Con el norte perdido

Tras haber intentado antes de que se iniciaran las vacaciones parlamentarias enmascarar el caso G¨¹rtel con la supuesta prevaricaci¨®n del entonces presidente de la Junta de Andaluc¨ªa por no haberse abstenido en la decisi¨®n de conceder una subvenci¨®n a una empresa en la que trabajaba su hija, la direcci¨®n del PP vuelve a la carga tras el inicio del curso parlamentario con el caso Mercasevilla, a fin de denunciar la "doble vara de medir", en palabras de Esteban Gonz¨¢lez Pons, de la fiscal¨ªa y de la polic¨ªa en la persecuci¨®n de la corrupci¨®n, cuando la administraci¨®n investigada est¨¢ dirigida por el PP o por el PSOE.

El recorrido de esta segunda maniobra de distracci¨®n va a ser tan corto como el de la primera. Parece claro, por los indicios de que se dispone, que en Mercasevilla se ha producido o se puede haber producido un caso de corrupci¨®n, que casi se podr¨ªa calificar de libro. Es obvio que, hasta que no se produzca el juicio y se dicte sentencia no sabremos con seguridad que los indicios que conocemos tienen la categor¨ªa de pruebas destructoras de la presunci¨®n de inocencia, pero no es menos obvio que la apariencia de corrupci¨®n es muy fuerte.

Esto creo que no lo discute nadie y menos que nadie la Junta de Andaluc¨ªa, cuya Consejer¨ªa de Empleo fue la que denunci¨® el caso ante el Ministerio Fiscal, a fin de que investigara y adoptara las medidas que estimara pertinentes. No ha habido, por tanto, ninguna maniobra de ocultaci¨®n, sino todo lo contrario. Una vez conocido el material aportado por el empresario presuntamente objeto de la extorsi¨®n, la reacci¨®n fue fulminante.

?Tiene esto algo que ver con la conducta del Gobierno de la Comunidad de Valencia o de la Comunidad de Madrid con el caso G¨¹rtel? La respuesta est¨¢ en todos los medios de comunicaci¨®n y es, por tanto, sobradamente conocida.

A pesar de ello, vale la pena reflexionar sobre la diferente manera de reaccionar ante la corrupci¨®n del Gobierno andaluz y de los Gobiernos valenciano y madrile?o y, por extensi¨®n, de las direcciones nacionales del PP y del PSOE. Porque lo decisivo en materia de corrupci¨®n es c¨®mo se reacciona frente a ella. No hay ning¨²n partido "incompatible con la corrupci¨®n", como dijo en su d¨ªa Javier Arenas refiri¨¦ndose al PP. Casos de corrupci¨®n se producen tanto en aquellas administraciones en las que gobierna el PP como en las que gobierna el PSOE. Se puede debatir si se producen con m¨¢s frecuencia en las primeras o en las segundas, pero todos son igualmente repugnantes.

Ahora bien, puesto que ning¨²n partido es incompatible con la corrupci¨®n, lo determinante es ver c¨®mo reacciona la direcci¨®n de un partido cuando se detecta un caso de corrupci¨®n en su interior. Y en este terreno la diferencia entre la Junta de Andaluc¨ªa presidida por Manuel Chaves y los Gobiernos presididos por Francisco Camps y Esperanza Aguirre no puede ser m¨¢s clara. Mientras que en Andaluc¨ªa se ha reaccionado de manera en¨¦rgica y fulminante, haciendo p¨²blico el expediente de concesi¨®n de la subvenci¨®n a la empresa Matsa, a fin de que nadie pudiera tener la m¨¢s m¨ªnima duda de que la decisi¨®n hab¨ªa sido ajustada a derecho y se actu¨® penalmente en el caso Mercasevilla, en Madrid y Valencia no se ha hecho otra cosa que entorpecer la investigaci¨®n y avalar a los involucrados en los casos de corrupci¨®n.

De ah¨ª que no se entienda muy bien que un dirigente andaluz como Juan Ignacio Zoido se haya prestado a comparecer conjuntamente con un dirigente valenciano para hablar de corrupci¨®n y comparar Andaluc¨ªa con Valencia. ?l sabr¨¢ lo que hace, pero no parece que un dirigente valenciano sea la mejor compa?¨ªa para hablar de corrupci¨®n.