El PP se estrella con el 'caso G¨¹rtel'
Las Cortes no tienen potestad para controlar a De la Vega.- La oposici¨®n carga contra las mentiras de Camps.- Serra renuncia al turno de r¨¦plica
La funci¨®n de las Cortes Valencianas es "controlar la acci¨®n del Consell" y "ejercer el control parlamentario sobre la acci¨®n de la Administraci¨®n situada bajo la autoridad de la Generalitat", seg¨²n el Estatuto de Autonom¨ªa de la Comunidad Valenciana. Pero el Partido Popular forz¨® el calendario parlamentario para convocar ayer la Comisi¨®n de Coordinaci¨®n de las Instituciones con el af¨¢n de rescatar en las Cortes Valencianas la teor¨ªa de la persecuci¨®n pol¨ªtica que sus altos cargos aseguran sufrir desde las m¨¢s altas instituciones del Estado.
Ayer, los objetivos eran Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, la vicepresidenta primera del Gobierno, y C¨¢ndido Conde Pumpido, el Fiscal General del Estado. El PP impuso su mayor¨ªa y logr¨® encomendar a Milagrosa Mart¨ªnez, presidenta de las Cortes, para que requiera a ambos por escrito su comparecencia ante las Cortes.
Costa abandon¨® la comisi¨®n sin o¨ªr a la oposici¨®n
Mart¨ªnez escribir¨¢ a De la Vega para que acuda a las Cortes
"Busquen la verdad, que es que Camps minti¨® a las Cortes y minti¨® al juez"
Ni la una ni el otro est¨¢n obligados legal ni constitucionalmente a comparecer ante las Cortes. Ni lo har¨¢n. Pero el PP lanz¨® invectivas, exabruptos y sospechas sobre sibilinas conexiones entre ambos. David Serra, portavoz adjunto del PP, ley¨® aplicadamente su ¨²nica intervenci¨®n ante la comisi¨®n parlamentaria. Ricardo Costa sigui¨® los primeros minutos del discurso y abandon¨® discretamente la sala. Serra, sabedor que los requerimientos de la presidenta de las Cortes a la vicepresidenta del Gobierno y al Fiscal General del Estado caer¨¢n en saco roto, cerr¨® con un lapidario: "Quien calla, otorga".
Despu¨¦s de un cuarto de hora de gloria que grabaron diligentes las c¨¢maras de los medios afines, el teatrillo adquiri¨® tintes m¨¢s dram¨¢ticos.
Jos¨¦ Camarasa, por el PSPV; Mireia Moll¨¤, por Comprom¨ªs; y Llu¨ªs Torr¨®, por Esquerra Unida, coincidieron al denunciar el absurdo empe?o del PP al exigir la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas y al calificar como "una burda cortina de humo" para desviar la atenci¨®n de las relaciones de Francisco Camps, presidente de la Generalitat con "una trama de conseguidores" que le regalaron trajes y provocaron que mintiera ante el pleno de las Cortes y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El socialista Camarasa parafrase¨® a Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, ministro de Interior, cuando el PP desliz¨® por primera vez la teor¨ªa de la persecuci¨®n pol¨ªtica de sus altos cargos. "En este pa¨ªs se persigue a los delincuentes", sentenci¨®. Y no dud¨® en recordar las solicitudes de comparecencia de t¨¦cnicos y expertos ferroviarios formuladas por la oposici¨®n cuando se cre¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n del accidente registrado en el Metro en Valencia en 2006, y c¨®mo el PP las rechaz¨® sistem¨¢ticamente.
El calibre y la consistencia de los reproches que vertieron los tres portavoces de la oposici¨®n contra el PP y Camps llevaron a Serra a renunciar a cualquier atisbo de r¨¦plica. Se hab¨ªa estrellado.El PP no tuvo ning¨²n empacho en requerir con palabras gruesas la comparecencia de De la Vega y Conde Pumpido ante las Cortes Valencianas. "Son como unas bacterias que est¨¢n socavando los fundamentos del Estado de Derecho", dijo Serra. Pero cuando el Parlamento de Galicia puso en marcha una comisi¨®n de investigaci¨®n para intentar despejar las responsabilidades pol¨ªticas en torno al naufragio del Prestige, la cat¨¢strofe que asol¨® las costas gallegas en noviembre de 2002, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, entonces presidente del Gobierno, vet¨® personalmente las solicitudes de comparecencia que se hab¨ªan cursado a Francisco ?lvarez Cascos, ministro de Fomento, el delegado del Gobierno en Galicia y otros responsables de Marina Mercante.
La realidad pierde consistencia en las Cortes Valencianas, acolchada sobre la amplia mayor¨ªa absoluta que disfruta el PP. Pero el socialista Jos¨¦ Camarasa no renunci¨® a la pedagog¨ªa. Apel¨® a la Constituci¨®n, al Estatuto de Autonom¨ªa, al Reglamento del Congreso de los Diputados y al Reglamento de las Cortes para ilustrar la vaciedad de la iniciativa del PP.
Jos¨¦ Mar¨ª Olano ocupaba el esca?o que Ricardo Costa hab¨ªa dejado desierto cuando empez¨® la descarga. "S¨®lo les interesa estoquear a De la Vega, no que comparezca", dijo Camarasa, "la deriva autoritaria del PP es tal que no les importa el da?o que hacen a las instituciones. Las Cortes usurpan el papel del Congreso. Violan todas las reglas del juego democr¨¢tico con iniciativas circenses para confundir a los ciudadanos. El problema no lo tiene el Estado de Derecho, lo tiene ustedes, el PP, por relacionarse con una trama de conseguidores corruptos. En lugar de lanzar cortinas de humo, deber¨ªan buscar la verdad. Y la verdad es que Camps minti¨®, minti¨® ante las Cortes y minti¨® ante el juez".
Mireia Moll¨¤, de Comprom¨ªs, calific¨® todo el debate como "una payasada, una freakada". "Dicen ustedes que el Gobierno no tiene voluntad pol¨ªtica para explicarse ante el Congreso. Puede que al Gobierno le falte voluntad pol¨ªtica, pero aqu¨ª, en las Cortes, lo que falta es pol¨ªtica", a?adi¨®. "Hay mucha gente que sufre por la crisis econ¨®mica y ustedes abren el curso con iniciativas que no les ayudan en nada", sigui¨® Moll¨¤, "como tres son m¨¢s que dos nos arrastran a la denigraci¨®n de la clase pol¨ªtica".
La diputada de Comprom¨ªs desliz¨® que tal vez ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, el sastre del presidente, la toma de medidas en el hotel Ritz o a las fiestas del ex director general de RTVV en Marraquech influyeron m¨¢s que la vicepresidenta del Gobierno sobre la decisi¨®n del fiscal de recurrir el archivo de la causa contra Francisco Camps en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Llu¨ªs Torr¨®, de Esquerra Unida, no se qued¨® atr¨¢s: "El PP sospecha que la vicepresidenta influy¨® en una decisi¨®n del fiscal que afecta a una persona y estamos aqu¨ª inmiscuy¨¦ndonos en un proceso judicial. Eso no es precisamente respeto a la separaci¨®n de poderes en un Estado de Derecho".
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