D¨ªvar escurre el bulto

La apertura del a?o judicial ha coincidido con la aprobaci¨®n por el Gobierno de un concreto plan de modernizaci¨®n de la Administraci¨®n de justicia, cuyo objetivo principal es acabar de una vez con una de sus carencias m¨¢s sorprendentes y graves en los tiempos actuales, como es la deficiente o nula informatizaci¨®n de sus ¨®rganos jurisdiccionales y de sus m¨¦todos de trabajo. Es un problema que lastra desde hace decenios el funcionamiento de la justicia, ralentizando todav¨ªa m¨¢s sus premiosos ritmos de trabajo y que es causa de grav¨ªsimos da?os a los ciudadanos, a veces de dif¨ªcil reparaci¨®n, como se puso de manifiesto en el caso del asesinato de la peque?a Mari Luz.

Llama la atenci¨®n, por ello, que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos D¨ªvar, se haya referido s¨®lo de pasada a este plan -mayor atenci¨®n le ha merecido al fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido- y que haya dejado pasar la ocasi¨®n de recordar su importancia y la necesidad de no frustrar las expectativas del mundo de la justicia y de los ciudadanos. Pues, adem¨¢s, y en relaci¨®n con ese plan, se ciernen de nuevo amenazas de huelga por parte de los jueces, en esta ocasi¨®n procedentes de la conservadora y mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. No habr¨ªa estado mal que D¨ªvar, adem¨¢s de animar a los jueces a superar "pasajeras situaciones de des¨¢nimo o incertidumbre", hubiera apelado a su responsabilidad. A la citada asociaci¨®n judicial le va a resultar dif¨ªcil explicar a los ciudadanos por qu¨¦ su rechazo al movimiento huelgu¨ªstico del pasado mes de febrero, animado desde algunas juntas de jueces convertidas en comit¨¦s de huelga, se convierte ahora en llamada a la huelga del 8 de octubre, justo cuando existe un plan concreto de modernizaci¨®n de la oficina judicial, evaluado en 600 millones de euros y comprometido para un periodo de tres a?os. El silencio de D¨ªvar podr¨ªa interpretarse como un complaciente dejar hacer en un ¨¢mbito del Estado, el jurisdiccional, en el que est¨¢ en juego el amparo de derechos b¨¢sicos del ciudadano.

El presidente del Tribunal Supremo ha cre¨ªdo m¨¢s oportuno arropar a sus compa?eros de la Sala de lo Penal ante las cr¨ªticas suscitadas por su actuaci¨®n en la querella contra Garz¨®n por abrir una causa penal por los cr¨ªmenes del franquismo. Cr¨ªticas que se han referido m¨¢s bien al car¨¢cter temerario e infundado de la querella, a su evidente sesgo ideol¨®gico, que a la reconocida independencia de los "dign¨ªsimos magistrados" de la Sala de lo Penal del Supremo. Y que, en todo caso, est¨¢n lejos, por su templanza, de la virulencia de las que acostumbran a recibir los no menos "dign¨ªsimos magistrados" de la Audiencia Nacional en su labor jurisdiccional contra el terrorismo, la corrupci¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica y el narcotr¨¢fico, y que, por ello mismo, habr¨ªan sido merecedores del mismo apoyo institucional en momento tan solemne.