Arenys desde Euskadi

En la consulta sobre la independencia de Catalu?a celebrada el domingo en Arenys de Munt (8.000 habitantes), el 40% de los mayores de 16 a?os vot¨® a favor. Es un porcentaje similar al que sumaron en las ¨²ltimas elecciones municipales los partidos nacionalistas ERC (21,5%) y CiU (18,8%). De esas cifras se deducen dos conclusiones: 1) si la opci¨®n se presenta en t¨¦rminos de s¨ª o no, todos los nacionalistas, se consideren o no independentistas, votan como si lo fueran; 2) a¨²n as¨ª, los que votan suponen bastante menos de la mitad de la poblaci¨®n.

Hay una par¨¢bola (atribuida a Jaume Miratvilles) para explicar la actitud de los catalanes ante la independencia. Alguien pregunta: "?Es usted partidario de la independencia?" Y el otro: "por supuesto". "Entonces tiene que apretar este bot¨®n durante 10 minutos". Y el catal¨¢n: "Pero oiga, yo tengo otras cosas que hacer, no puedo estarme aqu¨ª 10 minutos perdiendo el tiempo". Las encuestas indican que los catalanes expl¨ªcitamente independentistas no superan el 20%. Pero es probable que en una consulta demostrativa, sin consecuencias pol¨ªticas o econ¨®micas, un porcentaje bastante mayor vote a favor: porque hacerlo da sensaci¨®n de importancia y porque el saldo coste-beneficio siempre saldr¨¢ favorable (dado que el coste es cero).

En 1991, el PNV expuls¨® del Gobierno vasco a EA por apoyar la independencia desde los ayuntamientos

Por eso, cuando el refer¨¦ndum se plantea en serio (con consecuencias) suelen establecerse cautelas para garantizar que la voluntad ciudadana se exprese con nitidez. Es el objetivo, por ejemplo, de la Ley de Claridad aprobada por el Parlamento de Canad¨¢ en 1995 en relaci¨®n a Quebec. Entre nosotros, el PNV de Imaz aprob¨® en octubre de 2005 una declaraci¨®n en la que se condicionaba la validez de la consulta soberanista propuesta por Ibarretxe a que lograra "una adhesi¨®n mayor que la obtenida por el Estatuto de Gernika", que fue del 53,1% del censo (y 90% de votos v¨¢lidos). Y el propio Ibarretxe admiti¨® en su momento que su plan deber¨ªa ser refrendado no s¨®lo en el conjunto de Euskadi sino en cada una de las provincias vascas.

Es l¨®gico que un cambio tan importante exija una mayor¨ªa cualificada: por ejemplo, la mitad m¨¢s uno de los electores censados en cada provincia. Contra lo que generalmente se da por supuesto, nunca la suma de los partidos nacionalistas, en las m¨¢s de 30 elecciones celebradas ¨¦n Euskadi desde 1977, alcanz¨® esa mitad del censo en ninguna de las provincias. Fue Guip¨²zcoa la que m¨¢s se acerc¨®, con el 49,8% en las elecciones forales de 1987. El compromiso de Ibarretxe era obligado porque ni los m¨¢s fan¨¢ticos preferir¨ªan una Euskadi independiente pero amputada de ?lava (seguro) y Vizcaya (probable), que una autonom¨ªa pol¨ªtica que comprenda los tres territorios.

De estos temas se habl¨® mucho a comienzos de los noventa, tras la independencia de las rep¨²blicas b¨¢lticas. Poco antes de la Diada de 1991, el Ayuntamiento de Palafrugell (Girona) aprob¨® una moci¨®n a favor de la independencia. El Pujol de entonces dijo que no cab¨ªa establecer una "relaci¨®n gradual" entre el modelo autonomista defendido por CiU y el independentista de Esquerra, y el episodio no tuvo mayores repercusiones.

Excepto en Euskadi: en los d¨ªas siguientes varios ayuntamientos con mayor¨ªa nacionalista aprobaron mociones independentistas con los votos de Herri Batasuna y Eusko Alkartasuna (EA). Este ¨²ltimo partido formaba parte del Gobierno tripartito (PNV-EA-EE), constituido poco antes. El PNV de entonces, encabezado por el Arzalluz de entonces, advirti¨® a EA de que al promover o secundar esas mociones estaba cuestionando la autoridad del lehendakari (Ardanza) y la cohesi¨®n de su Gobierno; admit¨ªa que EA, actuando como partido, proclamase su independentismo; pero no que lo hiciera una instituci¨®n, obligada a respetar la legalidad. Ardanza dio un ultim¨¢tum a EA para que retirase las mociones y, como no lo hizo de inmediato, le expuls¨® del Gobierno.

Aunque Puigcerc¨®s ha anunciado que ERC presentar¨¢ mociones en decenas de ayuntamientos, no parece que Montilla vaya a imitar a Ardanza. El acuerdo t¨¢cito es que, para salvar su legalidad, esas mociones trasladen a entidades privadas, como en Arenys de Munt, la organizaci¨®n de la consulta. Ibarretxe intent¨® a la vez banalizar el alcance de la consulta (la compar¨® con una encuesta) y considerarla decisiva para el futuro del pueblo vasco. El pragmatismo catal¨¢n es m¨¢s sutil: lo trascendental para el futuro de Catalu?a es que el Constitucional no recorte el Estatut, pero adviertiendo con las mociones de que, si lo hace, el independentismo se extender¨¢ como una ola.

En el Pa¨ªs Vasco, el Constitucional anul¨® la convocatoria del refer¨¦ndum de Ibarretxe hace justo un a?o, pero parece un siglo. El ex lehendakari imparte clases en Puerto Rico mientras que los socialistas gobiernan desde Ajuria Enea; y el discurso del derecho a decidir ha desaparecido de las portadas y de las preocupaciones de la gente, ocupada en asuntos menos gaseosos.