Aborto: ni derecho ni obligaci¨®n
Cuando me enfrento a la regulaci¨®n legal de la interrupci¨®n del embarazo, no puedo hacerlo como si de una ley sobre seguros agrarios se tratara. Al votar una ley sobre el aborto mi conciencia me interpela.
Creo que le ocurre algo parecido a muchos ciudadanos cuando reflexionan sobre la vida del no nacido. Y es as¨ª porque, se diga lo que se diga, sabemos con certeza que el feto no es un ¨®rgano propio de la mujer, sino una realidad distinta de la mujer gestante. El feto es m¨¢s un "alguien" que un "algo". No puedo negar sin mentirme que tengo la convicci¨®n de que en el seno materno se alberga una vida humana en formaci¨®n que es digna de protecci¨®n. Estamos ante un valor constitucional. El alto tribunal establece que el feto "en todo caso, es un bien no s¨®lo constitucionalmente protegido sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional" (STC 53/1985, FJ 9).
El nuevo proyecto de ley se dirige a corregir las insuficiencias del anterior
?Mujer, act¨²a en conciencia, esta ley no te condena!
Sin embargo, el aborto es tambi¨¦n una realidad, y la experiencia nos dice que su prohibici¨®n en cualquier circunstancia, adem¨¢s de acarrear graves e indeseadas consecuencias, s¨®lo ha logrado su pr¨¢ctica clandestina. Ante esta realidad, el legislador responsable no debe mirar a otro lado. Como dice el profesor Peces-Barba, "el aborto es siempre un mal porque acaba con un germen de vida y se rompe una l¨ªnea biol¨®gica natural... -pero la ley lo regula- porque ponderando los bienes y los males en juego considera que puede haber otros males mayores". (La democracia en Espa?a, p¨¢gina 193).
El aborto no es un bien ni un derecho. En el n¨²cleo de mis convicciones ¨¦ticas y religiosas est¨¢ la defensa de la vida y el amparo al m¨¢s d¨¦bil, valores que son patrimonio de la tradici¨®n humanista y progresista espa?ola. Giner de los R¨ªos defend¨ªa con ¨¦nfasis los deberes ¨¦ticos y jur¨ªdicos del Estado respecto del feto. (Ver Resumen de Filosof¨ªa del Derecho, p¨¢gina 118).
En este tema, como dice Obama, hemos de evitar, especialmente, "la caricatura del otro", porque el aborto no debe presentarse como un asunto ideol¨®gico sino de conciencia, y debe plantearse con serenidad, de manera que nos permita atribuir a quienes discrepan la misma presunci¨®n de buena fe que nos concedemos a nosotros mismos.
El debate que hoy se plantea en Espa?a no es si se despenaliza o no el aborto. Ese debate tuvo lugar en 1985. La cuesti¨®n es que aquella despenalizaci¨®n de 1985 ha dado cobertura, por su ambig¨¹edad, a un excesivo n¨²mero de abortos: 115.812, s¨®lo en 2008. M¨¢s a¨²n, la falta de limitaci¨®n temporal del tercer supuesto, el de la salud ps¨ªquica, bajo el cual se ha producido el 97% de los abortos, ha provocado abusos escandalosos. El Consejo de Estado dice en su dictamen que la actual legislaci¨®n:"Ha llevado a Espa?a a una indeseable situaci¨®n de aborto libre cuando no arbitrario... ha hecho de Espa?a un para¨ªso del turismo abortista" (p¨¢gina 17). ?Es esta normativa la que hay que preservar? Evidentemente, no.
El nuevo proyecto de ley supone un modelo de regulaci¨®n, el de plazos, y una concepci¨®n preventiva que precisamente se dirige a corregir las insuficiencias del anterior. Debe servir para reducir el n¨²mero de embarazos no deseados que conducen al aborto y tambi¨¦n para garantizar mejor la protecci¨®n del nasciturus y mejorar las garant¨ªas jur¨ªdicas para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. En este sentido, puede hablarse con verdad de que apoyaremos una ley que bien podr¨ªa denominarse Ley para la Reducci¨®n de Abortos en Espa?a.
A este respecto es preciso recordar que la Iglesia cat¨®lica acepta que "un parlamentario... pueda l¨ªcitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los da?os de esa ley (aborto) y disminuir as¨ª los efectos negativos..." (Enc¨ªclica Evangelium Vitae, n. 73). Resultan contradictorias con esta disposici¨®n papal, adem¨¢s de socialmente chocantes, las posiciones condenatorias y de agresividad actual de aquellos religiosos espa?oles que, durante los ocho a?os que gobern¨® el PP, aceptaron mansamente la aplicaci¨®n de la ley de aborto aprobada en 1985.
El proyecto de ley es, sin duda, mejorable. En su actual redacci¨®n queda claro que no hay un derecho fundamental al aborto. En ning¨²n sitio del proyecto podr¨¢ encontrarse tal formulaci¨®n. No es un derecho porque como dice Peces-Barba "los derechos se basan y buscan bienes, nunca males" y, adem¨¢s, porque la vida prenatal es un bien jur¨ªdico constitucionalmente protegido. Seg¨²n el proyecto de ley, hasta las 14 semanas prevalece la decisi¨®n de la mujer, pero a partir de esa fecha, como en la mayor¨ªa de los pa¨ªses europeos, se impone la protecci¨®n del nasciturus, salvo la doble indicaci¨®n: el grave riesgo para la salud de la embarazada o las graves anomal¨ªas fetales.
Los diputados vamos a debatir el proyecto y puede salir mejorado. Conf¨ªo en que el resultado sea conforme al patrimonio moral compartido por la mayor¨ªa de los espa?oles, de manera que la nueva ley no se vea como una propuesta partidista. En este sentido, hay al menos tres cuestiones que ocupar¨¢n la atenci¨®n parlamentaria: la primera, la informaci¨®n a los padres de la menor con m¨¢s de 16 a?os; la segunda, el reconocimiento de la objeci¨®n de conciencia para los profesionales; la tercera, las acciones dirigidas a la reducci¨®n de los embarazos no deseados, en cuyo marco destaca la educaci¨®n sexual.
El conflicto moral es propio de la acci¨®n pol¨ªtica en democracia. La pol¨ªtica no puede limitarse a la proclamaci¨®n verbal de los principios. Por el contrario, debe atender a la realidad concreta en la que los principios han de aplicarse, evaluando las consecuencias de tal aplicaci¨®n (principio ¨¦tico de responsabilidad por las consecuencias). La disminuci¨®n del n¨²mero de abortos que la nueva ley comportar¨¢ al modificar la actual regulaci¨®n del supuesto del conflicto ps¨ªquico que carece de limitaci¨®n temporal y que ha dado cobertura legal a abortos en estadios de gestaci¨®n muy avanzados, invita a defenderla, aunque s¨®lo sea por "la teor¨ªa del mal menor". En este aspecto, la nueva ley supondr¨¢ un notable progreso que es decente reconocer y valorar por todos. Yo, desde luego, lo valoro y reconozco.
Hay sectores de la Iglesia cat¨®lica que exigen al Estado que act¨²e con mano justiciera, aplicando penas y castigos, mientras se reservan para ellos la mano acogedora del perd¨®n o de la penitencia purificadora. Como pol¨ªtico que quiere inspirar su vida en el Evangelio de Jes¨²s, aspiro a que tambi¨¦n la nueva ley incluya una dimensi¨®n de comprensi¨®n y de misericordia. ?Mujer act¨²a en conciencia, esta ley no te condena!
Jos¨¦ Bono es presidente del Congreso de los Diputados.
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