Corrupci¨®n: la parte valenciana del iceberg

La revelaci¨®n, en un informe policial, de que la denominada trama G¨¹rtel, la red de corrupci¨®n que afecta al PP y a varias administraciones gobernadas por ese partido, cobr¨® m¨¢s de un mill¨®n de euros en comisiones ilegales por los actos de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, confirma la presencia de maniobras corruptas en los "grandes eventos" que han caracterizado la pol¨ªtica del Consell presidido por Francisco Camps. Es la punta de un iceberg, del que se ha visto hasta ahora s¨®lo una parte, ya que en el Tribunal Superior de Madrid a¨²n hay miles de folios del sumario sobre los que el juez no ha levantado el secreto. La punta de la parte valenciana del iceberg, a su vez, s¨®lo es un fragmento de un conjunto con ramificaciones geogr¨¢ficas y delictivas cada vez m¨¢s amplias relacionadas con el tr¨¢fico de influencias, el soborno, la financiaci¨®n irregular y el cobro de comisiones.

Canal 9 logr¨® la se?al del Papa, de donde sac¨® provecho la trama corrupta

Las cuentas de la trama registran pagos A y B de un congreso del PP

El Consell auspici¨® la entrada de Ulibarri en el negocio de la TDT

Lo del Papa es muy sintom¨¢tico porque hab¨ªa muchas sospechas de irregularidades. De una parte, por la cerrada negativa de la Generalitat a hacer p¨²blicas las cuentas de la Fundaci¨®n V Encuentro Mundial de la Familia, que este peri¨®dico public¨® finalmente hace unos d¨ªas para desvelar que esconden la mayor¨ªa del coste de la visita papal, m¨¢s de 12 millones de euros, bajo el ep¨ªgrafe gen¨¦rico de "otros gastos". De otra parte, por la desmesura de todo cuanto rode¨® el acontecimiento.

En los tiempos de la visita del Papa, precisamente, el empresario leon¨¦s Jos¨¦ Luis Ulibarri, imputado en la causa por sus relaciones con la trama, se jact¨® ante numerosos testigos de haber instalado la mitad de los miles de urinarios que llenaron las calles de Valencia y que quedaron sin usar, en su mayor¨ªa, dado que las expectativas de asistencia que ten¨ªa la organizaci¨®n no se confirmaron.

Representantes de la Moncloa en los contactos con la Generalitat y con la Fundaci¨®n V Encuentro Mundial de la Familia todav¨ªa recuerdan la sensaci¨®n de que hab¨ªa dinero de sobra y una resistencia numantina de la parte valenciana a colaborar con el Gobierno. "Aseguraban que no se trataba de la visita de un jefe de Estado sino de una visita pastoral", recuerda una de las personas de la delegaci¨®n de Presidencia del Gobierno que, encabezada por el secretario general Nicol¨¢s Mart¨ªnez Fresno, acudi¨® en abril a Valencia a coordinar el protocolo y la seguridad de los actos y que todav¨ªa evoca con asombro c¨®mo el entonces consejero de Relaciones Institucionales, Esteban Gonz¨¢lez Pons, levant¨® la reuni¨®n bilateral porque el Gobierno pretend¨ªa "capitalizar la visita". Cuestiones de seguridad y protocolo aparte, el Consell se neg¨® a que Televisi¨®n Espa?ola tuviera nada que ver con la retransmisi¨®n de los actos y la Fundaci¨®n V Encuentro Mundial de la Familia otorg¨® la se?al en exclusiva a Canal 9, de donde acab¨® sacando provecho la trama corrupta.

