Espa?a ignora las condenas de la ONU por vulneraci¨®n de derechos

Rosalind Williams gan¨® recientemente a Espa?a en el Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU. En 1992, la polic¨ªa le pidi¨® la documentaci¨®n en una estaci¨®n de tren de Valladolid ¨²nica y exclusivamente porque era negra. La justicia jam¨¢s la ampar¨®. Diecisiete a?os despu¨¦s, nuestro pa¨ªs ha sido condenado por vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos. Debe reparar a la v¨ªctima -incluyendo una petici¨®n p¨²blica de disculpas-, y comunicar al Comit¨¦ las medidas que se adopten en los 180 d¨ªas posteriores a la resoluci¨®n (dictada el 27 de julio). Hasta el momento, ni ella ni sus abogadas han tenido noticia alguna de la administraci¨®n. No es raro. El Gobierno espa?ol -¨¦ste y los anteriores- se desentiende sistem¨¢ticamente de reparar o indemnizar en los casos en los que el Comit¨¦ de Derechos Humanos le obliga a ello. Espa?a ha sido condenada 22 veces por vulnerar derechos humanos. Pero el dictamen suele ser ignorado y es la persona la que tiene que acudir a los tribunales -y pagarse un abogado y un procurador- si quiere una reparaci¨®n.

Conseguir las indemnizaciones suele convertirse en un v¨ªa crucis

"Si no se respeta el tratado, ?para qu¨¦ se firma?", pregunta un abogado

La Administraci¨®n se defiende: que no es necesario ning¨²n protocolo, que los dict¨¢menes son publicados en el BOE y que los particulares pueden acudir a los tribunales si as¨ª lo estiman conveniente, seg¨²n explica el Gobierno en un documento remitido a la ONU en octubre de 2008. Al Comit¨¦ no le pareci¨® suficiente la respuesta. En su informe del a?o pasado expres¨® su "preocupaci¨®n por la falta de informaci¨®n sobre las medidas concretas" adoptadas por Espa?a "para dar seguimiento a las observaciones del Comit¨¦". El Estado podr¨ªa reparar directamente, pero falta voluntad. Un caso demuestra que es posible. Instituciones Penitenciarias se ha puesto en contacto con el abogado de una madre y dos hijos cuyo familiar muri¨® de sida en la c¨¢rcel en 1994. No s¨®lo no le concedieron la libertad cuando ya estaba en fase terminal (como es habitual) sino que ni siquiera comunicaron a la familia que estaba a punto de fallecer. Muri¨® solo y el Comit¨¦ de Derechos Humanos conden¨® a Espa?a el pasado marzo. Instituciones Penitenciarias, de forma inaudita, ha actuado de oficio. A¨²n no hay acuerdo sobre la indemnizaci¨®n, pero es un avance... Y una excepci¨®n. Por lo general, conseguir el cumplimiento del dictamen se convierte en un v¨ªa crucis.

A Alfonso Ruiz lo condenaron por falsedad y estafa a cuatro a?os y ocho meses de c¨¢rcel. La sentencia se dict¨® en 1994, pero los hechos databan de 1983. El proceso tard¨® 11 a?os en resolverse. Intent¨® que lo indultaran, recurri¨® al Constitucional... Nada. Como ¨²ltimo cartucho, acudi¨® al Comit¨¦ de Derechos Humanos, que le dio la raz¨®n en 2002 y dictamin¨® que Espa?a ten¨ªa la obligaci¨®n de proporcionarle "un remedio efectivo" y "una indemnizaci¨®n por la duraci¨®n excesiva del juicio".

A pesar de su flamante dictamen, no consigui¨® gran cosa. Lo primero que hizo su abogado, Jos¨¦ Luis Maz¨®n, fue pedir al Ministerio de Justicia una indemnizaci¨®n. La solicitud fue rechazada. Acudi¨® entonces a la Audiencia Nacional. El ministerio remiti¨® un escrito al tribunal en diciembre de 2003 diciendo que "al parecer" el letrado pretend¨ªa instar una acci¨®n de reclamaci¨®n frente al Estado que "s¨®lo" se basaba en el dictamen del Comit¨¦ de Derechos Humanos. Del texto se desprende que Justicia consideraba que una resoluci¨®n de este tipo no era, en ning¨²n caso, motivo suficiente ni l¨®gico para pedir una compensaci¨®n.

