Una ecuaci¨®n imposible

Las sociedades democr¨¢ticas m¨¢s s¨®lidas son las que elaboran sus leyes desde el consenso, con vocaci¨®n de permanencia. ?ste, que es casi siempre un objetivo deseable, se convierte en una exigencia cuando se legisla sobre el reparto de los recursos que entre todos aportamos al sostenimiento de servicios p¨²blicos. Cuando los gobiernos hacen suya esta premisa, aciertan. Cuando renuncian a ella, se equivocan de plano. Que es lo que acaba de suceder con la nueva Ley de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas.

El Gobierno puede pensar que le salen las cuentas, pol¨ªticamente hablando, por recabar los votos m¨ªnimos para aprobar este proyecto de ley. Pero las cuentas no les salen ni a las comunidades aut¨®nomas, ni a Espa?a, ni a los espa?oles.

Le falta a esta ley sentido de Estado. Pero tambi¨¦n sentido de la realidad. En tiempos de penuria fiscal no es realista plantear un modelo de financiaci¨®n que obvia la ca¨ªda de la recaudaci¨®n de los ingresos. Ni sensato hacerlo a cuenta de expandir el gasto e incrementar el d¨¦ficit. En esta misma tribuna ya advirti¨® Felipe Gonz¨¢lez que este debate puede "ir a contracorriente de las prioridades" que exige la actual "coyuntura de crisis".

Y es que esta reforma nace de espaldas a la situaci¨®n econ¨®mica de Espa?a. Todas las administraciones p¨²blicas han perdido un tercio de sus ingresos desde 2007. Aun as¨ª, el Gobierno ha anunciado 11.000 millones m¨¢s al a?o para la nueva financiaci¨®n. La realidad es que esta cantidad no est¨¢ recogida ni de lejos en los Presupuestos para el pr¨®ximo a?o. Y adem¨¢s se compensa con las cantidades que las comunidades aut¨®nomas tendr¨¢n que devolver al Estado por el error de c¨¢lculo de los anticipos recibidos en 2008 y 2009. La ecuaci¨®n es imposible: el Gobierno promete m¨¢s recursos cuando hay menos ingresos.

Quiz¨¢ por este motivo, a estas alturas, siguen sin explicar c¨®mo se repartir¨¢n esos 11.000 millones de euros "virtuales". Y es que la transparencia y la nueva ley son cosas antag¨®nicas. Si opaca fue su negociaci¨®n, el reparto final sigue siendo un enigma. Sostiene el Gobierno que el nuevo modelo incrementa la autonom¨ªa financiera de las comunidades aut¨®nomas. No es cierto. El sistema propuesto no incentiva pol¨ªticas econ¨®micas que creen empleo y bienestar y castiga a las autonom¨ªas que prefieran ser austeras en el gasto y bajar los impuestos.

Y lo que es peor, el nuevo modelo no es solidario. Los famosos 11.000 millones se repartir¨¢n de forma arbitraria mediante f¨®rmulas negociadas por debajo de la mesa que priman a las autonom¨ªas con m¨¢s renta.

El Gobierno es consciente de todo ello, pero su objetivo nunca ha sido mejorar la financiaci¨®n de la educaci¨®n o la sanidad, ni dotar a las autonom¨ªas de m¨¢s instrumentos para luchar contra la crisis. Han convertido una reforma que debiera ser un fin en s¨ª misma en un instrumento para otros fines. No la hacen porque sea necesaria, ni para mejorar las cosas. La imponen acuciados por sus propias necesidades pol¨ªticas. La emplean como un instrumento al servicio de una pol¨ªtica partidista.

Las cosas pueden hacerse de otra manera y hacerse bien. Hay otra alternativa. Un buen modelo de financiaci¨®n pasa siempre por un proceso de amplio consenso pol¨ªtico, social y territorial. Un buen modelo de financiaci¨®n en tiempos de crisis pasa, adem¨¢s, por definir de forma realista, a?o a a?o, un escenario de gasto y recaudaci¨®n. Y por asumir todas las administraciones p¨²blicas un ejercicio de austeridad y reformas para recuperar la actividad econ¨®mica y generar empleo. Se trata de precisar qu¨¦ servicios y prestaciones sociales deben mantenerse a cada costa. No tardar¨ªamos en ponernos de acuerdo sobre cu¨¢les son: sanidad, educaci¨®n, servicios sociales, justicia o seguridad, entre otras. Y, hecho este ejercicio, que la financiaci¨®n la reciba quien tenga la competencia, ya sea el Gobierno central, el auton¨®mico o el local.

Un buen modelo de financiaci¨®n exige, en definitiva, un gran acuerdo nacional para impulsar los principios de justicia, igualdad, solidaridad y eficiencia econ¨®mica. La Constituci¨®n afirma que los ciudadanos son iguales ante la ley, vivan donde vivan, piensen como piensen y voten como voten. Por eso, los espa?oles no merecemos una ley que impide que todos tengamos los mismos derechos y el mismo trato. Desigualdades que la nueva ley consagra y que el inter¨¦s general rechaza.

Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa es portavoz del Grupo Popular en el Congreso.