Hay que contar m¨¢s cosas

La decisi¨®n que tome la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso presentado por los periodistas de la Cadena SER Daniel Anido y Rodolfo Irago contra la sentencia que les conden¨® a 21 meses de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n profesional por una informaci¨®n sobre afiliaciones irregulares en el PP es de enorme importancia porque no se trata de fijar qu¨¦ tienen derecho a publicar o difundir los periodistas, sino de determinar qu¨¦ tienen derecho a saber los ciudadanos. Lo que importa no es que la Audiencia rebaje las penas, como han sugerido algunos pol¨ªticos, sino la absoluci¨®n plena de los periodistas, porque lo que est¨¢ en juego no es algo que se calcule en d¨ªas de c¨¢rcel, sino en poder ejercer un derecho o no, algo que no admite medias tintas.

Si algo se puede reprochar a los medios de comunicaci¨®n es no profundizar, no informar plenamente

El derecho a informar sobre hechos verdaderos que ata?en al inter¨¦s p¨²blico es la esencia del periodismo y una de las principales herramientas de la democracia. Por eso sorprende tanto la actitud de la Fiscal¨ªa General del Estado, encargada te¨®ricamente de defender a la sociedad y los derechos ciudadanos, y dispuesta en este caso a proporcionarle un tajo formidable, que todos tendremos ocasi¨®n de lamentar en el futuro, caso de prosperar.

Si algo se le puede, y debe, reprochar a los medios de comunicaci¨®n (webs informativas incluidas) es no profundizar, no informar plenamente sobre hechos que deben ser conocidos por los ciudadanos para tomar sus decisiones. ?se suele ser nuestro mayor error, y ya va siendo hora de que dejemos de preguntarnos si algo se debe publicar o no y nos esforcemos en contestar a esta otra interrogante: ?estamos revelando toda la informaci¨®n significativa para el inter¨¦s p¨²blico de que disponemos?

Eso es lo que importa en estos tiempos de crisis y de confusi¨®n. Confiemos en nuestro oficio y reivindiquemos claramente la utilidad p¨²blica de revelar informaciones que afectan a los ciudadanos y que diferentes poderes, pol¨ªticos, econ¨®micos o sociales, quieren mantener en secreto. Lo que Irago y Anido difundieron en la SER (empresa que pertenece al mismo grupo que EL PA?S) es un intento de realizar afiliaciones irregulares a un partido (el PP) con responsabilidades municipales. Publicar los 78 nombres que, con id¨¦ntico domicilio, pasaban a engrosar irregularmente la agrupaci¨®n en Villaviciosa de Od¨®n era, precisamente, un imperativo profesional. Hicieron lo que ten¨ªan que hacer.

No es nuevo que se pretenda reducir el ¨¢mbito de trabajo de los periodistas. Lo que es nuevo es que esta ofensiva manifiesta contra el periodismo, al que se le niega la obligaci¨®n de vigilar los abusos de los diferentes poderes, o se le exigen condiciones imposibles de cumplir, empieza a extenderse por todo el mundo, alentado por delincuentes multimillonarios, pol¨ªticos corruptos y sinverg¨¹enzas variados que utilizan los tribunales y la defensa de la intimidad como un escudo que esconda su realidad. Londres, con su dura legislaci¨®n protectora de la intimidad, aseguran muchos periodistas brit¨¢nicos, se est¨¢ convirtiendo en el refugio de todos los dudosos multimillonarios ucranianos, rusos o del C¨¢ucaso, que demandan a los peri¨®dicos locales que se atreven a investigarles con el pretexto de que cuelgan sus informaciones en p¨¢ginas web que pueden ser vistas en el Reino Unido.

Los tribunales deber¨ªan estar atentos para evitar este despliegue de humo, y los periodistas deber¨ªamos saber que hay que respetar el derecho a la intimidad, por supuesto, pero que nuestro principal problema es que no contamos suficientes cosas y no averiguamos suficientes verdades. En 2007, una web danesa fue condenada en Londres por difundir informaciones sobre la solvencia de un banco de inversiones island¨¦s. En 2009, la Oficina contra el Fraude del Reino Unido abri¨® una investigaci¨®n contra ese banco por delitos de fraude. Sepan, por lo menos, esos periodistas daneses, como Irago y Anido, que tienen el respeto de sus colegas en todo el mundo.