Los docentes de la concertada tambi¨¦n ser¨¢n autoridad p¨²blica

Los 67.000 profesores de centros p¨²blicos y concertados ser¨¢n autoridad p¨²blica a partir de marzo. As¨ª lo prev¨¦ el Gobierno regional, que aprob¨® ayer el anteproyecto de Ley de Autoridad del profesor. El texto se enviar¨¢ ahora al Consejo Escolar, y de all¨ª al Parlamento regional para su aprobaci¨®n.

La ley fue anunciada por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el ¨²ltimo debate del estado de la regi¨®n el pasado septiembre. Aguirre habl¨® entonces de que la condici¨®n de autoridad p¨²blica, con la que los profesores tendr¨¢n una protecci¨®n especial, ser¨ªa s¨®lo para los docentes de la escuela p¨²blica. Ahora se ha ampliado a la concertada, al constatar que "hay precedentes" en la Comunidad Valenciana, explic¨® la consejera de Educaci¨®n, Luc¨ªa Figar.Para los centros privados, por su parte, la ley se?ala que "tendr¨¢n autonom¨ªa para establecer sus normas de organizaci¨®n y funcionamiento". Pero en los concertados, explican desde la Consejer¨ªa, "tanto los criterios de admisi¨®n como el sistema de funcionamiento son muy similares respecto a la p¨²blica", y, "est¨¢n sostenidos con fondos p¨²blicos", por lo que se ha decidido su inclusi¨®n en la ley.

La autoridad del maestro prevalecer¨¢ en el comedor o el autob¨²s escolar

A partir de la entrada en vigor de la norma, la agresi¨®n a un profesor se incluir¨¢ en lo que el C¨®digo Penal tipifica como atentado contra la autoridad, con penas de prisi¨®n de dos a cuatro a?os. Adem¨¢s, los docentes gozar¨¢n de presunci¨®n de veracidad, y su palabra tendr¨¢ m¨¢s valor que la de un ciudadano de a pie. Al ser autoridad, los fiscales podr¨¢n perseguir de oficio los delitos contra ellos. Aunque una circular de la Fiscal¨ªa de Madrid ya aconsejaba esta consideraci¨®n.

Los profesores podr¨¢n tomar "medidas cautelares provisionales" (la expulsi¨®n de un alumno de clase o requisarle el m¨®vil, por ejemplo) cuando se enfrenten a alg¨²n conflicto, no s¨®lo en el centro educativo, sino tambi¨¦n en actividades extraescolares, en el comedor, y en los autocares de transporte escolar. Luc¨ªa Figar explic¨®, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que hasta ahora s¨®lo el director estaba capacitado para tomar estas medidas cautelares, seg¨²n el Decreto de Convivencia. Sin embargo, seguir¨¢ siendo el director el ¨²nico que determine la expulsi¨®n del centro (la falta m¨¢s grave). Tampoco entra en la ley la posibilidad de colocar tarimas en las aulas, que depender¨¢ de que lo pida cada centro.

El anteproyecto obliga tambi¨¦n a los alumnos a reparar los da?os que causen en las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, y a hacerse cargo del coste econ¨®mico de su reparaci¨®n. Y tendr¨¢n que restituir, en su caso, lo robado. Los padres o representantes legales asumir¨¢n la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos.

Tanto los principales sindicatos (CC OO, UGT, Stem) como la oposici¨®n parlamentaria lamentaron ayer lo que consideran "una medida insuficiente" si no va acompa?ada de una mayor inversi¨®n en educaci¨®n, que ha perdido un 1,1% respecto a los presupuestos del a?o pasado. La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Men¨¦ndez, afirm¨® que "para reforzar el prestigio social e institucional del profesorado es necesario invertir en el sistema educativo". En el mismo sentido se pronunci¨® la diputada de IU Eulalia Vaquero: "La ley no debe esconder la realidad de que estamos ante los presupuestos m¨¢s insolidarios de la Comunidad".