Lo hizo mediante un procedimiento que a¨²n no se hab¨ªa acreditado, por lo que se refiere a Valencia, en el modus operandi de la red que dirig¨ªa Francisco Correa, en prisi¨®n por el caso. Hasta ese momento se conoc¨ªan adjudicaciones a Orange Market, la terminal valenciana dirigida por ?lvaro P¨¦rez, ¨ªntimo amigo de Camps, o a otras empresas de la trama, pero todav¨ªa no hab¨ªa surgido un ejemplo de la utilizaci¨®n de empresas tapadera para hacerse con adjudicaciones. Teconsa, una constructora que aparece varias veces en las pesquisas sobre la red de corrupci¨®n, recibi¨® de RTVV el encargo de sonorizar los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones de euros, casi el doble de lo que realmente la trama pag¨® a las empresas que efectivamente ejecutaron ese trabajo. Por el camino, Teconsa se qued¨® 200.000 euros y la red G¨¹rtel, m¨¢s de un mill¨®n. Otros 900.000 euros no se sabe todav¨ªa a manos de qui¨¦n fueron a parar.

Por lo que se refiere a adjudicaciones y contratos, por tanto, lo que se conoce hasta ahora de la parte valenciana de la trama es lo siguiente:

Orange Market ha obtenido al menos 45 adjudicaciones de la Generalitat por las que ha facturado 7,1 millones de euros. Se incluyen los contratos del pabell¨®n valenciano en la feria tur¨ªstica Fitur, correspondientes a cinco ejercicios, y contratos relacionados con grandes eventos como la Volvo Ocean Race o la Copa del America. En muchas de las adjudicaciones se hab¨ªan troceado los contratos para evitar el concurso.

Otras cinco empresas de la trama han contratado con el Gobierno de Camps, dado que ellas mismas declararon a Hacienda 300.000 euros de facturaci¨®n. Se trata de Easy Concept, Dise?o Asim¨¦trico, Servimadrid Integral, Good and Better y TCM. El juez ya ha reclamado al Consell "los expedientes completos de contrataci¨®n, facturas o cualquier tipo de contrato" con empresas de la red.

De lo vinculada que estaba Orange Market a la red corrupta da idea el hecho de que la contabilidad guardada en una unidad de memoria requisada al contable de la trama, Jos¨¦ Luis Izquierdo, el "puto pen-drive" al que alud¨ªa Correa en una conversaci¨®n, figuran abundantes entradas de dinero efectuadas desde Valencia y tambi¨¦n pagos de asignaciones mensuales a ?lvaro P¨¦rez (su "sueldo", que inclu¨ªa pagas extraordinarias, era de 6.000 euros), as¨ª como de otras cantidades a su madre y su hermana. En esa misma contabilidad hay un apartado dedicado al "Congreso Regional de la Comunidad Valenciana" celebrado por el PP en 2002, cuando Francisco Camps era secretario general.

Cobros A y cobros B del PP valenciano se rese?an en la contabilidad sobre ese congreso de 2002. De un coste del congreso de 240.582 euros, se facturaron 90.151 euros en A y 150.421 euros en "cobros B". En la documentaci¨®n figuran diversos pagos del PP a Orange Market en dinero negro.

Dado que Orange Market obten¨ªa contratos de las administraciones p¨²blicas y trabajaba en la organizaci¨®n de actos para el PP, la sombra de la financiaci¨®n irregular planeaba desde el principio sobre el asunto. Una sospecha de la que la polic¨ªa hall¨® pruebas.

Cinco constructoras financiaron al PP valenciano a trav¨¦s de la trama de corrupci¨®n, seg¨²n un informe de la Brigada Policial de Blanqueo. Las empresas se hac¨ªan cargo de facturas que Orange Market giraba por actos de los populares valencianos. Se trata de empresas tan conocidas como las castellonenses Lubasa y Facsa, la alicantina Ortiz e Hijos y la valenciana Sedesa, de la familia del vicepresidente del Consell Juan Cotino, as¨ª como de la concesionaria castellonense Piaf. Entre 2005 y 2008, esas empresas lograron contratos de la Generalitat por m¨¢s de 800 millones de euros.

La querella contra Camps por financiaci¨®n irregular anunciada por el l¨ªder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, se basa, precisamente, en estas evidencias recogidas en el sumario del caso G¨¹rtel.

