Ladrillo, poder, comisi¨®n

El Tribunal Superior de Baleares ha imputado a la presidenta del Parlamento de las Islas y l¨ªder del partido Uni¨®n Mallorquina (UM), Maria Ant¨°nia Munar, por varios delitos relacionados con la adjudicaci¨®n de un solar p¨²blico por la mitad de lo que ofrec¨ªa otra constructora. El caso, ocurrido durante la legislatura pasada, tiene de com¨²n con centenares de otros de corrupci¨®n la relaci¨®n entre el negocio inmobiliario y el poder pol¨ªtico; y de singular, que ese poder sea el de un peque?o pero decisivo partido.

La acumulaci¨®n de poder favorece generalmente los abusos y la impunidad, pero no siempre ese poder depende de los votos. Hay situaciones en las que no es la mayor¨ªa absoluta, sino su ausencia, lo que otorga una influencia desproporcionada a fuerzas minoritarias pero capaces de decantar la mayor¨ªa de Gobierno. Munar y su partido se definen como nacionalistas moderados y de centro, pero hay razones para pensar que, m¨¢s que por motivos ideol¨®gicos, han adoptado esa posici¨®n con el fin de poder pactar indistintamente con unos o con otros, seg¨²n convenga.

UM lleva muchos a?os condicionando el signo del Gobierno de la comunidad aut¨®noma, pero tambi¨¦n del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma. En la anterior legislatura cogobern¨® las islas en alianza con el PP, y ahora lo hace con los socialistas y una constelaci¨®n de min¨²sculos partidos. Con s¨®lo tres de los 59 esca?os, Munar preside el Parlamento balear; por la raz¨®n de que esos pocos esca?os bastar¨ªan para dar la mayor¨ªa al PP.

Seguramente no es casual que ese poder haya sido canalizado por UM hacia el terreno del urbanismo y la obra p¨²blica de Mallorca, que controla desde hace 14 a?os con independencia del color pol¨ªtico de la alianza gobernante. El cruce entre pol¨ªtica y ladrillo produce comisiones: la arbitrariedad en la formulaci¨®n de las condiciones de adjudicaci¨®n sirve con frecuencia para canalizar la decisi¨®n hacia un determinado constructor, a cambio de la correspondiente cantidad.

En este caso se establecieron unas condiciones est¨¦ticas y de plazo que pod¨ªan servir de coartada para que el criterio de la cantidad no fuera determinante. Pero aun as¨ª, preferir la oferta de 30 millones a la de 60 millones de la empresa que denunci¨® el hecho s¨®lo se explicar¨ªa por la existencia de comisiones ilegales. Es lo que justifica la investigaci¨®n judicial.