El fiscal no actuar¨¢ cuando haya consultas independentistas
La fiscal superior de Catalu?a, Teresa Compte, ha ordenado a todos los representantes de esta instituci¨®n que se abstengan de incoar diligencias contra las asociaciones privadas que convoquen consultas populares sobre la independencia de Catalu?a, as¨ª como contra las personas que participen.
En una instrucci¨®n dirigida ayer a los cuatro fiscales provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, la fiscal superior tambi¨¦n precisa que si alg¨²n juzgado de Catalu?a abriese diligencias por la celebraci¨®n de esas consultas, la fiscal¨ªa solicitar¨¢ el archivo. Compte recuerda que esa instrucci¨®n no implicar¨¢ la pasividad del fiscal si los partidarios o los detractores de la consulta utilizan la violencia.
La orden de la fiscal superior tiene su origen en la pol¨¦mica pol¨ªtica suscitada en los ¨²ltimos d¨ªas a partir de la consulta soberanista de Arenys de Munt (Maresme) que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo domingo en unas dependencias privadas despu¨¦s de que el juzgado anulase el acuerdo del pleno municipal apoyando la iniciativa soberanista. A ra¨ªz de esa pol¨¦mica, varios ayuntamientos de Catalu?a han anunciado que promover¨¢n consultas similares, aunque el Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Barcelona ha considerado que no se ajustan a la Constituci¨®n porque invaden competencias exclusivas del Estado.
La fiscal Teresa Compte recuerda que la consulta de Arenys de Munt ser¨¢ "simplemente simb¨®lica" y "sin contenido ni participaci¨®n org¨¢nica ni institucional". As¨ª las cosas, la fiscal superior anuncia que no actuar¨¢ en ese caso, pues el C¨®digo Penal no tipifica la convocatoria de consultas populares.
La instrucci¨®n recuerda que en 2003, cuando gobernaba el PP, el C¨®digo Penal tipificaba como delito la conducta de la autoridad o funcionario p¨²blico que convocara procesos electorales o consultas populares mediante referendos. Tambi¨¦n se consideraba delictiva la actuaci¨®n de las personas que facilitasen o asegurasen la celebraci¨®n de esas consultas.
Aquellos dos art¨ªculos se introdujeron para frenar la consulta soberanista impulsada por el lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe, pero fueron derogados con la reforma de 2005 impulsada por el Gobierno del PSOE. Al final, adem¨¢s, el Tribunal Constitucional acab¨® declarando inconstitucional la consulta del Gobierno vasco, que no lleg¨® a celebrarse.
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