ªas, lo urgente era que el Gobierno elaborara un plan integral para combatir a las mafias que trafican con mujeres. El plan, en marcha desde enero, tampoco es la panacea.

No hay respuestas sencillas, ni probablemente definitivas, para una discusi¨®n que la mayor¨ªa de las democracias avanzadas contin¨²a sin resolver. Las voces partidarias de la abolici¨®n mediante la prohibici¨®n sin m¨¢s, con el argumento de que no se puede legitimar por ley la explotaci¨®n de un ser humano, desprecian el hecho de que la clandestinidad suele ser sin¨®nimo de marginalidad; y quienes en cambio abogan por la regulaci¨®n no siempre tienen en cuenta los riesgos de institucionalizar el proxenetismo como negocio legal.

Tampoco el derecho comparado resuelve la disyuntiva. Suecia y Noruega han optado por proscribir el comercio sexual, lo que no ha acabado con el problema; s¨®lo lo ha expulsado de la plaza p¨²blica. Con mayor o menor acierto, Alemania, Holanda y B¨¦lgica han apostado por regular la prostituci¨®n, convencidas de que no basta con cerrar los ojos para erradicar esta inc¨®moda realidad.