Contra el endurecimiento de las penas

Los delitos graves que afectan a la vida, salud o libertad sexual despiertan emociones de ira y venganza en las v¨ªctimas y sus allegados. Los medios de comunicaci¨®n difunden esos sentimientos al resto de la comunidad, alimentando un clima colectivo, siempre latente, que afirma la impunidad de los delincuentes, provocando desconfianza en el funcionamiento de la justicia. Es cierto que algunas decisiones u omisiones de los agentes del sistema son err¨®neas y otras incomprensibles, por lo que dan p¨¢bulo a la desconfianza. Aunque son excepcionales las que inciden en la seguridad, al ser recordadas una y mil veces construyen una apariencia de normalidad. El esc¨¢ndalo es siempre interesado, se desentiende de la condena o la persecuci¨®n injusta de un inocente -cuando se llega a descubrir- que en alguna medida es consecuencia de las demandas p¨²blicas de rigor patibulario.

Las consecuencias del encierro son terribles: a partir de veinte a?os, el deterioro es irreversible

La aplicaci¨®n de penas de prisi¨®n vitalicia no elimina el dolor de los que han sido vejados

Algunos sectores de la pol¨ªtica tratan de satisfacer ese estado de opini¨®n, que previamente han propiciado, con soluciones definitivas en clave electoral: incrementar las penas hasta el l¨ªmite de la vida del condenado. La cadena perpetua. Trasladan un mensaje de que las penas de prisi¨®n eficaces deben afectar a toda la vida del agresor. Con lo que pueden convertir las c¨¢rceles en contenedores de desechos humanos. Olvidan que nuestro c¨®digo establece el l¨ªmite m¨¢ximo de las penas de prisi¨®n en 30 y 40 a?os. ?Se puede intuir qu¨¦ supone estar 30 a?os en un espacio cerrado, entre la celda y el patio, donde hasta los detalles m¨¢s insignificantes de la vida privada se encuentran vigilados? ?No es suficiente sanci¨®n? El tiempo, que en libertad se nos escapa por momentos, dentro de la prisi¨®n se hace eterno.

La cadena perpetua no es garant¨ªa de nada. Es m¨¢s eficaz una medida inmediata y dotada de contenido eficaz para evitar la reincidencia, que otra extens¨ªsima que desresponsabilice y cronifique en el delito o convierta a un ser humano en un discapacitado perpetuo para la sociabilidad. Sobre todo, porque los que suelen acabar pagando el pato del endurecimiento penal no suelen ser sus destinatarios inmediatos (peligrosos delincuentes), sino, como en otros ¨®rdenes de la vida, los m¨¢s desgraciados.

Dichos sentimientos, objeto de manipulaci¨®n medi¨¢tica, s¨®lo pueden calmarse mediante la informaci¨®n, que permite un cabal conocimiento de la realidad. Los expertos del sistema penal y penitenciario han sido expulsados del debate p¨²blico, sus opiniones no cuentan cuando se trata de reformar las instituciones. Juristas y acad¨¦micos no pueden aceptar la desaparici¨®n de ese espacio de pedagog¨ªa ciudadana, que es ocupado de manera exclusiva y oportunista por otros. A informar van destinadas estas l¨ªneas.

Los datos desmienten que vivamos en un estado de impunidad. La sensaci¨®n de impunidad e ineficacia se sustenta en falsas creencias sobre la lenidad del sistema. Espa?a tiene la tasa menor de criminalidad violenta entre los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea; no s¨®lo estamos por debajo de la media, la delincuencia ha descendido desde hace 20 a?os. Por el contrario, contamos el porcentaje m¨¢s alto de presos: 76.000 personas confinadas, que significa una relaci¨®n de 166 por cada 100.000 habitantes. Se ha producido un incremento de la poblaci¨®n penitenciaria del 400% en el periodo de 1980 a 2009, frente a un crecimiento del 20% de la poblaci¨®n adulta. Mientras tanto, Holanda cierra c¨¢rceles y Portugal tiene penas y formas de ejecuci¨®n en algunos casos la mitad de gravosas que las nuestras, sin merma alguna para la seguridad de los ciudadanos. Si de la comodidad de las c¨¢rceles se habla, nuestros conciudadanos que nunca estuvieron presos deben saber que las consecuencias del encierro son terribles, f¨ªsica y psicol¨®gicamente; a partir de 20 a?os el deterioro es irreversible. El sufrimiento que infligen las penas de prisi¨®n es inconmensurable, y cuando debido al tiempo de duraci¨®n o al rigor en el cumplimiento se desborda la capacidad humana de tolerancia, la pena pierde su legitimidad. Ning¨²n ciudadano est¨¢ exento de entrar en una c¨¢rcel, al menos por un infortunio o una negligencia. Si entran ellos, o sus hijos o sus familiares, aprender¨¢n a convivir con el hacinamiento, la despersonalizaci¨®n, la enfermedad mental y la muerte: en torno a 250 fallecidos en el a?o 2009 dentro de las c¨¢rceles. Si se pretende prevenir el delito con la cadena perpetua hay que recordar que ya existe en Espa?a, y no s¨®lo para los delitos m¨¢s violentos. Seg¨²n datos de la Administraci¨®n, en las c¨¢rceles espa?olas viven 345 personas que cumplen condenas superiores al l¨ªmite de los 30 a?os -la pena mayor es de 110 a?os-, y ello porque no resulta aplicable dicho l¨ªmite al tratarse de penas que no se pueden acumular.

