Lo p¨²blico y sus paradojas

Hace exactamente dos d¨¦cadas, un economista norteamericano, Dwight Lee, public¨® en una revista acad¨¦mica un breve art¨ªculo que se titulaba, expresivamente, La imposibilidad del deseable Estado m¨ªnimo. El profesor Lee, que con toda probabilidad se sentir¨ªa profundamente desairado si no reconoci¨¦semos que es un convencido economista liberal, puso el dedo en la llaga de muchos neoliberales, que m¨¢s que liberales nuevos son viejos militantes del anarcocapitalismo (o anarquismo de propiedad privada), esa corriente de pensamiento genuinamente norteamericana que ignora que de todos los inventos humanos, penicilina incluida, es el estado de derecho el que mayores cotas de bienestar ha tra¨ªdo a la especie humana. Y meti¨® el dedo en la llaga porque los libertarios ignoran que el mercado es una instituci¨®n social que requiere, no ya para su buen funcionamiento (que sabemos que nunca llega a ser perfecto), sino para su simple existencia, de la preexistencia de una autoridad p¨²blica que garantice el respeto a la iniciativa privada y a los derechos individuales, incluido el derecho a apropiarse del fruto del propio trabajo, sea f¨ªsico o intelectual (y por tanto tambi¨¦n el derecho de los artistas a cobrar por sus creaciones, por poner un ejemplo a la altura de la nueva econom¨ªa sostenible que propugna el presidente Zapatero), as¨ª como la distribuci¨®n equitativa de los costes y de los beneficios que el propio mercado genera.

El mercado requiere para su buen funcionamiento una autoridad p¨²blica

La socialdemocracia galaica confunde la supervisi¨®n con el intervencionismo

La paradoja en que incurren los libertarios reside, por tanto, en que el estado, el ¨¢mbito p¨²blico de decisi¨®n, resulta, desde esa concepci¨®n, necesario para garantizar el funcionamiento de los mercados; pero a la vez la r¨¦mora que impide el pleno desarrollo de la iniciativa privada. Por una parte, alguien tiene que controlar e impedir que en el mercado aparezcan situaciones de dominio que alteran la competencia (y por tanto destruyen el mercado). Pero por otra, cuanto m¨¢s crece el sector p¨²blico, y m¨¢s interfiere en la iniciativa individual, m¨¢s dif¨ªcil es que los mercados cumplan su funci¨®n social primaria, esto es, promover la creaci¨®n de riqueza y el bienestar. Una contradicci¨®n que lleva ya mucho tiempo resuelta entre los acad¨¦micos liberales (sin neo) y tambi¨¦n, desde hace ya algunas d¨¦cadas, entre los socialdem¨®cratas. Se trata, como por doquier podemos observar (desde el Banco Central Europeo a las normas de estabilidad presupuestaria) de regular el comportamiento de los agentes econ¨®micos desde el sector p¨²blico, a trav¨¦s de normas jur¨ªdicas (en democracia, expresi¨®n de la voluntad popular) que establecen los m¨¢rgenes dentro de los cuales los individuos y las empresas se pueden mover con absoluta libertad, as¨ª como los mecanismos de supervisi¨®n que garantizan que ese comportamiento de los agentes econ¨®micos se ajusta a lo previsto en las propias normas.

Los hombres son dados a tropezar dos (o varias) veces en las mismas piedras, incluso cuando se trata de regular desde lo p¨²blico el funcionamiento de los mercados. Recordemos, sin ir m¨¢s lejos, lo que el admirado Amartya Sen le dijo en septiembre de 2008 al candidato John McCain cuando ¨¦ste intentaba vincular, para su ventaja electoral, la crisis financiera que a¨²n colea con su particular cruzada de rearme moral: "Con la actual crisis econ¨®mica cobr¨® nueva fuerza la vieja teor¨ªa de que unos mercados sin restricciones pueden causar una gran confusi¨®n. John McCain responsabiliz¨® a la codicia de Wall Street, pero la codicia no es un fen¨®meno humano nuevo: necesitamos reformas institucionales que conjuguen las contribuciones creativas de los mercados con unas medidas sociales constructivas, incluida una mayor reglamentaci¨®n".

Lo que nos lleva a otra paradoja. La de que sean precisa y exclusivamente los representantes de la socialdemocracia galaica los ¨²nicos que mantengan entre nosotros esa "con-fusi¨®n" (valga la referencia a la reforma de nuestra Lei de Caixas) conceptual entre el refuerzo de la capacidad de supervisi¨®n de los poderes p¨²blicos y el intervencionismo en las decisiones de los agentes econ¨®micos. M¨¢xime cuando ni siquiera estamos hablando de empresas privadas, sino de entidades de origen y car¨¢cter social que operan en mercados libres y abiertos, pero afortunadamente restringidos y supervisados, de acuerdo con la Constituci¨®n y el Estatuto, por la Xunta y por el Banco de Espa?a.