Visibilidad de la reforma

Cuando se pusieron en marcha los procesos de reforma de los estatutos de autonom¨ªa a comienzos de la pasada legislatura, se reiter¨® hasta la saciedad por quienes estaban en contra de dichos procesos de reforma que no exist¨ªa una demanda social en ese sentido y que se trataba, en consecuencia, de una operaci¨®n exclusivamente pol¨ªtica, en el sentido menos noble que pueda d¨¢rsele a este t¨¦rmino, es decir, una operaci¨®n puramente partidista, que respond¨ªa a intereses particulares y no a intereses generales. ?En d¨®nde est¨¢ la demanda social para la reforma estatutaria? La pregunta, como digo, se reiter¨® hasta la saciedad. Incluso despu¨¦s de aprobada la reforma estatutaria andaluza por unanimidad en la fase final de su tramitaci¨®n en las Cortes Generales, se sigui¨® haciendo uso del argumento para explicar la escasa participaci¨®n en el refer¨¦ndum de ratificaci¨®n del texto reformado, desconoci¨¦ndose de manera malintencionada que el refer¨¦ndum de ratificaci¨®n previsto en el art¨ªculo 151 de la Constituci¨®n es un mero acto de tr¨¢mite cuando se ha producido un acuerdo pleno entre el Parlamento de la Comunidad Aut¨®noma que elabora el proyecto y las Cortes Generales que tienen que aprobarlo tras la negociaci¨®n correspondiente, como hab¨ªa ocurrido en el caso de la reforma andaluza.

Afortunadamente, el tiempo, como casi siempre suele ocurrir, est¨¢ poniendo las cosas en su sitio y est¨¢ permitiendo hacer visible a los ciudadanos la importancia de la reforma estatutaria y el acierto, en consecuencia, que tuvieron quienes decidieron ponerla en marcha. El programa legislativo del Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa, tanto cuando Manuel Chaves era presidente como ahora con Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n al frente del mismo, est¨¢ permitiendo hacer visible la importancia de la reforma estatutaria para los ciudadanos.

El pasado mi¨¦rcoles hemos tenido el ¨²ltimo bot¨®n de muestra con la presentaci¨®n en sociedad del proyecto sobre el Guadalquivir. Los lectores recordar¨¢n que ¨¦ste fue uno de los caballos de batalla de la reforma y que fueron numerosas las resistencias a que se produjera la transferencia a la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa la competencia sobre el Guadalquivir. Resistencias que todav¨ªa perviven, ya que hay un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra esta previsi¨®n estatutaria por parte del Gobierno de la comunidad aut¨®noma de Extremadura. Hubo que pelear, con argumentos, como se pelea en democracia, pero hubo que pelear y mucho para conseguir que el Guadalquivir fuera reconocido como un r¨ªo andaluz en el marco de la distribuci¨®n de competencias entre el Estado y la comunidad aut¨®noma.

La reivindicaci¨®n de esa competencia obligaba al Gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa a ejercerla de una manera distinta a como se hab¨ªa venido ejerciendo por el Estado. Hubiera sido inaceptable que se hubiera peleado por tener la competencia en Andaluc¨ªa para continuar despu¨¦s haciendo lo mismo que ven¨ªa haciendo el Estado. En esto, como en todas las dem¨¢s competencias que se han incluido en el estatuto reformado.

Porque de esto es de lo que se trata en el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa. ?Por qu¨¦ no se ha hecho nunca un plan para el Guadalquivir como el que se present¨® el pasado mi¨¦rcoles? La respuesta al interrogante se impone por s¨ª misma. Cuando se inici¨® la construcci¨®n del Estado Auton¨®mico intu¨ªamos, pero no sab¨ªamos, en qu¨¦ pod¨ªa consistir el ejercicio del derecho a la autonom¨ªa. Cuando se inici¨® el proceso de reforma del Estatuto, s¨ª lo sab¨ªamos. No lo sab¨ªamos todos por igual. Muchos ciudadanos pod¨ªan no ser conscientes siquiera de que lo sab¨ªan. Para eso est¨¢ la pol¨ªtica y existen los gobiernos.