El Gobierno actualizar¨¢ la regulaci¨®n legal de las intervenciones telef¨®nicas

El Gobierno tiene previsto actualizar la regulaci¨®n legal de las intervenciones telef¨®nicas en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que enviar¨¢ al Parlamento el pr¨®ximo a?o, seg¨²n fuentes del Ejecutivo. Esta nueva regulaci¨®n legal actualizar¨¢ el proceso penal y sustituir¨¢ a una ley del siglo XIX sobre la que se han ido haciendo sucesivas modificaciones parciales.

El Ejecutivo quiere aprovechar para incluir garant¨ªas y precisiones sobre intervenciones telef¨®nicas y actuaciones judiciales relacionadas con nuevas tecnolog¨ªas, como Internet, correos electr¨®nicos, tel¨¦fonos m¨®viles y las que puedan surgir en el futuro.

El Gobierno trabaja hace meses en esta reforma legal, que todos los ministros de Justicia de la democracia han intentado llevar a cabo, y, por tanto, es independiente de la pol¨¦mica abierta por el PP sobre el sistema Sitel de intervenciones telef¨®nicas, un sistema inform¨¢tico de intervenci¨®n de comunicaciones.

El Congreso vota el martes la moci¨®n del PP que asegura que Sitel es ilegal

S¨ª servir¨¢ para poner fin a la exigencia del PP de que se actualice el sistema en una ley org¨¢nica. La ley de Enjuiciamiento Criminal es org¨¢nica, necesita mayor¨ªa absoluta del Congreso y el Senado para salir adelante. Es decir, la reforma zanjar¨¢ la petici¨®n del PP, pero se hace por actualizar el marco legal, no porque el que est¨¢ en vigor no sea acorde a la Constituci¨®n. El Tribunal Supremo ha avalado reiteradamente la legislaci¨®n actual.

En esa tramitaci¨®n parlamentaria el PP tendr¨¢ oportunidad, como el resto de grupos, de proponer enmiendas, modificaciones y referencias a m¨¢s intervenciones telef¨®nicas. El Gobierno considera que, tal y como ha certificado en una decena de sentencias el Supremo, es suficiente la regulaci¨®n de Sitel en un real decreto, con referencia a la actual ley.

Sin embargo, la ¨²ltima sentencia del Supremo, conocida la pasada semana, se remit¨ªa a una resoluci¨®n anterior para reprochar al legislador la anticuada regulaci¨®n de las intervenciones telef¨®nicas en la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. El fallo aseguraba: "Esta sala casacional tiene ya un s¨®lido y coherente cuerpo doctrinal, sobre el protocolo a seguir cuando se solicita la intervenci¨®n telef¨®nica como medio excepcional de investigaci¨®n, que completa la raqu¨ªtica e insuficiente regulaci¨®n legal contenida en el art¨ªculo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha sido censurada en varias sentencias del Tribunal de Derechos Humanos". Ese art¨ªculo habla de "correspondencia privada, postal y telegr¨¢fica" y de "las comunicaciones telef¨®nicas", pero no est¨¢ actualizado para las nuevas tecnolog¨ªas. A ese art¨ªculo se remite el real decreto 424/2005 que regula el sistema Sitel.

El PP someter¨¢ el martes a debate y votaci¨®n en el Congreso una proposici¨®n no de ley que pide la regulaci¨®n de Sitel en una ley org¨¢nica y asegura que la actual base legal es inconstitucional y, por tanto, sostiene que se est¨¢ produciendo una vulneraci¨®n sistem¨¢tica de derechos humanos desde que se puso en marcha ese sistema de escuchas en 2005.

Fuentes del PSOE aseguran que ya han tanteado a los grupos parlamentarios y consideran muy probable que el PP se quede solo en esa votaci¨®n. Para convencerles cuentan con dos argumentos que consideran imbatibles: las sentencias del Supremo que reiteran la legalidad de Sitel y la perspectiva de una nueva regulaci¨®n global en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, la argumentaci¨®n del Supremo que considera correcta y constitucional la base legal de Sitel, pero exige la actualizaci¨®n del marco de la Ley de Enjuiciamiento.

El Ministerio de Justicia espera tener cerrado al inicio del pr¨®ximo periodo de sesiones, es decir en enero, el anteproyecto, para empezar a estudiarlo en el Consejo de Ministros y remitirlo para recabar los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. La compleja tramitaci¨®n parlamentaria podr¨ªa extenderse durante el pr¨®ximo a?o.

Adem¨¢s, esa reforma no es neutra pol¨ªticamente porque el Gobierno debe optar entre su propuesta inicial de que los fiscales instruyan los sumarios y la negativa del PP a transferir competencias de los jueces.

CiU y PNV no han fijado a¨²n su posici¨®n de forma oficial sobre la votaci¨®n del martes, pero fuentes de ambos grupos aseguran que son reacios a respaldar el texto del PP por las consecuencias procesales que podr¨ªa tener en procedimientos en los que se haya utilizado el sistema Sitel.

El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, asegur¨® la pasada semana que el PP, con sus cr¨ªticas contra el sistema de vigilancia de comunicaciones Sitel, "est¨¢ debilitando la lucha del Estado de Derecho contra las organizaciones delictivas".