La sensaci¨®n de impunidad se sustenta en el mito de que las penas no se cumplen, que una vez transcurrido un breve tiempo en prisi¨®n los condenados salen en libertad. Sin embargo, todas las penas cuya ejecuci¨®n se inicia se cumplen ¨ªntegramente, y s¨®lo una peque?a parte -actualmente el 17%- llegan a hacerlo en un r¨¦gimen de semilibertad: el tercer grado, que permite pasar varias horas fuera bajo el control de los servicios penitenciarios y cuyo objetivo es posibilitar la reinserci¨®n social. S¨®lo el 9% de los condenados obtienen la libertad condicional. Por lo tanto, toda condena que se ejecuta se cumple desde el primero hasta el ¨²ltimo d¨ªa y la mayor¨ªa de los penados extinguen la sanci¨®n ¨ªntegramente dentro de los muros de la prisi¨®n.

Si la sensaci¨®n de impunidad aparece es porque los ciudadanos no se sienten suficientemente atendidos cuando sufren un delito; frecuentemente las v¨ªctimas son "perdedoras por partida doble": sometidos a da?os que nadie repara, los procedimientos duran una eternidad, ven en libertad a "su" ladr¨®n por agotamiento de los m¨¢rgenes legales para la prisi¨®n provisional sin que haya sentencia, o reincidiendo por no adecuar la respuesta penal a la aut¨¦ntica causa del delito; otra veces se sienten "ninguneadas" y en ocasiones maltratadas por el propio sistema penal que cuenta con medios t¨¦cnicos y procesales francamente obsoletos. La aplicaci¨®n a los agresores de penas de prisi¨®n de por vida no eliminar¨¢ la sensaci¨®n de p¨¦rdida, dolor, miedo y desconfianza que embarga a las v¨ªctimas. La respuesta penal, con el exceso de inhumanidad que se solicita ahora, instala a las v¨ªctimas perpetuamente en el dolor y la venganza.

Por ¨²ltimo, se sostiene que la intervenci¨®n penal sobre los menores es ben¨¦vola, pero tambi¨¦n la realidad lo refuta. Cuando el sistema act¨²a con menores y j¨®venes de 14 a 17 a?os, no es infrecuente que la medida de control sea superior en el tiempo a la aplicable a los adultos; incluso, mediante la privaci¨®n de libertad, que puede llevarle hasta la c¨¢rcel si cumple la mayor¨ªa de edad, impidiendo as¨ª el trabajo pedag¨®gico de las instituciones y propiciando que el joven aprenda o consolide una carrera criminal.

El endurecimiento de las penas s¨®lo puede acometerse cuando se tenga certeza de su eficacia para la reducci¨®n de la violencia. Un conocimiento que se adquiere mediante estudios cient¨ªficos, de los que se prescinde. Para prevenir el delito el derecho debe evitar las penas arbitrarias o desproporcionadas; porque, como ense?aron los pensadores ilustrados, la eficacia de la pena depende de su estricta necesidad, de ah¨ª que deba ser la m¨ªnima adecuada a esos fines. Las pol¨ªticas penales orientadas ¨²nicamente hacia la prevenci¨®n de los delitos han generado m¨¢s violencia de la que pretend¨ªan resolver, porque la seguridad y la libertad no s¨®lo son amenazadas por el delito, sino tambi¨¦n por las sanciones excesivas o inhumanas. La historia de las penas es uno de los relatos m¨¢s horrendos de la humanidad; nos resistimos a olvidar ese pasado.

Por ello, frente a las propuestas de rigor punitivo es importante constatar que estamos en niveles de m¨¢ximo, que debemos explorar otro tipo de respuestas. Pretendemos llamar la atenci¨®n sobre los efectos del sistema penal en la vida de las personas, ya sean acusados o v¨ªctimas, y sobre la necesidad de racionalizar y humanizar el funcionamiento de las agencias policiales, judiciales y penitenciarias, para que generen la m¨ªnima imprescindible violencia, se garantice el respeto a los derechos humanos de los infractores y se protejan los intereses de las v¨ªctimas.

Ram¨®n S¨¢ez y Santiago Torres son jueces y miembros de la plataforma Otro Derecho Penal es Posible.