Cinco claves para el desencuentro

Los art¨ªculos en los que ha encallado la deliberaci¨®n del Constitucional son los siguientes:

- El concepto de "naci¨®n". El PP lo impugn¨® por entender que la ¨²nica naci¨®n, depositaria de la soberan¨ªa, es la espa?ola. En cambio, el t¨¦rmino "nacionalidad" cabe aplicarlo a algunas comunidades. El Tribunal posiblemente declarar¨¢ ahora que el t¨¦rmino "naci¨®n" que consta en el Pre¨¢mbulo del Estatuto no tiene eficacia jur¨ªdica. Pero los magistrados conservadores y el progresista Manuel Arag¨®n creen que la conexi¨®n entre ese t¨¦rmino y los s¨ªmbolos "nacionales" del art¨ªculo 8.1 podr¨ªa interpretarse como el reconocimiento de una naci¨®n distinta de la espa?ola.

- S¨ªmbolos nacionales. El art¨ªculo 8.1 define a Catalu?a como "nacionalidad", pero da el adjetivo "nacionales" a los s¨ªmbolos de Catalu?a: la bandera, la fiesta y el himno. La mayor¨ªa se inclina por estimar el recurso del PP, que recuerda que el art¨ªculo 4.2 de la Constituci¨®n califica las banderas y ense?as propias como s¨ªmbolos "de las comunidades aut¨®nomas".

- Derechos hist¨®ricos. El art¨ªculo 5 dice que el autogobierno de Catalu?a se fundamenta en los derechos hist¨®ricos del pueblo catal¨¢n, sus instituciones seculares y su tradici¨®n jur¨ªdica que el Estatuto "incorpora y actualiza". Los jueces conservadores creen que el autogobierno se fundamenta en la Constituci¨®n.

- Obligatoriedad del catal¨¢n. El art¨ªculo 6 impone el conocer el catal¨¢n a los ciudadanos de Catalu?a. Para el PP, el deber de conocer las lenguas se refiere s¨®lo al castellano, lengua oficial del Estado, seg¨²n el art¨ªculo 3.12 de la Constituci¨®n.

- Poder Judicial en Catalu?a. El PP impugna casi todo el T¨ªtulo III, al entender que es un "ataque frontal a la unidad del Poder Judicial, que es s¨®lo uno en todo el Estado". Los jueces conservadores alegan que el Estatuto no puede fijar competencias del Tribunal Superior de Catalu?a ni, de paso, del Tribunal Supremo.

- El 'S¨ªndic de Greuges'. El "car¨¢cter exclusivo" con que el Defensor del Pueblo catal¨¢n supervisa la actividad de la Generalitat, los organismos p¨²blicos y las empresas privadas que gestionan servicios p¨²blicos expulsa de Catalu?a, seg¨²n el PP y el Defensor del Pueblo, a este ¨²ltimo. Parece haber acuerdo en declarar inconstitucional este punto.