Una mirada sobre el 'Alakrana'

Para entender mejor asuntos poco pac¨ªficos, suele ser buena t¨¦cnica valerse de la ayuda que proporciona la distancia entre el momento de percibir la noticia y el de su valoraci¨®n.

Alejados ya de la primera atenci¨®n de la actualidad, el tiempo nos revela con mayor claridad elementos que subyacen en el caso del Alakrana y que vician con su enredo el planteamiento y el desenlace de su azarosa trama. Entre esos hilos trabados, destaca sobre todo la particular promiscuidad que se da entre materias pol¨ªticas y jur¨ªdicas. Es cierto que los l¨ªmites entre el derecho y la pol¨ªtica no son siempre n¨ªtidos, como puede llegar a suceder con dos viejas ramas de un frondoso ¨¢rbol milenario, pero la adecuada formulaci¨®n de los t¨¦rminos del debate precisa la distinci¨®n de ambos planos, pues cada uno brota del tronco com¨²n con singularidad propia y orienta sus frutos en una direcci¨®n.

Si el Gobierno actu¨® sin rumbo claro, hay responsabilidades pol¨ªticas graves

Empezando por lo jur¨ªdico, antes de emitir su juicio el ciudadano habr¨ªa de saber que el marco normativo en el que se plantea este asunto no es claro ni completo. El r¨¦gimen jur¨ªdico del Derecho Mar¨ªtimo internacional es un cuerpo mutilado de normas inconexas de distinto alcance. Se da, adem¨¢s, la circunstancia de que en la esfera internacional no opera una distinci¨®n de poderes equiparable a la de un Estado democr¨¢tico avanzado: los sujetos de derecho, los Estados, son a un tiempo, tambi¨¦n, los que crean y aplican las normas, con un grado de cumplimiento s¨®lo modesto. De ah¨ª que no est¨¦n fundados muchos de los reproches formulados contra la actuaci¨®n del Gobierno, porque, Derecho del Mar en mano, no pod¨ªa hacerse mucho m¨¢s.

Aunque, a la vista de la prolija normativa internacional, atribuir la condici¨®n de pirata no resulta f¨¢cil, porque son muchos los actos de violencia cometidos en alta mar que quedan excluidos de la regulaci¨®n sobre pirater¨ªa, parece fuera de toda duda que los que perpetraron el ataque merecen esta calificaci¨®n y, por consiguiente, pudieron ser leg¨ªtimamente sometidos a las normas anti-pir¨¢ticas.

La principal particularidad del r¨¦gimen que combate la pirater¨ªa es la anulaci¨®n del estatuto de inmunidad de jurisdicci¨®n previsto en el Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar de 1982. Seg¨²n este texto, todo Estado puede apresar, en alta mar o en cualquier lugar no sometido a la jurisdicci¨®n de ning¨²n Estado, al buque o aeronave pirata o al buque o aeronave capturado como consecuencia de actos de pirater¨ªa que est¨¦ en poder de piratas, y puede asimismo detener a las personas e incautarse de los bienes que se encuentren a bordo. La intervenci¨®n de un Estado concreto determina, a su vez, la competencia de sus tribunales para conocer los hechos y decidir las penas.

Por otra parte, la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial consagra el principio de justicia universal y expresamente reconoce la competencia de los tribunales espa?oles para el conocimiento del delito de pirater¨ªa y de apoderamiento il¨ªcito de aeronaves fuera del territorio nacional, sean cometidos por espa?oles o extranjeros.

A la vista de estas normas y con la informaci¨®n que llega a la ciudadan¨ªa, ha de reconocerse, en principio, la correcci¨®n jur¨ªdica de la actuaci¨®n del Gobierno: un buque pirata act¨²a en aguas internacionales sobre otro buque de bandera espa?ola, lo que origina que nuestras Fuerzas Armadas, siguiendo instrucciones del poder pol¨ªtico, detengan a dos de los piratas y los pongan a disposici¨®n de tribunales espa?oles.

Fuera de la letra de la norma, sin embargo, quedan importantes cabos sueltos. Cabos de orden pol¨ªtico. Son muchas las preguntas que los ciudadanos seguimos haciendo y que el Gobierno desatiende con un silencio que el tiempo s¨®lo puede agravar: ?qui¨¦n y por qu¨¦ dio orden de detener a los piratas y traerlos a Espa?a, una vez que el buque estaba secuestrado? ?Qui¨¦n y c¨®mo ha ordenado el pago del rescate? ?Con qu¨¦ fondos? ?El Gobierno espa?ol ha colaborado, coordinado, condicionado o conocido ese pago? ?Por qu¨¦ no se pudo detener al resto de los piratas una vez liberados los tripulantes del Alakrana? Estas y otras preguntas permanecen sin respuestas y de ellas depende la valoraci¨®n de la actuaci¨®n pol¨ªtica del Gobierno. No es razonable pensar que el comandante de la fragata Canarias actuara por propia iniciativa al detener a los dos piratas, de igual forma que resulta dif¨ªcil aceptar, sin m¨¢s, que la Armada espa?ola no fuera capaz de apresar a los piratas tras la liberaci¨®n de los tripulantes.

Si, como parece, el Gobierno ha actuado sin rumbo claro y determinado, cambiando sin criterio su parecer e incurriendo en contradicciones internas, la responsabilidad es grave y debe sustanciarse pol¨ªticamente. El Estado espa?ol ha salido debilitado de esta crisis y ello no deber¨ªa diluirse como humo en el aire. Corresponde al ciudadano exigir de su Gobierno mayor respeto y diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de informaci¨®n y justificaci¨®n de sus actos, que particularmente en el ¨¢mbito internacional nunca deben sustentarse en impulsos reactivos a circunstancias del momento y ajenos a la consideraci¨®n de las consecuencias que se producen a largo plazo.

Juan Luis Pulido Begines es catedr¨¢tico de Derecho Mercantil y autor del libro Instituciones de Derecho de la navegaci¨®n mar¨ªtima.