El Supremo carga contra "el desastre urban¨ªstico" que corroe Espa?a
Un fallo pionero avala el uso del Derecho Penal por "la inoperancia administrativa"
Despu¨¦s de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos p¨²blicos implicados en casos de corrupci¨®n urban¨ªstica, el Tribunal Supremo ha constatado "la desastrosa situaci¨®n a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en Espa?a respecto a la ordenaci¨®n del territorio, incluida la destrucci¨®n paisaj¨ªstica". En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del esc¨¢ndalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal" para perseguir los esc¨¢ndalos urban¨ªsticos con m¨¢s eficacia.
El fallo, del que ha sido ponente Siro Garc¨ªa, afirma que "la comunidad de ciudadanos es v¨ªctima de los desprop¨®sitos urban¨ªsticos y que la administraci¨®n urban¨ªstica tambi¨¦n experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenaci¨®n del territorio". El tribunal replica as¨ª al recurso del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que aleg¨® que construir en terreno agr¨ªcola podr¨ªa merecer una sanci¨®n administrativa, pero no era tan grave como para recibir una sanci¨®n penal.
Una sola edificaci¨®n puede suponer un atentado grave contra el paisaje
Carlos Gonz¨¢lez Ant¨®n, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Le¨®n y experto en derecho ambiental, afirma que "es una sentencia muy importante". "En muchos casos, los jueces consideran que el Derecho Penal es la ¨²ltima herramienta y que en infracciones urban¨ªsticas basta con ir por la v¨ªa administrativa", generalmente con penas m¨¢s leves y mucho m¨¢s lenta. Gonz¨¢lez Ant¨®n explica que la sentencia deja claro que "ante la inoperancia de las Administraciones encargadas de perseguir las infracciones urban¨ªsticas, el Derecho Penal y sus jueces deben intervenir directamente".
El jurista a?ade que del fallo se desprende que "no se puede reservar para el Derecho Penal s¨®lo las infracciones urban¨ªsticas muy graves, sino tambi¨¦n para supuestos como el enjuiciado, la construcci¨®n de una vivienda donde se podr¨ªa ampliar un almac¨¦n agr¨ªcola. Desde el punto de vista de protecci¨®n del paisaje, es una sentencia que marca un hito, pues establece que una sola edificaci¨®n puede suponer un atentado grave al paisaje".
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, tambi¨¦n aplaudi¨® el fallo: "La UE, en su directiva sobre protecci¨®n del medioambiente mediante el Derecho Penal, ya reconoci¨® que la v¨ªa administrativa era insuficiente. El Supremo est¨¢ empujando para que la legislaci¨®n existente adquiera relevancia y eficacia".
Aunque la Constituci¨®n ya estableci¨® que la protecci¨®n del medioambiente deb¨ªa contar con sanciones penales, la realidad es que ¨¦stas han sido la excepci¨®n. La sentencia del Supremo llega despu¨¦s de a?os en los que se ha intensificado la lucha contra la corrupci¨®n urban¨ªstica. Entre 2000 y 2006, el suelo urbanizado en los dos primeros kil¨®metros de costa subi¨® un 21,85%.
En 2006, el Gobierno cre¨® la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente y Urbanismo que encabeza Vercher y una unidad especializada de la Guardia Civil contra la corrupci¨®n. Desde entonces, cada provincia cuenta con un fiscal especializado y las condenas por delito ecol¨®gico crecieron en 2008 un 22%.
El catedr¨¢tico de Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria destaca que "el fallo es muy claro, pero llega tarde": "Es una llamada de atenci¨®n a los poderes p¨²blicos y es ilustrativo del grado de impunidad en el que se encuentran las infracciones urban¨ªsticas". Fernando Jim¨¦nez, profesor de Derecho Pol¨ªtico de la Universidad de Murcia, insiste en que la clave debe ser "matizar o limitar las competencias urban¨ªsticas de los ayuntamientos".
Villoria, colaborador de la ONG Transparencia Internacional, se muestra, sin embargo, esc¨¦ptico: "Los jueces apenas dan medidas cautelares para paralizar obras denunciadas y no hay demoliciones. ?Qu¨¦ va a pasar con todos los hoteles ilegales de Lanzarote o con el del Algarrobico [en Almer¨ªa]?".
"La comunidad de ciudadanos es v¨ªctima"
- La Constituci¨®n establece que "los poderes p¨²blicos velar¨¢n por la utilizaci¨®n racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente". Y a?ade: "Para quienes violen el apartado anterior [...] se establecer¨¢n sanciones penales o, en su caso, administrativas, as¨ª como la obligaci¨®n de reparar el da?o causado".
- El Supremo falla ahora que "la desastrosa situaci¨®n a que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en Espa?a respecto a la ordenaci¨®n del territorio, incluida la destrucci¨®n paisajista, justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al Derecho Penal".
- El Tribunal se?ala que "la comunidad de ciudadanos es v¨ªctima de los desprop¨®sitos urban¨ªsticos y que la administraci¨®n urban¨ªstica tambi¨¦n experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenaci¨®n del territorio".
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