Toca reducir gastos

El crecimiento explosivo del d¨¦ficit empuja inevitablemente al Gobierno a considerar pol¨ªticas de reducci¨®n del gasto p¨²blico. El Ministerio de Econom¨ªa teme que los mercados retiren la confianza en las emisiones espa?olas de deuda si se prolonga el desequilibrio de las cuentas p¨²blicas; y pesa el miedo a no cumplir la exigencia de reducir el d¨¦ficit, que este a?o estar¨¢ en torno al 10% del PIB, al 3% en 2013. ?se es el plazo m¨¢ximo que conceder¨¢ hoy Bruselas a Espa?a, Reino Unido, Irlanda y Francia para cumplir con la exigencia de estabilidad presupuestaria. El plan econ¨®mico financiero 2010-2012 recoge estos temores con propuestas para recortar el gasto p¨²blico. Sugiere limitar el aumento salarial de los funcionarios, restringir la oferta de empleo p¨²blico, obligar a todos los ministerios y empresas p¨²blicas a presentar un plan de austeridad y eliminar organismos p¨²blicos. ?ste es casi todo el grado de detalle que ofrece el plan. En una primera impresi¨®n no parece que se trate de un ajuste radical del gasto.

La crisis econ¨®mica resalta el desequilibrio hist¨®rico de la Administraci¨®n. En el Gobierno hay inflaci¨®n de vicepresidencias, con el agravante de que su poder de coordinaci¨®n es muy escaso; sobran algunos ministerios, que apenas alcanzar¨ªan el nivel de secretar¨ªas de Estado en una organizaci¨®n m¨¢s racional, y faltan centros de poder ministerial en asuntos vitales para el buen funcionamiento econ¨®mico, como la energ¨ªa. Sobre todo, proliferan los organismos p¨²blicos de utilidad m¨¢s que dudosa para el ciudadano.

Es cierto que el grueso del gasto p¨²blico no est¨¢ ah¨ª, sino en las pensiones, los costes del paro, la sanidad, el servicio de la deuda y la financiaci¨®n auton¨®mica. En ¨¦pocas de elevado desempleo y de ansiedad por la p¨¦rdida de la renta familiar, los gastos sociales no deben recortarse. Pero s¨ª es deseable imponer un recorte del gasto a los Gobiernos aut¨®nomos. En medio de la recesi¨®n m¨¢s grave de la democracia, todav¨ªa hay autonom¨ªas que proponen para 2010 aumentos presupuestarios, como si no estuvieran obligadas a moderar el d¨¦ficit para ayudar a que el Estado reduzca el suyo. Tampoco parecen dispuestas a devolver al Estado el exceso de dinero que han recibido una vez contabilizada la ca¨ªda de ingresos p¨²blicos. La Administraci¨®n central apenas decide hoy sobre el 25% de los recursos de la naci¨®n; y aplicando ajustes a ese 25% no se consigue reparar las cuentas de todo el pa¨ªs.