Gallard¨®n impugnar¨¢ la ley de Aguirre en Caja Madrid

El culebr¨®n de las elecciones de Caja Madrid tendr¨¢ un nuevo cap¨ªtulo esta semana. Alberto Ruiz-Gallard¨®n, alcalde de Madrid, no est¨¢ dispuesto a que los ayuntamientos se queden sin ninguno de los 64 consejeros de la Asamblea General (compuesta por 320) que tiene asignados la Casa Real. Por ello el jueves impugnar¨¢ los acuerdos de la comisi¨®n electoral. Si no es atendida su impugnaci¨®n, quiz¨¢ acuda a los tribunales. Estos pasos podr¨ªan paralizar las elecciones y, con ello, la reelecci¨®n del presidente, puesto ocupado ahora por Miguel Blesa.

El conflicto ha comenzado porque Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aplicado la nueva legislaci¨®n de 2009, que le beneficia. Seg¨²n esta norma, si el Rey renuncia a designar consejeros -como siempre sucede-, los que le corresponden se reparten entre la Asamblea de Madrid (donde Aguirre tiene mayor¨ªa), las entidades representativas (controladas por la Comunidad) y los empleados. Los ayuntamientos y los impositores no pueden optar a ninguno. As¨ª, las corporaciones locales pierden 20 consejeros y los impositores, 13 (ver gr¨¢fico). El asunto tiene trascendencia porque estos puestos pueden suponer lograr un sill¨®n m¨¢s en el consejo de administraci¨®n de Caja Madrid, sometido a equilibrios muy delicados entre las fuerzas pol¨ªticas.

El movimiento del regidor puede retrasar la sustituci¨®n de Blesa

Gallard¨®n considera que, como la renuncia de la Casa Real se realiz¨® en noviembre de 2008, antes de la entrada en vigor de la ley de Aguirre, se deben repartir los consejeros como establece la ley de 2003.

En la comisi¨®n de control, constituida en comisi¨®n electoral, se pusieron sobre la mesa estas dudas interpretativas la semana pasada. A favor de aplicar la ley de Aguirre votaron los miembros del PP de la Comunidad de Madrid, uno del PSOE, uno de UGT, otro de Comisiones Obreras Comfia (del sector cr¨ªtico con la direcci¨®n) y el representante de Izquierda Unida. Nueve en total. En contra se pronunci¨® el presidente, Fernando Serrano, del PP del Ayuntamiento de Madrid, otro consejero popular, un representante de CC OO de la Federaci¨®n Madrile?a, de la l¨ªnea oficial, y otro del PSOE. En total, cuatro vocales. Ante la falta de consenso, se puso sobre la mesa un dictamen encargado al bufete de abogados Ur¨ªa Men¨¦ndez. La primera conclusi¨®n del informe es que "las peculiaridades del proceso de renovaci¨®n de los consejeros generales que corresponden al Patronato Real, hacen surgir dudas interpretativas".

No obstante, a continuaci¨®n, afirma que, en el marco de estas dudas, "existen argumentos jur¨ªdicos s¨®lidos para defender que el proceso electoral habr¨ªa de entenderse concluido antes de la entrada en vigor de la ley 3/2008 y, por lo tanto, ¨¦sta no le ser¨ªa de aplicaci¨®n". Es decir, los 64 consejeros del Rey se deber¨ªan repartir entre cinco instituciones, como pide Gallard¨®n, y no entre tres, como ha hecho Aguirre.

Fuentes jur¨ªdicas del Ayuntamiento de Madrid recuerdan que en la renuncia del Rey -el 19 de noviembre de 2008- se apunta que lo hace "de acuerdo con los estatutos". En aquel momento, los estatutos de Caja Madrid establec¨ªan que en el reparto de consejeros no se deb¨ªa excluir al sector de corporaciones locales ni al de impositores. Fuentes municipales consideran que en aquel momento, en noviembre de 2008, se concluy¨® el proceso de renovaci¨®n, "debi¨¦ndose aplicar la norma vigente ese d¨ªa para repartir proporcionalmente entre todos los restantes sectores los consejeros" a los que renunci¨® la Casa Real.

Otras fuentes apuntan que la situaci¨®n podr¨ªa cambiar si la comisi¨®n electoral vuelve a pedir al Rey que se pronuncie sobre los consejeros. "Si vuelve a renunciar, se podr¨ªa aplicar la ¨²ltima ley, que beneficia a Aguirre".