Las diputaciones han recuperado 290 millones de los incentivos ilegales

Las diputaciones han aclarado por fin parte del misterio de las llamadas vacaciones fiscales. La cuant¨ªa de los incentivos que la UE declar¨® ilegales no ascend¨ªa a 1.600 millones de euros, como se hab¨ªa calculado hasta ahora ante la opacidad de las instituciones forales. En realidad, las ayudas sumaron 290,5 millones, seg¨²n los datos aportados por ¨¦stas, una cifra notablemente inferior a la que siempre se hab¨ªa manejado. Las haciendas aseguran haber recuperado ya la totalidad de estos beneficios fiscales que concedieron en los a?os 90. Y las empresas bonificadas tampoco fueron unas 300, como se baraj¨®, sino 127.

Las instituciones forales han aguardado hasta conocer el fallo adverso del Tribunal Europeo para hacer p¨²blicas tanto la cifra de empresas que obtuvieron las pol¨¦micas ayudas fiscales como su importe. Seg¨²n los datos aportados ahora, 21 empresas vizca¨ªnas han reintegrado las cantidades disfrutadas. Ser¨ªan 96,3 millones correspondientes a las bonificaciones anuladas y otros 38,5 millones por los intereses de demora, que fueron devueltos en el ejercicio 2007.

Las haciendas aseguran que 127 empresas han devuelto las ayudas

Mantienen en secreto el gasto en abogados durante el proceso judicial

En ?lava se han recuperado 86,7 millones por parte las 61 compa?¨ªas beneficiarias. Y en Guip¨²zcoa, 45 empresas han reembolsado 69 millones (incluyendo intereses). Las cantidades corresponden a las llamadas vacaciones fiscales de 1993, las minivacaciones de 1996 y el cr¨¦dito fiscal del 45% de las inversiones empresariales, que la Comisi¨®n Europea anul¨® en 2001. Las diputaciones advierten de que parte de los incentivos recibidos por algunas empresas no han tenido que devolverse, al entrar dentro del tope de ayuda regional que autoriza Bruselas.

La resistencia a dar cuenta de las compa?¨ªas bonificadas y la cuant¨ªa de las cargas tributarias liberadas viene de lejos. Las diputaciones hicieron caso omiso en retiradas ocasiones a los requerimientos que llegaban de la Comisi¨®n para conocer el listado de compa?¨ªas y las ayudas concedidas. Bruselas tuvo que dar instrucciones concretas para obtener esta informaci¨®n e inst¨® en varias ocasiones al Reino de Espa?a a iniciar los tr¨¢mites para recuperar las cantidades, so pena de multas muy elevadas por cada d¨ªa de demora.

El Ejecutivo comunitario no se ha pronunciado todav¨ªa sobre la forma en que las diputaciones han gestionado este asunto. Tras el pronunciamiento del Tribunal de la UE, Bruselas debe valorar ahora si se da por satisfecha con los datos sobre la devoluci¨®n de las ayudas o reclama m¨¢s informaci¨®n.

Con el ingreso de los 290,5 millones en las arcas p¨²blicas, las instituciones forales dan por cerrado el cap¨ªtulo de la devoluci¨®n de los incentivos, pero no as¨ª la batalla jur¨ªdica que mantienen desde hace una d¨¦cada en las instancias comunitarias. "Si hubiera que volver a hacerlo, lo har¨ªa", fue la tajante afirmaci¨®n del diputado general de ?lava, el peneuvista Xabier Agirre, justificando las pol¨¦micas ayudas tras conocerse el veredicto del Tribunal de Luxemburgo.

En esta l¨ªnea, las diputaciones han anunciado ya que presentar¨¢n sendos recursos de casaci¨®n contra las tres sentencias. La ¨²ltima en confirmarlo ha sido la guipuzcoana este pasado mi¨¦rcoles. Lo har¨¢ sin demasiada convicci¨®n, para no descolgarse de Vizcaya y ?lava. Por su parte, la patronal vasca, Confebask, que ha estado personada en esta causa, no ha decidido a¨²n si se sumar¨¢ al recurso.

La prolongaci¨®n del litigio supondr¨¢ aumentar los gastos en que han incurrido hasta la fecha las diputaciones para pagar los honorarios de los despachos de abogados y los procuradores internacionales que han llevado este procedimiento judicial, unas cantidades que los responsables forales nunca han querido facilitar. A esta suma hay que a?adir las costas judiciales que el tribunal impuso a las diputaciones, que podr¨ªan superar los cinco millones de euros. En el caso de que la pr¨®xima sentencia tambi¨¦n sea adversa, como se espera, las costas procesales ascender¨ªan a unos tres millones de euros.