El Gobierno negocia financiar los anticonceptivos m¨¢s avanzados

El Gobierno ha aceptado estudiar una f¨®rmula para que la sanidad p¨²blica financie los anticonceptivos de ¨²ltima generaci¨®n, seg¨²n fuentes parlamentarias. La propuesta ha partido del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y se incluye en una de sus enmiendas a la ley de interrupci¨®n voluntaria del embarazo, que es tambi¨¦n ley de salud sexual y reproductiva y que tiene como gran objetivo reducir el n¨²mero de embarazos no deseados.

La sanidad p¨²blica en estos momentos sufraga ocho anticonceptivos hormonales orales -la mayor¨ªa antiguos, m¨¢s baratos y no id¨®neos para todas las mujeres-, uno inyectable y un implante subd¨¦rmico de los 35 anticonceptivos disponibles en las farmacias espa?olas. La financiaci¨®n no es total, sino que la mujer debe hacer frente al 40% del precio, como en la mayor parte de los medicamentos. Pero quedan fuera parches, anillos vaginales y p¨ªldoras de ¨²ltima generaci¨®n, los m¨¢s usados por las ciudadanas. Ampliar la financiaci¨®n de los anticonceptivos ha sido una de las reivindicaciones m¨¢s recurrentes de las asociaciones de planificaci¨®n familiar durante los ¨²ltimos a?os.

Actualmente se subvencionan las versiones antiguas de la p¨ªldora

La cobertura sanitaria permitir¨ªa acceder a grupos m¨¢s vulnerables

Poblaci¨®n empobrecida

"Las p¨ªldoras que paga ahora la sanidad p¨²blica no son malas", se?ala Isabel Serrano, presidenta de la Federaci¨®n de Asociaciones de Planificaci¨®n Familiar. "Pueden ser adecuadas para seg¨²n qu¨¦ mujeres. Pero hay otras que necesitan otro tipo de anticonceptivos, y algunas no pueden pagarlos porque cuestan unos 15 o 18 euros al mes. Puede parecer poco dinero, pero hay inmigrantes y otro tipo de poblaci¨®n empobrecida que no puede hacer frente a ese gasto. Y no podemos olvidar que las inmigrantes son las que m¨¢s est¨¢n abortando. Reducir el n¨²mero de interrupciones de embarazo sin facilitar el acceso a la anticoncepci¨®n no es posible", se?ala. El 55% de los abortos que se llevaron a cabo en Espa?a en 2008, seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad, se practicaron a mujeres extranjeras.

La Federaci¨®n de Asociaciones de Planificaci¨®n Familiar opina que ser¨ªa necesario incluir al menos una marca de cada tipo de anticonceptivo dentro de los medicamentos financiados. "Tambi¨¦n es imprescindible que las consejer¨ªas de sanidad de las comunidades aut¨®nomas lleguen a un acuerdo sobre la dispensaci¨®n gratuita de anticonceptivos, porque hay muchas diferencias entre ellas", se?ala Serrano. "En Galicia, por ejemplo, los DIU (dispositivos intrauterinos) y un implante subd¨¦rmico se ponen en las consultas sin pagar nada, pero esto no ocurre en otras regiones. Es fundamental un pacto para llegar a los grupos vulnerables y mejorar la prevenci¨®n de los embarazos no deseados".

IU-ICV y ERC incluyeron esta medida dentro de las enmiendas a la ley del aborto para reforzar la primera parte de la norma, la que se refiere a salud sexual y reproductiva. Fue una de las principales cuestiones debatidas el martes en el Congreso entre Gaspar Llamazares, la ministra de Igualdad, Bibiana A¨ªdo, y la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Mont¨®n. El Gobierno acept¨® finalmente estudiar la redacci¨®n de una enmienda transaccional que garantice la inclusi¨®n de los anticonceptivos de ¨²ltima generaci¨®n en la cartera de servicios de la sanidad p¨²blica. El Ministerio de Sanidad est¨¢ valorando la propuesta. Las comunidades aut¨®nomas tambi¨¦n tendr¨ªan algo que decir sobre esta cuesti¨®n, ya que son las que finalmente pagan.

El gran problema para que salga adelante es la financiaci¨®n. La enmienda de Llamazares ten¨ªa un coste aproximado de 100 millones de euros, pero el Gobierno quiere evitar poner una cifra en la enmienda transaccional. Fuentes del Gobierno aseguran que deben buscar una f¨®rmula con el menor coste posible, ya que la medida har¨ªa preciso incluir una memoria econ¨®mica en la ley del aborto.

El objetivo del Gobierno es integrar en el acuerdo sobre la ley al PNV y a los partidos de la izquierda. Todos votar¨¢n juntos en el debate de totalidad de la pr¨®xima semana, pero deben llegar a un punto com¨²n en las enmiendas parciales. Fuentes de IU ven complicado que el PSOE acepte su propuesta para elevar el plazo de aborto en todos los supuestos a 22 semanas o que las mujeres no sean sancionadas en el c¨®digo penal en ning¨²n caso.

No es f¨¢cil tampoco el acuerdo sobre los abortos de las mujeres de 16 a 18 a?os. El PNV plantea en su enmienda que sea necesaria la "notificaci¨®n o comunicaci¨®n" a los padres, mientras que la izquierda rechaza esta posibilidad y el PSOE estudia una f¨®rmula para que se informe s¨®lo en algunos supuestos.

El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, hizo ayer una defensa de la futura ley del aborto en el Pleno del Congreso. "?Por qu¨¦ en Espa?a no puede haber, treinta a?os despu¨¦s de democracia, una ley que sea homologable a los pa¨ªses m¨¢s democr¨¢ticos del mundo, como Suecia, Holanda, Francia o Alemania?", se pregunt¨® Zapatero en respuesta al diputado de UPN, Carlos Salvador, que le exigi¨® la retirada del proyecto de ley por supuesta falta de consenso. Seg¨²n el presidente del Gobierno, el "objetivo b¨¢sico" es que ninguna mujer vaya a la c¨¢rcel por abortar y que estas intervenciones puedan llevarse a cabo con las garant¨ªas legales suficientes.