Desconfianza democr¨¢tica y transparencia
Empieza a ser un lugar com¨²n el hablar de desafecci¨®n democr¨¢tica, de distancia entre instituciones y ciudadan¨ªa o de desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan.
La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un a?o se ha duplicado el n¨²mero de espa?oles que afirman que uno de los principales problemas del pa¨ªs son los pol¨ªticos. En porcentaje, la percepci¨®n ciudadana califica ahora ese problema como m¨¢s grave que la amenaza terrorista. El goteo de esc¨¢ndalos que vinculan poder pol¨ªtico y corrupci¨®n no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagn¨®sticos abundan, y la sensaci¨®n de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan m¨¢s all¨¢ de recomendaciones ¨¦ticas y de los encadenados de buenos deseos.
Urge una ley de acceso a la informaci¨®n y m¨¢s mecanismos para controlar a los pol¨ªticos
Por otra parte, el creciente alejamiento de la pol¨ªtica institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente pol¨ªtico-institucionales, pero s¨ª muy vinculadas a las pol¨ªticas concretas (solidaridad, cooperaci¨®n, redes de intercambio). M¨¢s que repliegue a la esfera privada, encontramos la b¨²squeda de una esfera p¨²blica no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren p¨¦rdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aqu¨ª y all¨¢ iniciativas de significaci¨®n colectiva.
Podr¨ªamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participaci¨®n pol¨ªtica centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participaci¨®n centrada en la expresi¨®n (hacerse o¨ªr), la implicaci¨®n (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervenci¨®n (hacer, m¨¢s que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia ¨²nica.
Resulta as¨ª evidente que es m¨¢s f¨¢cil que la acci¨®n pol¨ªtica de la ciudadan¨ªa se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una pol¨ªtica oficial y formal, sentida como ajena.
Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadan¨ªa pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atenci¨®n se dirige a c¨®mo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de inter¨¦s general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qu¨¦ sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor b¨¢sico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar as¨ª la desconfianza que ello genera.
No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democr¨¢tica en el sentido de habilitar la acci¨®n y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadan¨ªa, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo com¨²n a las instituciones.
En Espa?a no disponemos a¨²n de una ley de acceso a la informaci¨®n comparable a la que ya existe en m¨¢s de 80 pa¨ªses del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayor¨ªa de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea, algunos como Suecia con m¨¢s de 200 a?os de tradici¨®n al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de a?o contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitaci¨®n ser¨ªa bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.
Es innegable la significaci¨®n del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de informaci¨®n en Estados Unidos lo pone de relieve. No ser¨¢ f¨¢cil. Las administraciones p¨²blicas espa?olas se han construido desde la unilateralidad y la jerarqu¨ªa, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepci¨®n.
A¨²n produce sonrojo rememorar que la Uni¨®n Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusi¨®n de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advert¨ªa sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrol¨®gico Nacional y que hab¨ªa sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo espa?ol que toda la documentaci¨®n europea est¨¢ obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad espa?ola ya mencionada, no parta de una visi¨®n timorata al respecto.
De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de informaci¨®n y la mejora de relaciones entre ciudadan¨ªa y Administraci¨®n. Una oportunidad para facilitar la participaci¨®n de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuraci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluaci¨®n y rendici¨®n de cuentas.
No deber¨ªamos dejar escapar esa ocasi¨®n para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentaci¨®n administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acci¨®n y las responsabilidades p¨²blicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad pol¨ªtica para avanzar por esa l¨ªnea.
Necesitamos que, por ejemplo, los contratos p¨²blicos, los cambios de calificaci¨®n urban¨ªstica, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando as¨ª la incorporaci¨®n de la ciudadan¨ªa a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus l¨ªmites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones p¨²blicas.
En la c¨¦lebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener "seguras" las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la polic¨ªa en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza p¨²blica que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acci¨®n colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. S¨®lo la movilizaci¨®n social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situaci¨®n que se adivina estructural.
Joan Subirats es director del Instituto de Gobierno y Pol¨ªticas P¨²blicas de la UAB.
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