Autonom¨ªa pol¨ªtica

El Supremo ha cortado por lo sano la tentativa de invadir la autonom¨ªa del Gobierno maquinada por grupos de la derecha radical que enarbolan enga?osamente las banderas del Estado de Derecho y de la separaci¨®n de poderes. La c¨²pula del Poder Judicial ha mostrado su lealtad a la Constituci¨®n al desautorizar las maniobras a favor del llamado gobierno de los jueces que las tendencias al abuso inscritas dentro de las propias instituciones contramayoritarias -apunta Pierre Rosanvallon en La legitimidad democr¨¢tica (Paid¨®s, 2010)- podr¨ªan facilitar.

Las asociaciones Foro Ermua y Dignidad y Justicia interpusieron a mediados de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV), como acusaciones populares, una querella contra el lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe y contra los socialistas Patxi L¨®pez (su sucesor en el cargo) y Rodolfo Ares (actual consejero vasco de Interior) por un estrafalario delito de desobediencia en tanto que cooperadores necesarios por haberse reunido (el 19 de abril y el 6 de julio de 2006, respectivamente) con Arnaldo Otegi y otros cuatro antiguos dirigentes de la ilegalizada Batasuna (tambi¨¦n querellados). Esas publicitadas reuniones se propon¨ªan explorar las posibilidades -luego frustradas- de un final dialogado de la violencia abiertas por la tregua de ETA de marzo de 2006. El delito de desobediencia habr¨ªa sido cometido por el incumplimiento de la sentencia de la Sala Especial del Supremo de marzo de 2003 que disolvi¨® Batasuna y prohibi¨® sus actividades.

La utilizaci¨®n del derecho penal para corregir la direcci¨®n pol¨ªtica del Gobierno ser¨ªa un fraude constitucional

El TSJPV neg¨® hasta seis veces las peticiones de sobreseimiento de los querellados. El obcecado empe?o del tribunal por celebrar la vista oral a toda costa perdi¨® cualquier justificaci¨®n razonable tras un auto del Supremo que rechaz¨® a finales de 2006 una querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno y altos cargos y dirigentes socialistas (entre ellos, Patxi L¨®pez) por los mismos hechos. Finalmente, el TSJPV dict¨® el 15 de enero de 2009 -semanas antes de las elecciones vascas- el archivo de la causa con el argumento de que los acusadores p¨²blicos no pod¨ªan por s¨ª solos (el fiscal hab¨ªa desistido) mantener el ejercicio de la acci¨®n penal.

Aceptados el recurso de casaci¨®n interpuesto contra el auto del TSJPV por los querellantes y la cuesti¨®n previa sobre el fondo del objeto del proceso planteada por Ibarretxe, el Supremo ha accedido a las dos pretensiones. Por una parte, reconoce al Foro de Ermua y a Dignidad y Justicia legitimidad procesal para promover la vista oral como acusaciones p¨²blicas. Por otra, sin embargo, dicta el sobreseimiento libre de la causa por razones de fondo. La direcci¨®n de la pol¨ªtica -confirma el Supremo- corresponde al Gobierno democr¨¢ticamente elegido, no a la jurisdicci¨®n penal; ser¨ªa un fraude constitucional pretender lo contrario. Aplicado ese principio a las conversaciones de Ibarretxe y Patxi L¨®pez con Batasuna, el di¨¢logo en busca "de la mejor opci¨®n de gobierno que garantice la ordenada convivencia social" no puede ser criminalizado por los tribunales penales.