Unos m¨¢s iguales que otros en los telediarios

La difusi¨®n de las im¨¢genes de los detenidos en la Operaci¨®n Pretoria -as¨ª denomin¨® la polic¨ªa la investigaci¨®n sobre corruoci¨®n urban¨ªstica en Catalu?a- llegando esposados a la Audiencia Nacional ha generado una singular pol¨¦mica por la posible vulneraci¨®n del derecho a la intimidad de esos sospechosos de cuello blanco. Desde diversos sectores judiciales y pol¨ªticos se han calificado los hechos de "escarnio", "pase¨ªllo", "exhibici¨®n" e incluso "pena de telediario", contribuyendo a crear una suerte de cortina de humo sobre unos graves hechos de corrupci¨®n pol¨ªtica a costa de unos segundos de televisi¨®n y de unas fotograf¨ªas en los diarios.

Amainada la pol¨¦mica, profesionales de diversos ¨¢mbitos coinciden en que, si se asume la igualdad ante la ley que proclama la Constituci¨®n, cuesta entender que la difusi¨®n de las im¨¢genes de determinados detenidos provoque sarpullidos y no se diga nada cuando se trata de seres an¨®nimos que llenan a diario los apartados de sucesos de los programas de televisi¨®n. Probablemente un ex consejero de la Generalitat o un alcalde tenga menos riesgo de fuga que un presunto delincuente y, por tanto, puede estar menos justificado que lleguen esposados al juzgado. Pero ?qu¨¦ es lo que realmente escandaliza? ?Qu¨¦ se espose a personas tan reconocidas socialmente hasta hac¨ªa unos d¨ªas o que se capten esas im¨¢genes y se difundan? ?No deber¨ªan provocar m¨¢s repulsa las acusaciones que pesan sobre ellos?

Ninguna norma detalla c¨®mo ha de hacerse el traslado de los detenidos

"El art¨ªculo 520 nos lo sabemos de memoria", dice un inspector de polic¨ªa

Los jueces son ajenos a c¨®mo se produce el traslado del detenido

"Ya es hora de acabar con este doble rasero", opina un abogado

"Me parece que todo esto se ha sobredimensionado, como ya pas¨® con el caso Palma Arena, cuando fueron detenidas varias personas del Partido Popular", explica Antonio Ram¨ªrez, miembro de la junta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisi¨®n de Espa?a y durante diez a?os jefe de informativos de Canal Sur. "A nadie le llama la atenci¨®n ni se monta una bronca cuando se trata de otros detenidos. En este caso se ha hecho lo que se hace siempre que se puede: captar la imagen de un detenido y difundirla porque es noticia".

En Espa?a no existe una regulaci¨®n concreta de c¨®mo han de actuar los cuerpos policiales al realizar el traslado de los detenidos. S¨ª existen instrucciones gen¨¦ricas y protocolos, referidos a la actuaci¨®n policial con menores, a la conducci¨®n de los reclusos y las garant¨ªas de los derechos de detenidos. La referencia legal m¨¢s importante es el art¨ªculo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se dice que "la detenci¨®n y la prisi¨®n provisional deber¨¢n practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputaci¨®n y patrimonio", dice la ley. "Ese art¨ªculo se ense?a en la academia y lo sabemos de memoria. En espa?ol y en ingl¨¦s", explica un inspector de polic¨ªa con 20 a?os de experiencia.

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando se refiere al tratamiento que han de recibir los detenidos, tambi¨¦n establece que los agentes "respetar¨¢n el honor y la dignidad de las personas". Dicho as¨ª, la captaci¨®n de im¨¢genes de un detenido con las esposas contraviene su honor y dignidad, admite un portavoz policial, "pero ninguna ley ni norma proh¨ªbe que se le pueda grabar".

Carlos Jim¨¦nez Villarejo, ex fiscal anticorrupci¨®n, considera que la conducci¨®n policial de los acusados en la Operaci¨®n Pretoria fue "un error manifiesto que deber¨ªa haberse evitado porque s¨®lo a?ade distorsi¨®n a una investigaci¨®n que parece bien llevada". Cuatro de los detenidos acabaron en libertad al cabo de unas horas, "pero lo que quedar¨¢ de ellos y de aquel d¨ªa es la imagen de las esposas", dice Villarejo. El marco legal permite la libertad de actuaci¨®n de los cuerpos policiales en cada caso. "No hace falta ser muy listo para saber que no es lo mismo trasladar a un choricete al juzgado de guardia que a un terrorista a la Audiencia Nacional", explica el veterano inspector, que ha conducido ante la justicia a decenas de presuntos delincuentes.

