La pasividad del Consell dej¨® actuar a la trama urban¨ªstica de Ll¨ªber

En apenas un lustro, la faz del t¨¦rmino municipal de Ll¨ªber cambi¨® para siempre. En el mandato comprendido entre 1999 y 2003 el Ayuntamiento presidido entonces por el alcalde del PP Jos¨¦ Mas impuls¨® la construcci¨®n de 300 viviendas -la mayor¨ªa grandes chalets- que eran ilegales porque se autorizaron en suelo r¨²stico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados. El gabinete de Mas y la red de promotoras implicadas pudieron actuar sin ning¨²n control ya que, a pesar de su obligaci¨®n fiscalizadora, la Consejer¨ªa de Territorio, gestionada entonces por el fallecido Jos¨¦ Ram¨®n Garc¨ªa Ant¨®n, no intervino en Ll¨ªber. Tampoco lo hicieron los posteriores responsables del ¨¢rea, Rafael Blasco y Esteban Gonz¨¢lez Pons, que en octubre de 2006 s¨ª actu¨® en Catral y retir¨® la competencia urban¨ªstica al Ayuntamiento, presidido por un alcalde socialista. La fiebre urban¨ªstica de aquellos a?os, cuando muchos residentes europeos estaban dispuestos a pagar un alto precio por una casa en entornos rurales, y una ley que daba un poder inusitado a los agentes urbanizadores y, por tanto, a los promotores.

"Querr¨ªamos irnos lejos, vender, pero tampoco es posible", lamenta un afectado

De aquellos polvos han venido los lodos de la corrupci¨®n urban¨ªstica. La Guardia Civil ha desmantelado una trama concebida para hacer posibles aquellas edificaciones ilegales en la que ya hay implicadas 16 personas: el ex alcalde Jos¨¦ Mas y su ex aparejador han acabado en la c¨¢rcel, as¨ª como el cerebro de la red de las promotoras, un constructor de X¨¤bia. Est¨¢n imputados los otros cinco ediles que formaban aquella corporaci¨®n -entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus-, cuatro constructores m¨¢s, dos abogados, un notario y la ex secretaria municipal.Para los principales implicados en la trama, la titular del juzgado n¨²mero tres de D¨¦nia ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los m¨¢s de 300 propietarios, la mayor¨ªa brit¨¢nicos, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, porque la investigaci¨®n sostiene que el ex alcalde y el ex aparejador habr¨ªan recibido regalos y dinero en met¨¢lico de las promotoras; de prevaricaci¨®n, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y contra la ordenaci¨®n del territorio porque el suelo r¨²stico sufri¨® una plaga de urbanizaciones.

?C¨®mo pudo urdirse una trama de estas caracter¨ªsticas en la que participara el propio Ayuntamiento? Porque nadie lo vigilaba. El Consistorio de Ll¨ªber no s¨®lo cay¨® en la tentaci¨®n, compartida por otros ayuntamientos, de hacer ingresos f¨¢ciles con el urbanismo -entre 2000 y 2005 pas¨® de 550 habitantes a 930- sino que sus responsables habr¨ªan visto una oportunidad de lucrarse. "Fallaron todos los mecanismos de control, se aprovecharon de una ley que daba un poder casi absoluto al agente urbanizador y por si fuera poco hubo alg¨²n notario que tampoco dijo nada cuando se escrituraban viviendas en parcelas que no se ajustaban a la ley", se?al¨® el presidente de Abusos Urban¨ªsticos No, Enrique Climent.

La presunta red delictiva actu¨® sin que nadie la molestara. Los promotores contactaban al cliente, lo tra¨ªan desde el aeropuerto, le mostraban el id¨ªlico paisaje, le vend¨ªan el terreno, le preparaban la escritura, le convenc¨ªan de que todo era legal y obten¨ªan los permisos de edificaci¨®n del ayuntamiento. Tambi¨¦n constru¨ªan y vend¨ªan las casas por precios entre 200.000 euros y un mill¨®n.

"Estamos convencidos de que Ll¨ªber es s¨®lo la punta del iceberg y de que hay otros ayuntamientos que incurrieron en las mismas pr¨¢cticas", asevera el portavoz de Acci¨® Ecologista-Agr¨®, Joan Sala. Poblaciones como l'Atz¨²via o Benitatxell tambi¨¦n est¨¢n en el punto de mira de la justicia.

El alcalde de Ll¨ªber dice que, pese a su implicaci¨®n -la Guardia Civil ha apreciado que vot¨® a favor de algunas licencias propuestas por Mas-, intent¨® parar aquella pr¨¢ctica al llegar al poder en 2003 y puso a la entrada del pueblo un cartel que en ingl¨¦s y castellano advert¨ªa: "Antes de comprar una parcela, verifique su situaci¨®n urban¨ªstica".

?Qu¨¦ hacer con 300 viviendas fuera de ordenaci¨®n, que no pueden venderse? Expertos jur¨ªdicos creen que se avecina un largo y farragoso proceso, y que los propietarios tienen derecho a indemnizaciones, pero deber¨¢n reclamar individualmente.

La soluci¨®n pasa por legalizar el mayor n¨²mero posible de viviendas, como propone el equipo de gobierno. Pero eso s¨®lo ser¨¢ posible en las casas construidas en suelo no urbanizable com¨²n, dado que en este tipo de terrenos "el delito ya ha prescrito, pues han pasado cuatro a?os desde la construcci¨®n de las viviendas". En cambio, los expertos advierten de que las casas en suelo no urbanizable de especial protecci¨®n no ser¨¢n legalizables, ya que el delito no prescribe, y deber¨¢n ser demolidas.

Edward K. tiene setenta a?os, naci¨® en Londres y lleva unos quince a?os en La Marina Alta. Mira primero su casa, que es ilegal, y despu¨¦s el id¨ªlico paisaje de Ll¨ªber. "No comprendemos qu¨¦ ha pasado: querr¨ªamos irnos lejos, vender, pero tampoco eso es posible", se lamenta. "Hemos visto a gente de ochenta o noventa a?os llorando en el Ayuntamiento y eso es muy duro"

relata la hija de otros dos afectados.