El fiscal cree que la trama G¨¹rtel pretend¨ªa poner "en n¨®mina" a Camps

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo present¨® ayer el recurso de casaci¨®n contra la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de enterrar el caso Camps. El fiscal aprecia que el presidente valenciano, Francisco Camps, y altos cargos del PP en esa comunidad, que se beneficiaron de trajes y prendas de vestir regalados por empresas, incurrieron en un delito de cohecho impropio recogido en el art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal.

Frente al argumento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de que no existi¨® relaci¨®n de causalidad entre el regalo de prendas de vestir y la adjudicaci¨®n de contratos a Orange Market, la empresa de ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes -imputado como uno de los jefes de la trama corrupta-, la fiscal¨ªa asegura que, en muchas ocasiones, la d¨¢diva o presente "no tiene por objeto una contraprestaci¨®n inmediata por parte del receptor".

La fiscal¨ªa sostiene que el archivo del caso en Valencia fue "prematuro"

En la causa podr¨ªa haber documentos relevantes sobre otros delitos

"Lo que se pretende es 'poner en n¨®mina' al beneficiario, coloc¨¢ndole en la situaci¨®n de absoluto agradecimiento a su benefactor, de tal modo que cuando con posterioridad se le pida que realice actos a favor del donante, ¨¦ste no tenga posibilidades f¨ªsicas o morales para negarse", explica el recurso.

El Tribunal de Valencia, que preside Juan Luis de la R¨²a, archiv¨® las diligencias del caso Camps al concluir que tanto ¨¦ste como el secretario regional del PP, Ricardo Costa, y los otros altos cargos imputados carec¨ªan de competencias para adjudicar los contratos suscritos entre Orange Market y la Generalitat valenciana. Seg¨²n dijo en agosto el Tribunal Superior, no hubo ninguna actuaci¨®n a favor de Orange Market ni los regalos se entregaron como agradecimiento de ninguna actuaci¨®n. Para la fiscal¨ªa, esta interpretaci¨®n conlleva una "derogaci¨®n t¨¢cita" del art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal, que sanciona a la autoridad o funcionario "que admite d¨¢diva o regalo que le fueren ofrecidos en consideraci¨®n a su funci¨®n o para la consecuci¨®n de un acto no prohibido legalmente".

De seguirse la interpretaci¨®n formulada por el magistrado De la R¨²a, no podr¨ªan perseguirse, seg¨²n el fiscal, regalos a funcionarios tales como "un inmueble, un veh¨ªculo de lujo o un mill¨®n de euros" cuando no constase la realizaci¨®n de una contraprestaci¨®n concreta por parte del funcionario. Es decir, s¨®lo podr¨ªa castigarse el cohecho cuando el regalo tuviera por objeto la recompensa a un acto realizado por un funcionario. Y, sin embargo, tanto la jurisprudencia del Supremo como los sucesivos C¨®digos Penales promulgados desde 1848 castigan al empleado p¨²blico que admite regalos "en consideraci¨®n a su oficio", o, como dice el actual, "para la consecuci¨®n de un acto no prohibido legalmente".

El fiscal de sala que firma el recurso, Juan Ignacio Campos, disprepa espec¨ªficamente del archivo acordado respecto de Ricardo Costa, que se bas¨®, dice, en su cargo de secretario general del PP "ignorando sus competencias en materia de contrataci¨®n en el PP".

El fiscal recurre tambi¨¦n el "sobreseimiento libre y archivo" de las actuaciones, que considera "prematuro". A diferencia del sobreseimiento "provisional", el sobreseimiento "libre" y archivo impide reabrir la causa aun cuando aparezcan nuevos datos referidos al procedimiento. El Tribunal de Valencia acord¨® ese archivo "contrariamente a la pr¨¢ctica habitual" y cuando la fase de instrucci¨®n continuaba abierta. El fiscal recuerda que el caso G¨¹rtel es una causa "enormemente compleja" en la que se ha recogido un "ingente volumen de documentaci¨®n", tambi¨¦n en la sede de Orange Market, y la actual situaci¨®n "podr¨ªa alterarse durante la instrucci¨®n". "No resulta il¨®gico pensar que pudieran encontrarse documentos relevantes para los hechos investigados en el procedimiento cuyo sobreseimiento se acuerda", dice el fiscal, en clara alusi¨®n al informe policial desechado por el Tribunal de Valencia, y que pudiera concretarse en "una diferente calificaci¨®n de los hechos", es decir, en otros delitos distintos y m¨¢s graves.

El recurso concluye pidiendo al Supremo que revoque el archivo por ser "prematuro" y que contin¨²e los tr¨¢mites por el procedimiento del Tribunal del Jurado.