El Consell paga a las residencias de la tercera edad con mucho retraso

Los colectivos afectados por la ley de la Dependencia se dieron cita ayer en Valencia, donde, en el mismo lugar pero por separado y desde sus distintos puntos de vista e intereses, exigieron agilizar la gesti¨®n de la norma.

Por un lado, empresarios y trabajadores reunidos en la jornada El empleo y la ley de la Dependencia organizada por la Asociaci¨®n Empresarial de Servicios a Personas en Situaci¨®n de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), destacaron la necesidad de tomarse en serio la aplicaci¨®n de la ley. "Las residencias [concertadas] soportan entre siete y ocho meses de retraso a la hora de cobrar", apunt¨® Alberto Gim¨¦nez, el presidente de Aerte. "La ley reconoce un derecho y por ello hay que ponerla en marcha s¨ª o s¨ª". Pero, al margen de la obligatoriedad legal, Gim¨¦nez detall¨® los beneficios que puede aportar su puesta en pr¨¢ctica: "ofrece grandes retornos econ¨®micos a trav¨¦s de cotizaciones a la Seguridad Social, IVA... y otras cuestiones, como los ingresos que se ahorra la red sanitaria". Por ello, el responsable de la entidad que agrupa a las principales empresas del sector apel¨® a la Generalitat a "apostar por este sector de forma clara".

Entre las recetas que deben seguirse para agilizar la aplicaci¨®n de la norma, Gim¨¦nez se refiri¨® a la necesidad de "aplicaci¨®n la ley con criterios de calidad y profesionalidad". A ello aludieron tambi¨¦n los sindicatos CC OO y UGT. Luis Agudo, responsable del ¨¢rea de negociaci¨®n colectiva de Comisiones destac¨® el abuso de la figura del cuidador informal -en la Comunidad Valenciana representan el 31% de las prestaciones, frente al 27% de las residencias- por lo que "se vulnera el esp¨ªritu de la norma que contempla estas prestaciones solo en circunstancias en las que no se pueda acceder a otra modalidad de asistencia".

Los principales protagonistas de la ley, los dependientes y sus familiares, no estuvieron dentro, sino a las puertas del complejo de la Petxina, donde se celebr¨® el encuentro. All¨ª, representantes de la Plataforma en Defensa de la Llei de la Depend¨¨ncia, aguardaron la llegada de la consejera de Bienestar Social, Ang¨¦lica Such, para transmitirle sus quejas por el retraso de la norma y pedir que se agilicen los tr¨¢mites administrativos. "Desde la presentaci¨®n de la solicitud de las ayudas hasta la resoluci¨®n hemos pasado de esperar 18 meses a dos a?os", se?al¨® Palmira Castellano, una de las integrantes de la plataforma que un d¨ªa antes, el mi¨¦rcoles, se reuni¨® con el Defensor del Pueblo, Enrique M¨²gica, con el mismo mensaje bajo el brazo: el atasco en la aplicaci¨®n de la ley.

Tras comprometerse a reunirse con la plataforma, la consejera asisti¨® a la clausura del encuentro, donde apunt¨® que m¨¢s de 25.000 personas trabajan en empleos directamente relacionados con la Dependencia. Adem¨¢s, dijo que s¨®lo durante este a?o y, gracias a una inversi¨®n de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con este sector.