El abuso de los pobres

La fiesta ha durado poco. Apenas ha comenzado a desplegarse en nuestro pa¨ªs una pol¨ªtica integral de servicios sociales -el cuarto pilar del Estado del bienestar se le ha denominado, junto a la sanidad, la educaci¨®n y la Seguridad Social-, cuando la corneta toca retirada. "Si no se toman medidas urgentes, ser¨¢ imposible mantener en el futuro el actual nivel de prestaciones sociales", advirti¨® tajante la semana pasada el diputado general de Vizcaya, Jos¨¦ Luis Bilbao, y a partir de ah¨ª se abri¨® una discusi¨®n general sobre la (in)sostenibilidad financiera del gasto social contra¨ªdo y las posibles f¨®rmulas para costearlo.

Por supuesto que hay que revisar y afinar pol¨ªticas cuando cambian las circunstancias; y resulta evidente que la recesi¨®n econ¨®mica ha alterado muy profundamente los presupuestos anteriores, hundiendo la recaudaci¨®n fiscal mientras multiplica las necesidades de atenci¨®n a los parados, excluidos y dependientes. Sin embargo, ser¨ªa conveniente un debate abierto, que abarcara todos los ¨¢ngulos de la cuesti¨®n, y no ¨²nicamente los dos puntos en los que las diputaciones est¨¢n haciendo hincapi¨¦: la financiaci¨®n de ese gasto y el supuesto fraude generado por unas prestaciones sociales ofrecidas con la generosidad del tiempo de rosas anterior a la crisis.

Hay que debatir sobre los servicios sociales, pero con todas las cartas sobre la mesa

Existe, ciertamente, el riesgo de que la discusi¨®n sobre c¨®mo mantener, y con qu¨¦ amplitud, el andamiaje de los servicios sociales se aborde con el desorden y la improvisaci¨®n con que se ha puesto ¨¦ste en pie, tanto en Euskadi como en el resto de Espa?a. Recu¨¦rdese c¨®mo hubo, antes de que la crisis se pusiera seria, una alegre carrera entre administraciones a ver cu¨¢l era m¨¢s progresista y reconoc¨ªa la prestaci¨®n m¨¢s avanzada y vistosa, sin importar mucho que as¨ª se descuadrara la oferta del sistema general ni calibrar demasiado las cargas comprometidas para el futuro. Quedaba bien.

Cuando el presidente Rodr¨ªguez Zapatero se sac¨® de la chistera la ley de Dependencia, que tantas repercusiones est¨¢ teniendo en la atenci¨®n de ancianos y discapacitados y en las finanzas p¨²blicas, no estuvo acompa?ada de la paralela reflexi¨®n sobre los cambios en el sistema fiscal que deb¨ªan sostenerla. Y lo mismo cabe decir de la dadivosa ley vasca de Servicios Sociales de diciembre de 2008, gestada por el socio minoritario del Gobierno tripartito, Javier Madrazo (EB), a cuya aprobaci¨®n consinti¨® de mala gana el PNV m¨¢s que nada para no incomodar a Ibarretxe. Con ambas normas se ha terminado de dibujar un modelo de bienestar social a la escandinava, pero con un mercado de trabajo, una disciplina social y un soporte tributario nada parecidos a los de Europa del Norte. Mientras en Dinamarca o Suecia el peso de los impuestos y cotizaciones sociales (lo que se considera presi¨®n fiscal total) superaba en 2007 el 48% del PIB, en Espa?a se quedaba en el 37,1% y en Euskadi bajaba al 33,7%.

Hasta cierto punto, resulta comprensible que las advertencias sobre la inestabilidad de los servicios sociales provengan de las diputaciones. De la funci¨®n recaudatoria que les asigna el Concierto Econ¨®mico los entes forales han extrapolado el sentimiento de que los impuestos que pagan los ciudadanos son suyos y no disimulan su desagrado por el hecho de que otras instituciones m¨¢s soberanas (las Cortes Espa?olas o el Parlamento vasco) establezcan derechos que ellas deben financiar y ejecutar en parte. Y, seguramente, el sostenimiento del sistema social obligar¨¢ al final a crear un nuevo impuesto o a incrementar los ya existentes, como sugiri¨® Jos¨¦ Luis Bilbao. Sin embargo, antes ser¨ªa conveniente debatir con amplitud sobre el conjunto del sistema.

Un enfoque de totalidad implica evitar la peligrosa deriva de se?alar como causa principal de las grietas en los servicios sociales el fraude de algunos colectivos en algunas prestaciones. Claro que hay que atajar los abusos y revisar incluso ayudas de inserci¨®n social que por sus condiciones pueden estimular a lo contrario, a permanecer bajo asistencia. La quiebra del sistema, sin embargo, no est¨¢ ah¨ª, aunque pueda resultar muy rentable pol¨ªticamente se?alar a los inmigrantes. Ya dec¨ªa el humorista Chumy Ch¨²mez en uno de sus vi?etas de potentados e indigentes que los pobres suelen ser muy abusones. El desarrollo pendiente de la ley vasca de 2008 brinda a las instituciones vascas y a los dem¨¢s agentes sociales la oportunidad de abordar en su integridad el problema, puesto que todav¨ªa deben aprobarse los planes estrat¨¦gicos de servicios sociales con su mapa y la correspondiente memoria econ¨®mica. Adem¨¢s, debe establecerse la cartera de prestaciones y servicios que garantizan las administraciones y la cuota de participaci¨®n (copago) de los beneficiarios del sistema.

El marco de los servicios sociales se defini¨® en la cresta de la ola de la exuberancia econ¨®mica, en una alegre puja de ayudas, sin tener en cuenta que todo gasto debe ser financiado y que la oferta de servicios asim¨¦tricos no s¨®lo rompe la deseable homogeneidad b¨¢sica de ese cuarto pilar del Estado del bienestar, sino que causa indeseables carreras de emulaci¨®n y molestos efecto llamada. Y, sobre todo, el marco se dibuj¨® sin preguntar a los ciudadanos cu¨¢nto est¨¢n dispuestos a pagar por ellos y de qu¨¦ forma. El debate hay que afrontarlo ahora a contrapelo, cuando los recursos escasean y el populismo act¨²a a la inversa, pero eso no impide que se pongan sobre la mesa todas las cartas de los servicios sociales y todas las opciones que existen para financiarlos. No s¨®lo las m¨¢s directas y c¨®modas.