El Supremo rechaza la obligaci¨®n de las cadenas de financiar el cine

El Tribunal Supremo (TS) ha planteado una cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la ley que obliga a las televisiones a invertir un porcentaje de sus ingresos en cine espa?ol y europeo. El alto tribunal estima que esta norma va en contra de la libertad de empresa que garantiza la Constituci¨®n, restringe la capacidad de las televisiones para decidir el destino de sus inversiones y no responde a razones imperiosas de inter¨¦s general. Desde 1999, cuando el Gobierno del PP impuso a los operadores audiovisuales p¨²blicos y privados la obligaci¨®n de destinar un 5% de sus ingresos anuales a financiar producciones cinematogr¨¢ficas, las cadenas han invertido (forzosamente) m¨¢s de 1.100 millones de euros. Esta ley obliga a grandes cadenas, como Antena 3, Telecinco, TVE y Sogecable. Esta imposici¨®n aparece tambi¨¦n en la Ley General Audiovisual (LGA), que hoy ser¨¢ examinada en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso.

El auto deja claro que la medida no responde a ninguna directiva europea

El Gobierno quiere mantener la imposici¨®n con algunos retoques

El auto de la Sala Contencioso Administrativo del TS, conocido ayer, es un paso m¨¢s en una vieja reclamaci¨®n de la Uni¨®n de las Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca), que ha llegado al Tribunal Europeo de Luxemburgo. Uteca, la entidad que agrupa a las seis cadenas privadas, ha venido reclamando la inconstitucionalidad de una medida que, aunque a rega?adientes, ha cumplido desde hace diez a?os. En esta tarea, las empresas televisivas han sido vigiladas de cerca por el Ministerio de Industria, encargado de hacer el seguimiento de las inversiones.

Ahora, el Supremo reconoce que la imposici¨®n por ley a una o varias empresas del destino forzoso que tienen que dar a sus inversiones -un 5% de sus ingresos, no de sus beneficios, pudi¨¦ndose dar la paradoja de que una televisi¨®n en p¨¦rdidas tuviera que destinar parte de sus ingresos a financiar pel¨ªculas- constituye una restricci¨®n de la libertad de empresa. M¨¢xime cuando esas inversiones no van destinadas a una actividad televisiva sino a una rama econ¨®mica distinta como es la industria cinematogr¨¢fica. "La capacidad de decidir de modo aut¨®nomo d¨®nde y en qu¨¦ invertir los recursos propios es parte del n¨²cleo duro o indisponible de la libertad empresarial", precisa el Supremo. Y a?ade que el legislador no puede, "salvo que est¨¦ fundado en razones imperiosas de inter¨¦s general", imponer "el destino forzoso de las inversiones empresariales".

Deja claro el Supremo que la medida que en su d¨ªa dict¨® el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar no responde a ninguna transposici¨®n de la directiva comunitaria sobre Televisi¨®n sin Fronteras, sino que fue una norma creada por Espa?a al margen de las exigencias de la UE. Adem¨¢s, recuerda que tal obligaci¨®n no era una condici¨®n cuando los operadores privados espa?oles se presentaron al concurso para obtener una licencia. Es decir, que la imposici¨®n es ajena al "r¨¦gimen concesional" que rige su actividad. Es, a juicio del alto tribunal, una obligaci¨®n que nace "extramuros" de las disposiciones que regulan la televisi¨®n en Espa?a.

Adem¨¢s, la obligaci¨®n no es igual para todos. La ley en vigor (y tambi¨¦n la que se tramita en el Congreso) s¨®lo afecta a las cadenas que emiten pel¨ªculas de menos de siete a?os de antig¨¹edad. La LGA, elaborada por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ha incorporado cambios. Aumenta la cuota que tiene que destinar TVE (un 6% de sus ingresos) y permite a las privadas que una parte de su 5% se destine a inversiones en series, documentales y producciones de animaci¨®n, un subsector cada vez m¨¢s potente de la industria audiovisual.

No obstante, el Supremo no cierra la puerta a la posibilidad de que las cadenas contribuyan con su dinero a fortalecer el cine. Estima que la ley podr¨ªa incentivar el uso de los recursos de las televisiones para invertirlos en ese sector a trav¨¦s de f¨®rmulas diversas (incluso fiscales), pero no cree que haya razones para imponer un "sacrificio" que merme la libertad de un sector, garantizada por el art¨ªculo 38 de la Constituci¨®n, para beneficiar a otro.

El auto no es un¨¢nime. Cuenta con el voto particular de un magistrado, partidario de mantener el pol¨¦mico 5% porque es "una obligaci¨®n inherente" al servicio p¨²blico de la televisi¨®n, que limita la libertad de inversi¨®n en determinadas empresas.