El Ayuntamiento acusa a Aguirre de "hacer trampas" en la ley de La Ca?ada

Madrid, Rivas y Coslada, los tres municipios a los que afecta mayoritariamente la proyectada ley regional para desafectar La Ca?ada Real, est¨¢n indignados con Esperanza Aguirre. El asunto -lo que denuncian- es que llegaron a un consenso el pasado 7 de julio y suscribieron todos un texto. Un d¨ªa antes de comenzar las vacaciones, el 31 de julio, se encontraron con que la Comunidad hab¨ªa modificado unilateralmente uno de esos puntos. El tercero, concretamente. El que habla ahora de que en un plazo de dos a?os se puede vender el suelo de la v¨ªa sin un acuerdo social previo. "Es una trampa, antes no hab¨ªa tal plazo", advierten desde el Ayuntamiento de Madrid. "Han metido esa modificaci¨®n para poder sacar a la venta el suelo cuando el plazo concluya, que es lo que quer¨ªan desde el principio". Ayer elevaron su desacuerdo al Consejo Econ¨®mico y Social (CES).

Ana Isabel Mari?o, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenaci¨®n del Territorio, replic¨® asegurando que el borrador inclu¨ªa plazos y que no ha cambiado nada con respecto al texto consensuado. "Si Mart¨ªnez y el alcalde de Rivas no han reparado en ello, nosotros no somos responsables".

Todos los ediles afectados, en privado y en p¨²blico advirtieron de su "gran enfado". De hecho, ya el acuerdo original hab¨ªa sido muy discutido por ciudades como Madrid. "Puede parecer un asunto inocuo, pero agrava el problema de la ocupaci¨®n ilegal y puede asentar en la zona actividades como la venta de drogas o la de armas", agreg¨® Pilar Mart¨ªnez, responsable del urbanismo en Madrid.

Los tres municipios coinciden en se?alar que ese punto de la ley permitir¨¢ que los clanes de la droga participen en las disputas por la venta del suelo y, a trav¨¦s de personas interpuestas, legalicen su situaci¨®n en la zona. En La Ca?ada se estima que viven cerca de 30.000 personas a lo largo de 15 kil¨®metros.

"Cualquiera que compre suelo en La Ca?ada debe saber que su calificaci¨®n urban¨ªstica va a ser decidida por los ayuntamientos y que nosotros vamos a declararlo todo como zona verde. O sea, que si alguien compra suelo nunca podr¨¢ construir", fue la advertencia del edil ripense.

Los sindicatos, a trav¨¦s de sus representantes en el CES, mostraron su "sorpresa" por la ruptura del acuerdo alcanzado el pasado 7 de julio y expresaron su deseo de que se llegue, de nuevo, a "un acuerdo que satisfaga a todos".