Ilegalizaciones calculadas

En un extenso libro de entrevistas que sali¨® a la luz el a?o pasado, Patxi L¨®pez reconoc¨ªa abiertamente que, a los socialistas vascos, la ley de Partidos se "la hab¨ªan clavado, porque Juan Fernando [L¨®pez Aguilar] hab¨ªa dicho que s¨ª sin discutirlo con nosotros". Y por si ello no fuera suficiente, L¨®pez admit¨ªa a rengl¨®n seguido que aquella imposici¨®n les irrit¨® sobremanera, "aunque luego p¨²blicamente tienes que salir poniendo buena cara".

Esta confesi¨®n contrasta abiertamente con la imagen de sinton¨ªa que los socialistas y populares vascos vienen exhibiendo estos d¨ªas con ocasi¨®n del fallo de la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El tribunal no se pronuncia sobre la ley de Partidos, porque no es ese su cometido. Se limita a declarar que la ilegalizaci¨®n de Batasuna y Herri Batasuna -que, a la luz del ordenamiento jur¨ªdico, tambi¨¦n pod¨ªa haberse llevado a cabo al margen de la ley de Partidos- no vulnera el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Pero el PSE y el PP han querido ir m¨¢s all¨¢. Y se han empe?ado en forzar el sentido de la resoluci¨®n, present¨¢ndola como si fuese la prueba del algod¨®n que avalar¨ªa la limpieza democr¨¢tica de una ley -la de Partidos- que, al parecer, los socialistas vascos ya no consideran que se la "clavaron" los populares, aprovechando la pusilanimidad de L¨®pez Aguilar.

El PSE y el PP se han empe?ado en forzar el sentido de la resoluci¨®n del Tribunal europeo

No voy a criticar la sentencia. Creo que ha de ser acatada por todos los que respaldamos el marco institucional creado en el seno del Consejo de Europa. Pero no puedo dejar de lamentar el hecho de que descanse sobre un esquema argumental bastante m¨¢s endeble que el que dio soporte a otros fallos del mismo tribunal que sirvieron para avalar ilegalizaciones de partidos pol¨ªticos acordadas por otros Estados miembros del Consejo. Creo, sinceramente, que la pol¨ªtica vasca se merec¨ªa, cuando menos, una motivaci¨®n tan trabajada y s¨®lida como la que sirvi¨® de base al Tribunal de Estrasburgo para amparar la ilegalizaci¨®n del Refah Partisi de Turqu¨ªa. Los que confi¨¢bamos en su radical actitud garantista no hemos podido evitar una cierta decepci¨®n al leer un pronunciamiento que parece confiar m¨¢s en la autoridad de quien la pronuncia que en la fuerza persuasiva de las razones que aporta.

Con todo, me temo que el Tribunal de Estrasburgo no garantiza -como algunos quisieran- la pulcritud democr¨¢tica de todo lo que gobiernos y jueces han hecho en el proceso de aplicaci¨®n de la ley de Partidos a lo largo de su azarosa vida. Me explico. La norma incide de lleno en un terreno -el de la ilegalizaci¨®n de partidos pol¨ªticos en los reg¨ªmenes formalmente democr¨¢ticos- sobre el que est¨¢ planteado un debate secular, que enfrenta a figuras se?eras del Derecho p¨²blico y de la filosof¨ªa pol¨ªtica. Mientras unas sostienen que la ilegalizaci¨®n de partidos constituye un instrumento excepcional, pero irrenunciable, para la defensa de la democracia frente a sus enemigos, las otras afirman que cuando un r¨¦gimen democr¨¢tico ilegaliza a un partido pol¨ªtico, est¨¢ sentando, con ese s¨®lo hecho, las bases de su propia destrucci¨®n como sistema abierto y pluralista. Nos encontramos, pues, ante una materia controvertida.

Ahora bien, lo que deslegitima a la ley de Partidos vigente en Espa?a desde 2002, no es tanto su adscripci¨®n al primero de los bloques citado, cuanto la calculada y pol¨ªticamente interesada gesti¨®n que los sucesivos gobiernos han venido haciendo de sus previsiones m¨¢s incisivas. La ley reserva al Ejecutivo la efectiva puesta en marcha de los mecanismos de ilegalizaci¨®n. Y los diferentes gobiernos -todo el mundo lo ha podido comprobar- han activado estos dispositivos con arreglo a los m¨¢s prosaicos intereses electorales de cada coyuntura. Hoy tolero, ma?ana lo ilegalizo todo y pasado ma?ana, s¨®lo lo que me interesa.

Cuando se aprob¨® la ley publiqu¨¦ un art¨ªculo en el que denunciaba el descarado "oportunismo partidista" que animaba a sus promotores. "Ahora", rese?aba entonces, "s¨®lo resta comprobar en qu¨¦ medida la artificial alteraci¨®n que la aplicaci¨®n de la ley de Partidos va a suponer en el panorama electoral de Euskadi, contribuye a mejorar absoluta o relativamente las posiciones de los partidos que la impulsaron". Le¨ªdas hoy, tras la experiencia del 1 de marzo, estas palabras me provocan inquietud. Desafortunadamente, acert¨¦. Y precisamente por ello, a Patxi L¨®pez ya no le parece tan grave que la ley que le ha permitido acceder a Ajuria Enea, se la "clavasen" los que apoyaron su investidura.

Josu Erkoreka es portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en el Congreso de los Diputados.