Esa discrecionalidad explica que en las conducciones policiales puedan aparecer los detenidos con esposas, sin esposas, con las esposas por delante, con las esposas trabadas entre ellos o bien con las esposas a la espalda, una forma de reducir su capacidad de movimiento reservada para delincuentes muy peligrosos y terroristas. En ocasiones excepcionales hasta se les coloca un pasamonta?as para desubicarlos cuando son conducidos de los calabozos al furg¨®n. "Al final decide el responsable del traslado, y los dem¨¢s polic¨ªas que est¨¢n a su cargo se atienen a lo que disponga", explica.

En el caso de la Operaci¨®n Pretoria, el presidente de la Audiencia Nacional, ?ngel Juanes, ha abierto una investigaci¨®n para esclarecer lo ocurrido y ha solicitado un informe del comisario de polic¨ªa para conocer por qu¨¦ fueron "expuestos" ante los medios de comunicaci¨®n los detenidos. Al parecer se trataba de un furg¨®n policial que se estrenaba ese d¨ªa y por el que se accede a trav¨¦s de una puerta trasera y no lateral, como ocurre en la mayor¨ªa de esos veh¨ªculos. Adem¨¢s, el biombo que habitualmente se coloca para proteger la imagen de los detenidos, fue insuficiente, a lo que se suma la reducida altura del aparcamiento de la Audiencia Nacional, que impide la entrada de los veh¨ªculos policiales.

La Asociaci¨®n Libre de Abogados (ALA), un colectivo de profesionales de Madrid de dilatada trayectoria en la defensa de las libertades, ha condenado las circunstancias en las que se produjo ese tralado, pero tambi¨¦n ha mostrado su "sorpresa" porque la Audiencia Nacional "no haya abierto investigaci¨®n alguna sobre otras detenciones m¨¢s humillantes". "Estamos hartos de ver en los telediarios a todo el mundo agarrado del cogote para entrar en un coche policial, sea Otegui o el acusado de parricidio de cualquier pueblo. Y nadie dice nada", se lamenta el abogado Jos¨¦ Luis Gal¨¢n, integrante de ALA. "El valor de la libertad tiene muy poco aprecio en Espa?a. Todo ciudadano merece un respeto y tiene una dignidad, se llame como se llame. ?Ya es hora de acabar con tanto cinismo y de emplear un doble rasero!".

Casi igual de contundente se muestra Antonio Ram¨ªrez. "Hablar de pena de telediario [la expresi¨®n empleada en los ¨²ltimos d¨ªas en ambientes judiciales para referirse a las im¨¢genes de los esposados] me parece desafortunado, desproporcionado e inoportuno. En todo caso, esas reflexiones deber¨ªan hacerse cuando se trate de un ciudadano de a pie, pero si se trata de acusados que ocupan u ocuparon cargos p¨²blicos habr¨ªan de ser m¨¢s comedidos". A modo de ejemplo, Ram¨ªrez recuerda que el presunto asesino de la ni?a Mari Luz "ha sido grabado de frente, de lado, de espaldas y de todas las maneras posibles cuando ha ido a declarar al juzgado. Nadie dijo nada y tambi¨¦n es una persona que est¨¢ a la espera de juicio".

La reciente pol¨¦mica por la Operaci¨®n Pretoria no es la primera y probablemente no ser¨¢ la ¨²ltima. El PP ya denunci¨® en su d¨ªa las condiciones en las que se produjo el traslado de los acusados del caso Palma Arena, dos de los cuales fueron fotografiados unidos entre s¨ª por las esposas. El ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba neg¨® que hubiera habido "intencionalidad" en la actuaci¨®n policial, aunque admiti¨® que la Brigada de Seguridad Ciudadana de Baleares incumpli¨® la orden de que fueran trasladados al juzgado sin esposas. Fue la ¨²nica directriz que no se acat¨® y el jefe policial de turno asumi¨® su culpa. "Y eso le honra, porque ocurre pocas veces", dice el avezado inspector.

