4.000 afectados por el amianto siguen sin recibir el apoyo prometido

Unas 6.000 personas corren el riesgo de sufrir enfermedades por haber trabajado en el pasado con amianto en Catalu?a. Este dato lo lanz¨® en 2007 la Generalitat, que prometi¨® crear un registro de potenciales v¨ªctimas, hacer un seguimiento de su salud y atenderlas lo m¨¢s r¨¢pido posible si desarrollan alguna de las graves secuelas asociadas al amianto (tumores, problemas respiratorios, etc¨¦tera).

Tres a?os despu¨¦s, s¨®lo un tercio de los 6.000 afectados forman parte de ese registro. "Lo elaboramos a partir de las empresas que han trabajado con amianto. Nos ponemos en contacto con ellas y deben facilitarnos la lista de trabajadores que pudieron intoxicarse", cuenta Josep Llu¨ªs Peray, coordinador para la creaci¨®n de la Agencia Catalana de Salud P¨²blica de Catalu?a y responsable del registro. El problema es que, a pesar de los esfuerzos que dice haber hecho la Administraci¨®n, s¨®lo el 30% de las empresas ha colaborado, pese a que se supone que est¨¢n obligadas a hacerlo. A partir de ahora, advierte Peray, la Generalitat ser¨¢ m¨¢s dura y exigir¨¢ la cooperaci¨®n de las empresas, a las que amenaza con sancionar si no lo hacen.

Para los afectados por este mineral -prohibido desde 2002 porque sus fibras, al inhalarse, se incrustan en los pulmones y tardan entre 10 y 40 a?os en causar las enfermedades- la culpa no es s¨®lo de las empresas. "La Administraci¨®n no se lo toma en serio. Si lo hiciera de verdad, los registros podr¨ªan hacerse cruzando datos estatales, entre el Ministerio de Trabajo, que sabe qu¨¦ empresas usaron amianto, y el de Sanidad, que podr¨ªa facilitar las altas de la seguridad social de quienes trabajaron all¨ª", razona Juan Carlos Pa¨²l, presidente de la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Amianto.

La asociaci¨®n de v¨ªctimas de Cerdanyola y Ripollet (Vall¨¨s Occidental) coincide en esta cr¨ªtica. "Es por dinero. La Administraci¨®n sabe que si agiliza los tr¨¢mites, deber¨¢ haber indemnizaciones y ayudas. Y eso es mucho dinero", denuncian. Incluso el despacho progresista de abogados Colectiu Ronda avala la tesis. "Las administraciones no act¨²an porque no quieren. Esperan y esperan, y los afectados van muriendo", dice con dureza Miguel Arenas, abogado de esta organizaci¨®n, que representa legalmente desde la d¨¦cada de 1970 a trabajadores afectados. Asegura que ni siquiera ser¨ªa necesario coordinarse con el ministerio. "S¨®lo acudiendo al hospital Parc Taul¨ª, en Sabadell, conseguir¨ªan cientos de nombres", razona.

Peray insiste en que el sistema de comunicaci¨®n a las empresas es el m¨¢s eficaz y evita el laborioso ejercicio de quitar de los listados completos de trabajadores a aquellos que no trabajaron a pie de f¨¢brica.Cuando agoten la v¨ªa de exigir datos a las empresas, dice Peray, emprender¨¢n otras. Si el registro es la mejor opci¨®n, ?por qu¨¦ la Generalitat ha esperado tres a?os para ponerse dura con las empresas? Peray lo achaca a problemas de recursos. Su capacidad, se justifican, era limitada.

Tras la adscripci¨®n de las unidades de salud laboral (encargados del seguimiento de los pacientes y hasta ahora, cada una dependiente de diferentes estamentos) a la Agencia Catalana de Salud P¨²blica, dispondr¨¢n de m¨¢s dinero. "Y seremos m¨¢s eficaces", promete Peray. Tambi¨¦n abrir¨¢n la posibilidad, con la ayuda de los sindicatos, de que trabajadores que sepan que corren riesgo se apunten de manera individual, mientras consiguen obligar a las empresas.

Los sindicatos son bastante cr¨ªticos con el registro. Para empezar, s¨®lo recoge los casos de ex trabajadores y no los centenares de enfermos causados por inhalar el mineral en las calles o de las ropas de los trabajadores, como ocurri¨® en Cerdanyola (ver EL PA?S de ayer). Adem¨¢s, se?alan, reciben poca informaci¨®n desde la Generalitat. "Sabemos que hay alguna empresa que lo est¨¢ haciendo mejor, como Alstom. Pero otras no se han implicado", se?ala un responsable de salud laboral de CC OO.

Peray asegura que, despu¨¦s de casi tres a?os, ha llegado el momento de lanzar una ofensiva para que el registro se complete y los inscritos reciban seguimiento m¨¦dico. "Vamos a perseguir a las empresas que no han contestado. Les volveremos a advertir. Si no facilitan los datos, a lo largo de 2010 tomaremos represalias, porque est¨¢n obligadas por ley", advierte. Insiste en que las cifras son aproximadas. Pero reconoce que queda mucho por hacer. Y el problema es que el amianto es tremendamente peligroso, porque act¨²a en silencio. Una vez que se instala en los pulmones es como una espada de Damocles que pende sobre las v¨ªctimas durante lustros. "La asbestosis ha estado siempre, pero los casos de c¨¢ncer de pulm¨®n m¨¢s graves empiezan a aparecer m¨¢s ahora, despu¨¦s de 20 y 30 a?os", se?ala Arenas.

"Por eso es esencial encontrar a las posibles v¨ªctimas, aunque hayan cambiado de domicilio o de ciudad. Para que sigan un seguimiento m¨¦dico riguroso que permita actuar al menor s¨ªntoma", dice el representante de las v¨ªctimas, Pa¨²l. Tambi¨¦n, seg¨²n ¨¦l, se deber¨ªa crear un fondo estatal para compensar a los afectados. Y un registro de viviendas que contenga este material (en Catalu?a hay c¨¢lculos de sindicatos que hablan de hasta de 19.000 casos). De momento, esas ideas no est¨¢n sobre la mesa. Las asociaciones, aseguran, ya s¨®lo conf¨ªan en los tribunales. Y seg¨²n del juez, ni eso.