Unas evidencias que podr¨ªan arrojar luz sobre el episodio m¨¢s conocido de todo el esc¨¢ndalo de corrupci¨®n, el de los regalos a altos cargos, pero que no se incorporaron a la actuaci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana porque, cuando llegaron al Palacio de Justicia de la Glorieta de Valencia, el ¨²ltimo d¨ªa del pasado julio, la Sala de lo Civil y Penal estaba dando carpetazo a la instrucci¨®n por cohecho pasivo impropio abierta a Camps y otros tres cargos del PP.

Los trajes regalados a Francisco Camps, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell V¨ªctor Campos y al ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que el TSJ no consider¨® suficientes para juzgarlos por cohecho, como hab¨ªa propuesto el juez instructor, Jos¨¦ Flors, costaron, seg¨²n las cuentas de Orange Market, casi 12.000 euros en el caso de Camps, 7.325 en el de Costa, 4.850 en el de V¨ªctor Campos, 9.950 en el de Betoret, y 6.835 en el de Pedro Garc¨ªa, director general de RTVV cuando se otorg¨® el contrato que la red corrupta us¨® para obtener sustanciosas ganancias.

Hubo otros regalos, de acuerdo con la documentaci¨®n recogida en el sumario. Unos figuran en la contabilidad, como prendas de ropa regaladas a consejeros y un bolso de Louis Vuitton a Rita Barber¨¢. De las conversaciones grabadas se deduce que la trama hizo gestiones para que Ricardo Costa, que recibi¨® un caro reloj del ex alcalde de Alicante, Luis D¨ªaz Alperi, se comprara un coche.

La conexi¨®n de Rita Barber¨¢ con el esc¨¢ndalo tiene otros dos frentes: la Federaci¨®n Espa?ola de Muncipios y Provincias (FEMP) y las concensiones a Ulibarri.

La trama obtuvo contratos de la FEMP, cuando Barber¨¢ era presidenta. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, investiga, concretamente, un mill¨®n de euros contratados con empresas de la trama. Una parte importante se refiere a la celebraci¨®n de la asamblea general del organismo en 2003.

Los contratos de Ulibarri con administraciones valencianas del PP son numerosos. Uno de ellos afecta a Barber¨¢ porque se trata de la gesti¨®n de la televisi¨®n municipal de Valencia.

En relaci¨®n con el negocio televisivo, una de las ramas de las que se sabe poco, de momento, es la concesi¨®n de frecuencias de televisi¨®n digital terrestre (TDT).

Ulibarri consigui¨® 13 emisoras de TDT al hacerse con el control accionarial de Mediamed, la compa?¨ªa que promovieron varios empresarios valencianos cuando se plante¨® el concurso en 2005. La entrada de Ulibarri en Mediamed, auspiciada por la Generalitat junto a la del empresario Andr¨¦s Selma, vino acompa?ada por la presencia en el proceso de Alberto Dorrego, letrado del Congreso que ha tenido que dejar su puesto, due?o del bufete Eius, para el que trabaja el ex ministro y ex diputado Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, y asesor del Consell precisamente en la redacci¨®n del concurso que adjudic¨® 42 emisoras de TDT.

El nombre de Ulibarri remite tambi¨¦n a negocios urban¨ªsticos, ampliamente citados en el sumario en relaci¨®n con el municipio de La Nucia.

El urbanismo en La Nucia, cuyo alcalde es Bernab¨¦ Cano, del PP, fue objeto de deseo por parte de Correa. Las declaraciones del tambi¨¦n imputado Jacobo Gordon, ex socio y vecino de pupitre de Alejandro Agag, yerno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, revelan que Correa intent¨® con Ulibarri un negocio en un plan urban¨ªstico que acab¨® cerrando con constructores pr¨®ximos al alcalde. La Nucia, que en el sumario es epicentro de unas grabaciones sobre org¨ªas sexuales apartadas de la documentaci¨®n por el juez, puede ser s¨®lo la punta de la vertiente especulativa de la trama. Jacobo Gordon confes¨® al juez Garz¨®n, que abri¨® el caso desde la Audiencia Nacional: "Estudi¨¢bamos casi 400 terrenos al a?o para elegir en cu¨¢les invertir".