Una norma necesaria que va a distinta velocidad
A¨²n no se ha logrado la armonizaci¨®n de los servicios de las comunidades
La implantaci¨®n de la Ley de Dependencia no admite un balance global porque las diferencias entre comunidades son muy acusadas. Nadie discute, sin embargo, la pertinencia de una ley que se aprob¨® con un ampl¨ªsimo apoyo parlamentario. "Ha supuesto un avance significativo en la protecci¨®n social al consolidar derechos subjetivos y universalizar la cobertura. Lo importante es que casi medio mill¨®n de ciudadanos han recibido ya una prestaci¨®n o servicio y han visto mejoradas sus condiciones de vida", afirma Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, presidente de la Asociaci¨®n Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En este tercer cumplea?os, Luis Mart¨ªn Pindado, presidente del Consejo Estatal de Personas Mayores, pide "paciencia" para la implantaci¨®n de una ley que ha seguido "pasos similares, tambi¨¦n en el tiempo, a los que han dado en otros pa¨ªses con leyes parecidas".
Patrocinio de las Heras, una hist¨®rica en el campo de los servicios sociales, se congratula del "despegue que han experimentado los derechos de los ciudadanos en este ¨¢mbito", dice. Comprende que "implantar un sistema como ¨¦ste requiere de unos primeros a?os de experimentaci¨®n y de innovaci¨®n con nuevas pr¨¢cticas" y solicita que "se elabore un mapa con la red de centros necesarios".
La escasez de servicios para atender las necesidades de los ciudadanos es, efectivamente, una de las carencias que han desvirtuado el esp¨ªritu de esta ley, que prima los servicios frente las ayudas econ¨®micas. M¨¢s de la mitad de las prestaciones concedidas hasta la fecha son econ¨®micas. "Demasiados subsidios, sin garant¨ªa ni control", critica el presidente de la Fundaci¨®n Edad y Vida, Albert Verg¨¦s. "Lo que era excepcional se est¨¢ convirtiendo en norma. Es necesario a¨²n que cambie el modelo y se profesionalicen las ayudas", afirma Verg¨¦s. La Fundaci¨®n Edad y Vida tambi¨¦n reivindica criterios id¨¦nticos en las comunidades para montar negocios de este tipo. "Esta dispersi¨®n de requisitos est¨¢ poniendo en aprietos al sector", dice.
Con esta opini¨®n coincide Miguel Barrachina, de la Comisi¨®n de Asuntos Sociales del Partido Popular. "Esper¨¢bamos que esta ley armonizara los 17 sistemas de servicios sociales que ya exist¨ªan en las comunidades pero se est¨¢ demostrando que id¨¦nticos problemas se tratan de forma distinta en cada sitio. Hay una generalizada frustraci¨®n". En CiU, el portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso, Carles Campuzano, tambi¨¦n cree que el modelo aprobado "no est¨¢ dando respuesta a los ciudadanos" y subraya la "insostenibilidad financiera del sistema, que no aguantar¨¢ a medio ni largo plazo".
Consciente el Gobierno de lo mucho "que queda por hacer", el secretario general de Dependencia, Francisco Moza, resalta que "de las casi 470.000 personas que ya reciben cobertura, 275.000 han entrado este a?o". Moza explica que el Gobierno est¨¢ modificando el baremo con el que se determina la discapacidad de cada persona para que recoja fielmente a aquellos colectivos de discapacitados a los que no se les valoraba correctamente; tambi¨¦n "se est¨¢n modificando los tr¨¢mites para agilizar la burocracia. El a?o que viene ser¨¢ clave".
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