Justicia fija en 3,2 millones la transferencia de servicios para las prisiones

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha estimado en un total de 3,2 millones el coste que supondr¨ªa la transferencia de los profesionales sanitarios y docentes en los centros a Euskadi. La consejera Idoia Mendia confirm¨® ayer que la voluntad del Ejecutivo es "avanzar paso a paso en el traspaso de este personal en los pr¨®ximos meses", informa Vasco Press.

Durante su comparecencia ante la Comisi¨®n de Instituciones, Interior y Justicia en el Parlamento vasco, Mend¨ªa se?al¨® que la actual l¨ªnea pol¨ªtica "no tiene como objetivo sustituir el anterior convenio" entre Osakidetza e Instituciones Penitenciarias, sino "asumir progresivamente el r¨¦gimen competencial". El primer paso del Departamento de Justicia ha sido realizar "un estudio detallado del coste de la transferencia".

Actualmente, son nueve los profesores de EGB pertenecientes al cuerpo de maestros los que trabajan en las penitenciar¨ªas vascas. Tres en Basauri, cuatro en Nanclares de Oca y dos en Martutene. A este n¨²mero habr¨ªa que sumar los 15 docentes adscritos a centros Educaci¨®n Permanente de Adultos, compuestos por 9 maestros y 6 profesores de secundaria. Seg¨²n los primeros c¨¢lculos que maneja el departamento de Mendia, el coste total de la transferencia del personal docente de las prisiones se situar¨ªa en 1,2 millones.

Personal sanitario

Por otro lado, seg¨²n datos de Osakidetza, el personal sanitario lo componen un total de 12 facultativos, 17 ATS y 6 auxiliares de enfermer¨ªa. Esto sit¨²a el coste total de la transferencia del personal sanitario de prisiones en 2,1 millones.

Por otro lado, la consejera se ha mostrado decidida a poner en marcha un programa de promoci¨®n de los trabajos en beneficio a la comunidad "como medida de cumplimiento de penas que nos permita duplicar en un a?o el n¨²mero de plazas existentes". Para Mendia, las 356 plazas actuales -156 en ?lava, 130 en Vizcaya y 70 en Guip¨²zcoa- son una oferta "insuficiente" para cubrir la creciente demanda de medidas alternativas a las penas de prisi¨®n.

Los trabajos en beneficio de la comunidad "son una medida igualitaria, puesto que no dependen de la capacidad econ¨®mica de las personas; se cumplen en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado; y promocionar valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien com¨²n", ha dicho. Para aumentar el n¨²mero de plazas, el Departamento de Justicia va a pedir "implicaci¨®n" a los ayuntamientos, especialmente a los de mayor poblaci¨®n.