Francia gravar¨¢ a los ciudadanos por sus emisiones de CO2

Para cumplir con los objetivos de reducci¨®n de CO2 fijados por Kioto, Francia ha decidido seguir el modelo escandinavo poniendo precio a sus emisiones, incluidas las de sus ciudadanos. El Gobierno ultima un nuevo impuesto verde sobre el consumo energ¨¦tico de origen f¨®sil que entrar¨¢ en vigor en 2010 y que, seg¨²n el Ejecutivo, ser¨¢ compensado por un mecanismo de redistribuci¨®n fiscal todav¨ªa por determinar. El presidente Nicolas Sarkozy anunciar¨¢ finalmente esta semana sus modalidades de aplicaci¨®n, empezando por el precio fijado por cada tonelada de C02, y deber¨¢ convencer a los esc¨¦pticos de la eficacia de la tasa carbono.

El impuesto, oficialmente denominado Contribuci¨®n Clima Energ¨ªa pero com¨²nmente conocido como la tasa del carbono, se aplicar¨¢ en principio al carburante, el gas y el carb¨®n, tal y como lo recomienda la comisi¨®n francesa de expertos presidida por el ex primer ministro socialista Michel Rocard, que entreg¨® su informe al Gobierno a finales de julio. Lo pagar¨¢n tanto los ciudadanos como las empresas en forma de impuesto indirecto, a excepci¨®n de la industria ya sometida al sistema europeo de intercambio de cuotas, responsable de m¨¢s del 30% de las emisiones francesas.

"Es una medida para cambiar h¨¢bitos de consumo", dice un experto

El impuesto no encarece la electricidad, casi toda de origen nuclear

Seg¨²n los c¨¢lculos de la comisi¨®n, que toma como referencia el a?o 2007, la tasa se aplicar¨ªa a unos 260 millones de toneladas de CO2 emitidas anualmente, m¨¢s de la mitad de las cuales (133 millones de toneladas) corresponden a la gasolina, 64 a la vivienda, 31 a los edificios del sector terciario y 24 a la industria no sometida a las cuotas. El 51% de las emisiones tasadas corresponder¨ªan a los ciudadanos y el 40% a las empresas. De media, los expertos calculan que cada ciudadano es responsable de la emisi¨®n de entre cuatro y seis toneladas anuales.

El precio recomendado por el panel de expertos es de 32 euros por tonelada de CO

2, equivalente a unos siete c¨¦ntimos el litro de gasolina sin plomo, al que se aplicar¨ªa una subida progresiva para alcanzar los 100 euros en el a?o 2030. Siguiendo este esquema, supondr¨ªa un gasto de unos 300 euros anuales para una familia rural compuesta por una pareja con un hijo y de unos 80 euros para un soltero residente urbano, seg¨²n estimaciones del Instituto Nacional de Estad¨ªstica. El Estado ingresar¨ªa entre 8.000 y 9.000 millones de euros adicionales. El objetivo es que este dinero sea luego redistribuido mediante rebajas fiscales o cheques verdes a los particulares y las empresas o bien destinado a un fondo ecol¨®gico para financiar nuevas iniciativas medioambientales.

"Se trata de una medida fiscal verde cuyo objetivo es cambiar los h¨¢bitos de consumo", explica Beno?t Faraco, experto de la fundaci¨®n del influyente ecologista franc¨¦s Nicolas Hulot, el primero en proponer la aplicaci¨®n de la tasa en Francia. "La idea es hacer aumentar progresivamente el precio de la energ¨ªa para animar a cada uno a anticipar el enrarecimiento de la energ¨ªa f¨®sil y luchar contra el cambio clim¨¢tico", a?ade.

Este modelo se inscribe en la tendencia marcada por Suecia, que no esper¨® al Protocolo de Kioto para introducir la medida. Fue el primero en hacerlo en 1991, empez¨® con un precio a 27 euros la tonelada y hoy supera ya los 100 euros. Supone un ingreso de entre 2.500 millones de euros y 3.000 millones para el Estado, que redistribuye mediante rebajas fiscales. Seg¨²n el Gobierno, ha contribuido en disminuir las emisiones del pa¨ªs en un 9% desde su puesta en marcha. Finlandia, Dinamarca y Eslovenia han adoptado desde entonces un impuesto similar.

Francia quiere ser el pr¨®ximo pa¨ªs en la lista y llegar a la conferencia sobre el clima de diciembre en Copenhague con los deberes hechos, pero la medida ha suscitado una avalancha de cr¨ªticas, incluso en el seno del partido gubernamental conservador. Sus detractores temen un nuevo impuesto encubierto que penalizar¨¢ a las poblaciones m¨¢s humildes, sobre todo a las rurales, m¨¢s dependientes del coche. Dos tercios de los franceses se han pronunciado en contra de la medida, seg¨²n un sondeo de la semana pasada para la radio Europe 1, y el 73% lo considera simplemente ineficaz.

Frente al debate generado, el Ejecutivo deber¨¢ esforzase para convencer de que no se trata de "una tasa m¨¢s", sino de una "transferencia fiscal" de la imposici¨®n del trabajo a la imposici¨®n de la contaminaci¨®n. Ya ha anunciado que estar¨¢ inscrito en la ley de presupuesto de 2010 y que ser¨¢ un impuesto progresivo. Pero quedan por determinar dos cuestiones claves: las modalidades de redistribuci¨®n fiscal y, sobre todo, el precio de partida, que previsiblemente se situar¨¢ muy por debajo de los 32 euros recomendados por la comisi¨®n de expertos.

"La paradoja es que si el Gobierno opta por fijar un precio a 14 o 15 euros la tonelada como podr¨ªa ser el caso, se reforzar¨¢ la sensaci¨®n de que no es eficaz y de que el medio ambiente es una simple excusa para que rellenar las arcas del Estado", advierte sin embargo Jacques Le Cacheux, economista del Observatorio Franc¨¦s de Coyuntura Econ¨®mica y autor de varios estudios sobre CO

2. Algunos ecologistas temen tambi¨¦n que la tasa, que en principio no se aplicar¨¢ a la electricidad dado que en Francia proviene en un 75% de la energ¨ªa nuclear, suponga precisamente un regalo a la industria del ¨¢tomo.