Espa?a aprieta a Portugal para que entregue a dos etarras

Espa?a intensifica la presi¨®n ante la previsible demora de la entrega de los dos presuntos etarras detenidos en Portugal el 9 de enero. Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, estuvo el lunes y martes en Lisboa para hablar de este asunto con el procurador (fiscal) general de la Rep¨²blica, Fernando Pinto Monteiro. Tambi¨¦n est¨¢n en Portugal agentes antiterroristas de la Guardia Civil, que colaboran en las investigaciones de la Polic¨ªa Judicial (PJ) tras la detenci¨®n de Iratxe Y¨¢?ez Ortiz de Barr¨®n, de 29 a?os, y Garikoitz Garc¨ªa Arrieta, de 32, tras ser interceptados por la Guardia Civil cuando trasladaban una camioneta con explosivos. Ahora el ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, ha pedido a su hom¨®logo portugu¨¦s, Rui Pereira, que agilice "al m¨¢ximo" los tr¨¢mites para la entrega.

La presunta terrorista declar¨® que tiene un novio en Coimbra

En el Gobierno espa?ol no ha sentado nada bien el plazo de 20 d¨ªas concedido por el Tribunal de Apelaciones de Lisboa a la defensa de los presuntos etarras para la preparaci¨®n de las alegaciones. Cada d¨ªa que pasa cunde el ¨¢nimo de que el tema va largo.

La unidad antiterrorista de la PJ contempla distintos escenarios posibles en su investigaci¨®n sobre la presencia de ETA en territorio luso, como instalar una base log¨ªstica, hacer acopio de explosivos en las canteras del Norte de Portugal o, simplemente, utilizar el territorio portugu¨¦s como ruta de tr¨¢nsito. Fuentes policiales admiten que el escaso control de los explosivos en las canteras, cuyo consumo s¨®lo queda registrado en un libro de cada empresa, refuerza la tesis de que ETA podr¨ªa dirigir su atenci¨®n hacia explotaciones mineras lusas.

Seg¨²n el semanario Expresso, Iratxe Y¨¢?ez declar¨® a la polic¨ªa que se dirig¨ªa a Coimbra, donde le esperaba su novio, estudiante en el segundo distrito universitario portugu¨¦s. Un dato que, de confirmarse, indicar¨ªa que la presunta etarra est¨¢ bastante familiarizada con Portugal. Los investigadores hurgan en el ordenador port¨¢til que llevaba Y¨¢?ez, para descifrar las relaciones de ETA con Portugal. "Cuando supe de qu¨¦ material se trataba tuve claro que era para crear una base de ETA, transitoria o no, en Portugal", dice Jos¨¦ Manuel Anes, presidente in p¨¦ctore del Observatorio de Seguridad, Crimen organizado y Terrorismo, con 20 a?os en la PJ a sus espaldas. "Aqu¨ª hay gente que tiene que ser investigada", insiste, y para empezar se?ala a los peque?os c¨ªrculos de solidaridad con los detenidos y presos de ETA, como la Asociaci¨®n de Solidaridad con Euskal Herria.

Mientras, Jos¨¦ Galamba, abogado de los dos presuntos etarras, prepara su estrategia para evitar la entrega a Espa?a. Tratar¨¢ de convencer al Tribunal de Apelaciones de Lisboa de que las garant¨ªas individuales de sus clientes estar¨¢n en peligro si caen en manos de la polic¨ªa espa?ola, y que los delitos de colaboraci¨®n con banda armada y tenencia de explosivos y armas, entre otros, pueden ser juzgados en Portugal. Es poco probable que el juez atienda los razonamientos de la defensa, pero Galamba est¨¢ dispuesto a recurrir ante el Tribunal Supremo y hasta el Constitucional.

Galamba es tambi¨¦n el abogado de Jos¨¦ Luis Telletxea, presunto etarra detenido en Portugal en 1996. Espa?a pidi¨® la extradici¨®n, que fue rechazada por Portugal en un largo proceso que lleg¨® hasta el Tribunal Supremo. Posteriormente, el Servicio de Extranjer¨ªa del Ministerio portugu¨¦s de Administraci¨®n Interna pidi¨® la expulsi¨®n de Telletxea, por carecer de documentaci¨®n que, supuestamente, perdi¨® en un robo. El caso lleg¨® al Tribunal Supremo Administrativo, que el 5 de febrero de 2003 fall¨® a favor de la concesi¨®n de la residencia. "Para la Administraci¨®n Telletxea es como un Ovni, no existe, pero ante los tribunales s¨ª", a?ade. La paradoja es que Telletxea vive en Portugal, tiene una hija, trabaja por cuenta propia, pero carece de permiso de residencia. No puede salir del pa¨ªs, al menos legalmente.

Galamba est¨¢ dispuesto a reavivar el caso Telletxea, pero hoy Portugal tiene la ley 65/2003, adaptaci¨®n de la orden europea de detenci¨®n, que sustituye anteriores disposiciones en materia de extradici¨®n y acelera la entrega de presuntos terroristas entre Estados de la UE. Portugal afronta el desaf¨ªo de aplicar por primera vez la nueva normativa.