La futura divisi¨®n territorial catalana tensa de nuevo al tripartito

El Gobierno tripartito de Catalu?a sigue desarrollando el Estatuto sin esperar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP en contra de su articulado. El Ejecutivo de Jos¨¦ Montilla quiere llevar a la pr¨¢ctica la nueva divisi¨®n territorial que fija el Estatuto y que consiste en sustituir las cuatro provincias por siete territorios denominados veguer¨ªas. Un plan que ha levantado la en¨¦sima broca interna entre los socios del Gobierno. El nuevo dise?o territorial deb¨ªa aprobarse hoy, pero las reticencias del PSC y la guerra abierta entre alcaldes de todos los partidos, que temen perder poder, han obligado a demorarlo. Por lo menos una semana.

La veguer¨ªa es una demarcaci¨®n hist¨®rica de Catalu?a de origen medieval, que persisti¨® hasta el XVIII. Entonces fue sustituida por el corregimiento a ra¨ªz del Decreto de Nueva Planta promulgado por el rey Felipe V. En el imaginario del nacionalismo catal¨¢n, la veguer¨ªa implicar¨ªa acabar con las provincias y recuperar los "territorios hist¨®ricos". Sin embargo, la modificaci¨®n de los l¨ªmites provinciales se antoja por ahora imposible, dado que cualquier cambio en este sentido requiere del acuerdo de las Cortes.

El PSE pide tiempo para aprobar el plan mientras ICV lo ve innecesario

A la vista de esta situaci¨®n, el Gobierno catal¨¢n, y en especial ERC, ha impulsado un anteproyecto de ley de m¨ªnimos que divide Catalu?a en siete veguer¨ªas que asumir¨ªan buena parte de las funciones de las diputaciones provinciales, aunque no deja claro si ¨¦stas desaparecer¨¢n.

El documento sienta las bases para crear una nueva Administraci¨®n supramunicipal en Catalu?a, que podr¨ªa sumarse a la ya abultada trama de municipios, mancomunidades, consejos comarcales, diputaciones y gobierno auton¨®mico.

El eventual incremento del n¨²mero de funcionarios, las rivalidades territoriales para hacerse con la capitalidad de estas veguer¨ªas y las dudas sobre la constitucionalidad de la nueva divisi¨®n han puesto al l¨ªmite la capacidad de maniobra de Jos¨¦ Montilla. El presidente de la Generalitat debe lidiar con unos socios de Esquerra Republicana que han convertido el asunto en un verdadero term¨®metro que medir¨¢ su influencia en el Ejecutivo en la recta final de la legislatura y le apremian para que apruebe el proyecto en el Consejo de Gobierno.

Las dudas de dirigentes del PSC y de buena parte de sus principales alcaldes, que piden aparcar el proyecto hasta pasadas las elecciones, complican todav¨ªa m¨¢s la decisi¨®n del presidente Montilla. Mientras, el portavoz de los socialistas, Miquel Iceta, manifest¨® ayer que el proyecto es "irrenunciable" y record¨® que forma parte de los acuerdos de Gobierno; pero pidi¨® tiempo para lograr consenso. A todo esto, la tercera pata del tripartito, ICV-EUiA, considera que esta ley no es prioritaria.

Al frente de la oposici¨®n al proyecto se ha situado la poderosa Diputaci¨®n de Barcelona, basti¨®n del PSC desde hace 30 a?os y una m¨¢quina de repartir subvenciones a los municipios de la provincia. Un informe interno critica la nueva divisi¨®n por "inoportuna", porque "puede consolidar una tendencia al incrementalismo (sic) y al aumento del gasto". Adem¨¢s, asegura que crear¨ªa una nueva administraci¨®n "de dif¨ªcil direcci¨®n pol¨ªtica" y recuerda que habr¨ªa que pasar por las Cortes.

Los primeros en presentar alegaciones al proyecto fueron, ayer, el Consejo General de Aran, que cuenta con ley propia y quiere mantenerse al margen de las veguer¨ªas; y el Ayuntamiento Lleida, que rechaza que la provincia se divida en tres partes.

A todas estas diferencias se suma el papel desestabilizador que est¨¢ jugando CiU que, apartada del poder auton¨®mico desde hace a?os, ha enmara?ado tanto como ha podido el proceso a base de atizar las disputas territoriales en los numerosos municipios donde gobierna.