La Audiencia le concedi¨® s¨®lo 600 euros. Los magistrados dictaminaron que no hab¨ªan quedado acreditados los da?os y que, adem¨¢s, el "perjuicio moral" pod¨ªa "entenderse reparado, siquiera en parte, por el propio dictamen". Ni siquiera condenaron al Estado a pagar al hombre los gastos de abogado y procurador, que ya eran m¨¢s altos que la indemnizaci¨®n.

El Comit¨¦ de Derechos Humanos es el encargado de velar por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos de 1966, firmado y ratificado por Espa?a. Es un tratado internacional que, seg¨²n la Constituci¨®n, forma parte del derecho interno. Espa?a es uno de los pa¨ªses con mayor n¨²mero de condenas, s¨®lo superado por Jamaica, Australia y Uruguay. Esta cifra de condenas no refleja la realidad. Es notorio que hay un sinf¨ªn de pa¨ªses en los que se cometen mayores violaciones de los derechos humanos que en Espa?a. El problema no es tanto ¨¦se como la escasez de medidas que se adoptan para cumplir con el Comit¨¦.

El Estado entiende que sus dict¨¢menes no son vinculantes. "?Pero para qu¨¦ se firma un tratado si despu¨¦s se ignoran las decisiones del ¨®rgano encargado de velar por su cumplimiento?", se pregunta el abogado Maz¨®n, que ha llevado decenas de casos ante el Comit¨¦. "Lograr que se cumplan los dict¨¢menes es una empresa casi imposible".

Muchas de las condenas se deben a que Espa?a no tiene una doble instancia penal. Una vez que hay una condena, el caso no puede ser revisado de nuevo en todos sus puntos por un tribunal superior. El recurso de casaci¨®n es limitado y no permite volver a revisar los hechos; por otro lado est¨¢n los aforados, juzgados directamente por el Tribunal Supremo (sin posibilidad de recurso) y cabe tambi¨¦n la posibilidad de que sea el Supremo el que condene por primera vez, en casaci¨®n, de forma que esa decisi¨®n tampoco puede revisarse.

C. G. consigui¨® en 2000 que se condenara a Espa?a por esta cuesti¨®n. Otros han seguido despu¨¦s su senda. ?l fue condenado en 1988 a 12 a?os de c¨¢rcel. Sostuvo siempre su inocencia y asegura que su juicio estuvo plagado de irregularidades. La sentencia no pod¨ªa revisarse, as¨ª que huy¨® del pa¨ªs. Pas¨® 15 a?os en Canad¨¢, Francia, EE UU, las Antillas... En 2000 el Comit¨¦ de Derechos Humanos le dio la raz¨®n, pero ¨¦l no volvi¨® a Espa?a. Cuatro a?os despu¨¦s, en 2004, su padre enferm¨® y decidi¨® regresar. Pas¨® m¨¢s de dos a?os en la c¨¢rcel de Albacete y ahora est¨¢ en tercer grado. Fue juzgado con el C¨®digo Penal antiguo y ha logrado redenci¨®n de pena por trabajo. Prefiere que no aparezca su nombre, porque tiene ya un empleo fuera de prisi¨®n.

"Yo s¨®lo ped¨ªa que se volviera a celebrar el juicio", se queja. "Pero nunca se me ha hecho caso. Me gustar¨ªa que Espa?a cumpliera con los pactos que tiene con el resto del mundo. Me encanta ver a Zapatero en la ONU, pero desde mi lado se ven las cosas de otra forma. Es inadmisible que en un pa¨ªs europeo no se pueda revisar un juicio penal".

La pelea de C. G. dar¨¢ sus frutos, aunque lentos. Ya se han modificado algunas leyes para permitir la doble instancia, pero a¨²n es necesario que quede recogido en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y tarda en llegar, al igual que un protocolo que permita que las resoluciones de la ONU no queden en mero papel mojado.