Los jueces son ajenos a c¨®mo se produce el traslado del detenido, algo que ha tenido que recordar la propia Audiencia Nacional. Es decir, Baltasar Garz¨®n no decidi¨® que los arrestados en la Operaci¨®n Pretoria llegaran esposados, ni dio instrucciones para que se pudieran tomar las im¨¢genes cuando recog¨ªan sus pertenencias del furg¨®n policial en una bolsa de basura de color azul.

"El juez manda de puertas para adentro de las salas de vistas o del juzgado, pero lo que pase fuera y c¨®mo se traslade a los detenidos es cosa de los cuerpos policiales", explica Miguel ?ngel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Secci¨®n Sexta de la Audiencia de Barcelona. En su sala, por ejemplo, la norma es que los acusados sigan el juicio sin las esposas, pero no todos los tribunales aplican el mismo criterio.

"El juez pide que traigan al detenido y puedes dar alguna recomendaci¨®n, pero la polic¨ªa te hace caso o no te hace. Otra cosa es la responsabilidad que tienen algunos cargos para aplicar protocolos que no perjudiquen la imagen del acusado", a?ade Gimeno. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Mar¨ªa Eugenia Alegret, fue probablemente la m¨¢s cr¨ªtica con las im¨¢genes de la Operaci¨®n Pretoria y afirm¨® que "la pena de pase¨ªllo o la pena del telediario no est¨¢ en el C¨®digo Penal". Por el contrario, Alegret s¨ª permiti¨® hace unos meses que se hiciera una excepci¨®n a la norma vigente en Catalu?a, que proh¨ªbe tomar im¨¢genes en los edificios judiciales, para que una docena de presos fuesen filmados cada d¨ªa entrando y saliendo esposados al juicio que se celebr¨® contra ellos en la Audiencia de Barcelona por un mot¨ªn en el que apu?alaron a un subdirector de la c¨¢rcel.

Otra de las voces que se ha o¨ªdo estos d¨ªas por "la dignidad de los detenidos" es la de la consejera de Justicia de la Generalitat de Catalu?a, Montserrat Tura. Anteriormente hab¨ªa sido titular de Interior y responsable del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. De aquella ¨¦poca queda una de las actuaciones m¨¢s criticables de la polic¨ªa auton¨®mica, seg¨²n el ex fiscal Jim¨¦nez Villarejo. Ocurri¨® cuando se "pase¨®" esposada por las dependencias de la polic¨ªa auton¨®mica ante las televisiones y los fot¨®grafos a Remedios S¨¢nchez, acusada del asesinado de varias ancianas. "La forma de tranquilizar a la poblaci¨®n no es exhibir al acusado", explica Villarejo.

Lo dice ¨¦l, que siendo fiscal jefe de Barcelona recibi¨® la visita del ahora detenido Maci¨¤ Alavedra, cuando era consejero de la Generalitat en un gobierno de Pujol, para expresarle su queja por una investigaci¨®n que estaba realizando la fiscal¨ªa. En esas diligencias tambi¨¦n aparec¨ªa implicado, iron¨ªas del destino, el ahora preso preventivo Llu¨ªs Prenafeta, cuando era secretario general de la Presidencia. La intervenci¨®n del fiscal general del Estado de la ¨¦poca, Eligio Hern¨¢ndez, impidi¨® que el caso llegase a juicio, pese a que desprend¨ªa "aromas de corrupci¨®n", seg¨²n la expresi¨®n empleada en un escrito por el propio Hern¨¢ndez.

M¨¢s all¨¢ de esa pol¨¦mica, Jim¨¦nez Villarejo considera "inadmisible" que sean los propios cuerpos policiales los que "atenten contra la dignidad de las personas" cuando filman la entrada en un domicilio y los sospechosos acaban tumbados en el suelo esposados a veces a punta de pistola. "Eso es intolerable, porque no se persigue ning¨²n fin leg¨ªtimo, salvo que sea para enaltecer la funci¨®n policial".

Con todo, resulta simb¨®lico que ning¨²n abogados de los detenidos en la Operaci¨®n Pretoria haya terciado en la pol¨¦mica por la difusi¨®n de las im¨¢genes de sus clientes. "Los abogados no estamos para perder el tiempo en estas cosas, no nos corresponde", dice Ferm¨ªn Morales, defensor del alcalde de Santa Coloma de Gramenet. "Yo agradezco las palabras de apoyo y quiero pensar en la buena fe de las personas".