La Generalitat se ofrece para ser copropietaria de los pisos protegidos
El comprador podr¨¢ pagar el precio del suelo tras la amortizaci¨®n del pr¨¦stamo
Las restricciones crediticias para acceder a un piso protegido y el peligro de quedarse en la calle son dos de los ejes sobre los que pivota el plan de vivienda 2009-2012. El programa para los pr¨®ximos tres a?os prev¨¦ que el Gobierno catal¨¢n pueda ser copropietario de una vivienda de protecci¨®n p¨²blica (VPP), con una participaci¨®n de alrededor del 20% del piso. De esta forma, el adjudicatario se ahorrar¨ªa el dinero de la entrada, que deber¨ªa abonar, como m¨¢ximo, cuando acabara de amortizar la hipoteca. Por otra parte, el Ejecutivo prev¨¦ dar m¨¢s ayudas al alquiler para quienes pierdan su casa y acuerden con la entidad financiera pasar a ser arrendatarios.
Desde hace un a?o, han llovido a raudales las quejas a las entidades financieras por no prestar dinero a los beneficiarios de viviendas sociales. Lo han denunciado promotores privados, sindicatos, cooperativas y la propia Administraci¨®n, que han arremetido contra la banca por considerar insolventes a los compradores de VPP. Por ello, el Gobierno ha enfocado el borrador de decreto para el Plan de Vivienda en la adopci¨®n de medidas que alivien el desembolso que deben hacer los adjudicatarios para poder adquirir un piso social.
Habr¨¢ m¨¢s ayudas al alquiler para quien pierda su casa y pacte ser arrendatario
Si el due?o no compra el suelo, la Administraci¨®n pasa ser propietaria
La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, explica que, sobre todo, el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda emplear¨¢ esta f¨®rmula, aunque el decreto abre la posibilidad de que lo hagan tambi¨¦n, siguiendo su estela, ayuntamientos o promotores privados. El comprador s¨®lo asumir¨¢ al principio el coste de la vivienda, es decir, del ladrillo, y la Administraci¨®n continuar¨¢ siendo la titular del suelo. "Se trata de que el comprador vaya pagando c¨®modamente y que, s¨®lo cuando pueda, asuma el coste del terreno", explica Trilla.
El decreto prev¨¦ que el precio del suelo pueda incrementarse durante los a?os que dure la hipoteca, pero no que eso pueda ocurrir por encima del 2%. En todo caso, cuando termine de pagar el pr¨¦stamo, deber¨¢ adquirir el suelo. Si el propietario decide no hacerlo, la Administraci¨®n pasar¨¢ a ser propietaria de la vivienda, aunque el comprador podr¨¢ quedarse cinco a?os m¨¢s en su casa.
"Nos brindamos a asumir parte del pr¨¦stamo, que el comprador nos devolver¨¢, como m¨¢ximo, cuando termine de amortizar su cr¨¦dito", a?ade Trilla.
En conjunto, el decreto es una actualizaci¨®n del plan que est¨¢ vigente, aunque incorpora las medidas que se han ido adoptando bajo el paraguas del Pacto Nacional de Vivienda. Por ejemplo, regula el alquiler de un piso con opci¨®n a comprarlo y fija que el precio m¨¢ximo del suelo p¨²blico para vivienda de protecci¨®n p¨²blica debe situarse entre el 15% y el 20% del valor final de venta. Esta medida, la de limitar el precio del suelo, responde a las quejas de los sindicatos y cooperativas, que se quejaron por llegar a pagar hasta el 40%, lo cual encarec¨ªa sus promociones.
El texto recoge, adem¨¢s, medidas urgentes para afrontar la recesi¨®n. Algunas ya se ejecutaban, pero otras no. La Generalitat ya anunci¨® que tratar¨ªa de convencer a las entidades financieras para que, en vez de subastar los pisos, los comprara con la f¨®rmula de la daci¨®n en pago. Ello permitir¨ªa cancelar la deuda y dar la oportunidad al comprador de pasar a ser inquilino del piso. En el caso de que esta operaci¨®n acabe con ¨¦xito, la Generalitat conceder¨¢ al arrendatario una ayuda al alquiler sin que tenga que pasar por ninguna convocatoria. "Nos parece una buena garant¨ªa para promover el alquiler social", apunta Trilla.
El plan, por ¨²ltimo, prev¨¦ ayudas directas para la entrada de viviendas protegidas, que van desde los 6.000 euros hasta los 12.000, en el caso de familias numerosas o monoparentales. Las mujeres que hayan sido maltratadas, las v¨ªctimas del terrorismo y las personas que se separen o divorcien de su pareja tambi¨¦n optar¨¢n a una subvenci¨®n de entre 7.000 y 11.000.
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