Otro tiro errado

Un problema del PP es que elige mal los temas con los que hacer oposici¨®n. En los ¨²ltimos d¨ªas, como si quisiera sacudirse la imagen de divisi¨®n e inseguridad transmitida por su crisis interna madrile?a, ha elevado la voz para oponerse a la reforma destinada a suprimir el privilegio fiscal de los futbolistas extranjeros y para arremeter contra el Gobierno por su gesti¨®n del secuestro de los pescadores del Alakrana. Y ha culminado la semana denunciando como inconstitucionales las escuchas telef¨®nicas que realiza la polic¨ªa por orden judicial y que han servido, entre otras cosas, para destapar esc¨¢ndalos de corrupci¨®n a gran escala como los de Santa Coloma o Mallorca; o el del caso G¨¹rtel.

?No tendr¨¢ algo que ver la denuncia con este caso? En agosto, con mucho G¨¹rtel ya en candelero, Dolores de Cospedal acusaba al Gobierno de ordenar escuchas ilegales de dirigentes de su partido, de perseguir a ¨¦ste m¨¢s que a ETA y de estar instaurando un Estado policial. Se le indic¨® que si ten¨ªa alguna prueba de acusaciones tan graves, presentara una denuncia. Poco despu¨¦s, la portavoz parlamentaria, S¨¢enz de Santamar¨ªa, anunciaba que ya ten¨ªa casi acabado un informe que probaba la persecuci¨®n de su partido. No hubo denuncia ni hubo informe.

Ahora, en otro momento en que coinciden sondeos electorales favorables y mala imagen del partido, sus portavoces vuelven por la misma senda, con la novedad de denunciar que el sistema de interceptaci¨®n de comunicaciones conocido por las siglas Sitel, que utiliza la polic¨ªa, carece de cobertura legal, por lo que los sumarios instruidos con base a esas escuchas podr¨ªan ser anulados por los tribunales.

Ese sistema se caracteriza por su eficacia: no s¨®lo permite grabar conversaciones telef¨®nicas, sino identificar el lugar en el que ha sido utilizado el m¨®vil, lo que sirve, por ejemplo, para destruir coartadas de delincuentes que niegan haber estado en el escenario del delito. Pero para efectuar escuchas con Sitel es necesaria una orden judicial, igual que con cualquier otro sistema y, como han recordado ahora asociaciones de jueces y fiscales, ello se hace con la debida "proporci¨®n y mesura", dado que afecta a derechos.

Es cierto que las nuevas tecnolog¨ªas permiten hoy cosas impensables hace poco, tanto a los delincuentes, para burlar la ley, como a la polic¨ªa y la justicia, para evitarlo. El PP sostiene que Sitel es ilegal mientras no se regule su utilizaci¨®n mediante ley org¨¢nica. Pero ya hubo una denuncia de la Asociaci¨®n de Internautas, que sosten¨ªa lo mismo, y fue archivada por el Supremo, cuya Sala de lo Penal aval¨® tambi¨¦n la utilizaci¨®n de Sitel en una sentencia sobre drogas. Una cosa es extremar las garant¨ªas de recta utilizaci¨®n de las posibilidades tecnol¨®gicas, lo que corresponde a los jueces; y otra muy distinta sembrar dudas sobre la actuaci¨®n policial y judicial por el hecho de que el sistema tecnol¨®gico para destapar la corrupci¨®n sea m¨¢s eficaz. Esto ¨²ltimo es lo que hace el PP cuando se siente acosado por sus esc¨¢ndalos.