Juristas concluyen que el decreto del gallego viola leyes estatales y europeas

La Constituci¨®n, el Estatuto, la Lei de Normalizaci¨®n Ling¨¹¨ªstica y el plan que la desarrolla, y la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, asumida por el segundo Gobierno de Aznar y con rango de ley, son las normas con las que, a juicio de un grupo de juristas, choca el borrador para el Decreto do Pluriling¨¹ismo de la Xunta. El an¨¢lisis jur¨ªdico, refrendado por m¨¢s de medio centenar de abogados, jueces, fiscales y profesores universitarios, atribuye a la redacci¨®n de las denominadas bases "un preocupante desconocimiento del marco constitucional y estatutario que rige el uso de las lenguas oficiales".

Entre los 60 expertos que suscriben el dictamen figuran jueces, fiscales y catedr¨¢ticos; el decano de Colegio de Abogados de Vigo, Alfonso ?lvarez G¨¢ndara, y juristas que ocuparon altos cargos en el bipartito, como el ex secretario general de la Presidencia de la Xunta Guimersindo Guinarte o el ex responsable de Relaci¨®ns Institucionais Xo¨¢n Ant¨®n P¨¦rez Lema. El estudio, "de car¨¢cter ¨²nicamente t¨¦cnico y jur¨ªdico", se funda en cinco puntos que cuestionan los aspectos centrales de los prop¨®sitos de la Conseller¨ªa de Educaci¨®n. Los ponentes despliegan un amplio repertorio de argumentos basado en la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional.

"Las familias s¨®lo pueden elegir, matizadamente, en formaci¨®n religiosa"

"El derecho a la educaci¨®n es un derecho fundamental que la Constituci¨®n ordena garantizar a los poderes p¨²blicos y en el que s¨®lo se reconoce un ¨¢mbito de elecci¨®n matizado en la formaci¨®n religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de la familia", afirman para contraponer a la intenci¨®n del Gobierno de que los padres voten el idioma de las asignaturas o de la Educaci¨®n Infantil.

Sobre la regulaci¨®n de la lengua de las materias, los juristas exponen la sentencia 88/1983 del Constitucional: "Una regulaci¨®n de los horarios m¨ªnimos que no permita una ense?anza eficaz de ambas lenguas incumplir¨ªa el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n". El juez Lu¨ªs Villares denuncia, adem¨¢s, "una confusi¨®n entre la igualdad como medio y la igualdad como fin", para concluir que "se trata igual a los que son iguales y desigual a los que son desiguales". "Y el gallego se encuentra en una situaci¨®n de desigualdad y hay que promocionarlo; est¨¢ jur¨ªdicamente probado".

Tampoco la introducci¨®n del ingl¨¦s escapa de la controversia jur¨ªdica. El informe cita los fallos del Constitucional y del Superior de Valencia que impidieron a la Generalitat valenciana impartir en ingl¨¦s Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa. "El uso de las lenguas oficiales tiene como finalidad", afirma el dictamen, "hacer que los ciudadanos conozcan las lenguas oficiales, coloc¨¢ndolos en una posici¨®n de igualdad y libertad para escoger". La profesora de Derecho Administrativo Alba Nogueira se explay¨® sobre la necesidad, recogida en la Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n, de que los docentes acrediten un elevado nivel de ingl¨¦s -an¨¢logo al "avanzado 2" de la Escola Oficial de Idiomas, es decir, seis a?os de estudios- para poder dar clase en ¨¦l.

La Carta Europea de las Lenguas Regionales comprometi¨® al Estado espa?ol a ofrecer "en el ¨¢mbito de la educaci¨®n ense?anza en las lenguas propias en todos los niveles de la educaci¨®n". Ratificado en 2001, el tratado posee rango de ley, forma parte del ordenamiento jur¨ªdico y s¨®lo puede ser modificado mediante el mecanismo destinado a hacerlo con acuerdos internacionales. "La posibilidad que abren las Bases [el borrador de decreto]", consideran los firmantes, "de que en el tramo de educaci¨®n infantil se puedan erradicar la presencia del gallego si as¨ª lo votan los padres supondr¨ªa una violaci¨®n rotunda de la Carta". El informe sostiene adem¨¢s que un decreto no puede sustituir el mandato estatutario que convierte al gallego en la lengua de uso general en la Administraci¨®n.