125 inocentes, presos por graves errores desde 2002
Justicia ha pagado 500.000 euros a v¨ªctimas de equivocaciones
Los terribles errores que en ocasiones depara la maquinaria judicial no siempre son resarcidos econ¨®micamente. Y si lo son, las cantidades no suelen ser para tirar cohetes. Seg¨²n el Ministerio de Justicia, 125 personas han sufrido grav¨ªsimos errores judiciales (detenciones o condenas carcelarias) entre 2002 y 2009 por actos ajenos. La confusi¨®n de identidades es una de las causas que propician estos errores. En estos a?os, el Estado, a trav¨¦s de Justicia, s¨®lo ha indemnizado en 17 casos, que totalizan unos 500.000 euros. Hay tambi¨¦n expedientes que siguen a¨²n vivos porque las v¨ªctimas, disconformes con la exigua cantidad aprobada, han recurrido. El resarcimiento del Estado a veces es s¨®lo moral y se limita a una admisi¨®n del error.
Una de las causas de estos desaciertos es la confusi¨®n de identidades
Beneficiaria de uno de estos resarcimientos ha sido, por ejemplo, Dolores V¨¢zquez, que se pas¨® 17 meses en la c¨¢rcel por el asesinato de Roc¨ªo Wanninkhof, cuyo autor luego se descubri¨® que hab¨ªa sido Tony Alexander King. Justicia le concedi¨® 120.000 euros, unos 230 euros por cada unos de 519 d¨ªas que estuvo entre rejas. No consta que V¨¢zquez haya cobrado ya esa cantidad, de lo que se infiere que ha recurrido.
El pago m¨¢s abultado se corresponde con un expediente de 2005. Son 132.764 euros fijados por la Audiencia Nacional por un error judicial consistente en que un juez no aplic¨®, en un caso de accidente de tr¨¢fico con v¨ªctimas, el baremo oficial de indemnizaciones. La compensaci¨®n m¨¢s baja de las aprobadas y ya abonadas es de 901 euros a un encausado en 2002. Muchas indemnizaciones son decretadas por los tribunales de lo contencioso-administrativo. Este fue el caso, por ejemplo, de un joven discapacitado ps¨ªquico y f¨ªsico a quien, en 2008, la Audiencia orden¨® resarcir con 90.000 euros, m¨¢s los intereses devengados, tras haber pasado casi dos a?os en la c¨¢rcel falsamente acusado de matar a golpes y mordiscos a un compa?ero de la residencia malague?a en la que estaba.
El Poder Judicial suele intervenir en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado. El ministerio le pide que exponga su opini¨®n sobre errores. El ¨®rgano de gobierno de los jueces no entra en las equivocaciones judiciales puras y duras (encarcelamientos o detenciones por crasas equivocaciones de los juzgados), que son competencia de los tribunales ordinarios. En cambio, s¨ª da su opini¨®n, a favor o en contra de la indemnizaci¨®n, cuando la v¨ªctima acredita que el error es atribuible a un anormal funcionamiento del ¨®rgano judicial: por ejemplo, una dilaci¨®n injustificada del proceso o testigos que sufren un perjuicio econ¨®mico tras ser citados por error a un juicio que, para colmo, luego es, por ejemplo, suspendido. Tambi¨¦n en caso de embargos equivocados de bienes de personas ajenas al proceso judicial.
Los errores judiciales m¨¢s sangrantes surgen cuando los jueces detienen o privan de libertad a un inocente. Luego hay otros que la justicia entiende menos graves y que no siempre son resarcidos: por ejemplo, el encarcelamiento preventivo de un sospechoso que m¨¢s tarde es exculpado mediante sentencia por falta de pruebas.
Seg¨²n el Ministerio de Justicia, entre 2002 y 2009 fueron privadas de libertad y luego quedaron libres de culpa al archivarse la causa contra ellos por falta de pruebas 1.318 personas. Son muchas las personas que se sienten, con mayor o menor raz¨®n, vapuleadas por la justicia y que dan el paso de presentar una reclamaci¨®n. El porcentaje de expedientes estimados, d¨¢ndoles la raz¨®n, apenas llega al 20%. En los ¨²ltimos seis a?os, el ministerio abri¨® 3.707 expedientes por anormal funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia; pero, al final, s¨®lo se estimaron 628. 2006 fue el a?o, en el periodo analizado, con m¨¢s reclamaciones por errores, 620. S¨®lo 83 fueron estimadas.
Grandes fallos que salen muy baratos
Las indemnizaciones que paga el Ministerio de Justicia rara vez son elevadas. Ibolya C. fue detenida el 4 de febrero de 2007 mientras estaba en Murcia en un congreso al que hab¨ªa acudido por motivos profesionales. Un juzgado de Almer¨ªa hab¨ªa emitido contra alguien que ten¨ªa su mismo nombre una orden de busca y captura. Al ser fin de semana, el juzgado almeriense estaba cerrado y el de guardia ignoraba el asunto. Estuvo muchas horas en los calabozos policiales hasta que, al d¨ªa siguiente, laborable, se deshizo el entuerto. Fue detenida en su hotel, delante de otras personas, con la consiguiente verg¨¹enza e impotencia para ella. El ministerio le ha reconocido una indemnizaci¨®n de 1.084 euros, que a¨²n no ha percibido.
El caso de Moustafe G. es a¨²n m¨¢s grave. Le confundieron con otra persona y pas¨® 19 d¨ªas preso por un l¨ªo entre juzgados de Huelva y Granada. Le detuvieron en Lleida en abril de 2006 e ingres¨® en prisi¨®n. Tuvo que buscar y pagar a un abogado que le ayudase a hacer comprender a ambos juzgados que ¨¦l no era la persona sobre la que pesaba una orden de busca y captura para cumplir una condena de un a?o y tres meses de c¨¢rcel. Justicia le ha concedido una indemnizaci¨®n de 2.160 euros, que fue pagada el 3 de febrero. Pero la v¨ªctima de este error discrepa de la indemnizaci¨®n y ha presentado un recurso.
Entre el abanico de crasos errores figura tambi¨¦n el de un padre de San Sebasti¨¢n encarcelado casi dos meses acusado de abusar sexualmente de su hija. A pesar de los informes oficiales que lo exoneraban de culpa, el hombre estuvo encausado durante cinco a?os, y sin poder ver a su hija, hasta que el juzgado, de Ir¨²n, tuvo a bien archivar el caso. El ministerio le reconoci¨® el 20 de julio, por dilaciones indebidas del proceso, una indemnizaci¨®n de s¨®lo 1.000 euros. No ha cobrado a¨²n el dinero porque lo considera escaso para el da?o moral sufrido y ha recurrido.
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