Chantaje pirata

Los piratas que mantienen secuestrado al atunero espa?ol Alakrana desde hace un mes siguen adelante con sus amenazas: a primera hora de ayer desembarcaron a tres tripulantes con el prop¨®sito de entregarlos a las familias de sus dos c¨®mplices detenidos por orden de la Audiencia Nacional. M¨¢s tarde, amenazaron directamente con matarlos.

Los piratas utilizaron a los rehenes para hacerles transmitir a trav¨¦s de comunicaciones con sus familiares las amenazas (aderezadas con disparos al aire y estallido de granadas) con que tratan de forzar la voluntad del Gobierno espa?ol. La siniestra estrategia de los piratas consiste en atemorizar a las familias para que ¨¦stas, a su vez, debiliten la posici¨®n del Gobierno espa?ol a la hora de intentar cualquier salida. Y el uso de la fuerza, por su parte, s¨®lo puede concebirse como la ¨²ltima de las opciones, por el alt¨ªsimo riesgo que entra?a para la vida de los marineros.

Ante esta dif¨ªcil encrucijada, en la que la vida de no pocas personas est¨¢ en juego a consecuencia del repugnante chantaje perpetrado por los corsarios somal¨ªes, el Partido Popular ha decidido jugar la m¨¢s indigna de todas las bazas: acusar al Gobierno de errores imprecisos, buscando capitalizar pol¨ªticamente la leg¨ªtima preocupaci¨®n de las familias de los marineros en Espa?a. Ni sus sentimientos deber¨ªan ser usados como un potencial ariete pol¨ªtico en favor o en contra de nadie, ni el PP puede escamotear la informaci¨®n o la estrategia de que disponga -si es que dispone de alguna- para afirmar con tanta rotundidad que el Gobierno se equivoca.

El caso del Alakrana no es uno m¨¢s entre los numerosos secuestros que siguen sin resolverse en aguas somal¨ªes. El motivo es que, atendiendo a un auto del juez Garz¨®n, el Gobierno tuvo que traer a Espa?a a los dos piratas apresados, limitando de manera dr¨¢stica su margen de maniobra frente a los secuestradores. Lo que ¨¦stos proponen al exigir la liberaci¨®n de sus dos c¨®mplices es, sencillamente, violentar el Estado de derecho, por la v¨ªa de exonerar a dos inculpados del proceso penal en el que est¨¢n inmersos; y eso ning¨²n Gobierno estar¨ªa en condiciones de hacerlo. Cuando se llegue al final de este episodio, la Audiencia Nacional tendr¨ªa que explicar, en cualquier caso, por qu¨¦ se declar¨® incompetente para juzgar el delito de pirater¨ªa hace unos meses y ahora, en cambio, reclam¨® que se pusieran a su disposici¨®n a los dos piratas.

Que la situaci¨®n de los secuestrados se haya vuelto m¨¢s dram¨¢tica no justifica, sino todo lo contrario, que se siga ofreciendo el respaldo al Gobierno para que siga buscando una salida que permita liberar a los marineros. El intento de hacer balance cr¨ªtico o de cobrar r¨¦ditos pol¨ªticos antes de tiempo, cuando a¨²n los 36 marineros est¨¢n a merced de los secuestradores, no s¨®lo arroja dudas sobre la responsabilidad de la oposici¨®n, sino que contribuye a incrementar la presi¨®n que los piratas ejercen sobre el Gobierno espa?ol a trav¨¦s de un inaceptable chantaje.