La Administraci¨®n deja a inmigrantes sin tutela por dudosas pruebas de edad

Lo ¨²nico seguro a simple vista es que aparentan ser j¨®venes. Sus edades, sin embargo, se suelen convertir en acertijos burocr¨¢ticos para las Administraciones y las fiscal¨ªas. La l¨ªnea que separa cada d¨ªa a decenas de inmigrantes no acompa?ados de la protecci¨®n que el Estado concede a los menores de edad depende casi siempre del veredicto de unas pruebas, las oseom¨¦tricas, cuya realizaci¨®n carece de un protocolo claro y homog¨¦neo y que tienen un margen de error de 18 meses. Ni siquiera est¨¢ claro cu¨¢ndo es legal hacerlas y cu¨¢ndo no. En todo caso, muchas administraciones aplican el siguiente criterio: en caso de duda, contra el inmigrante.

Espa?a no aplica un criterio ¨²nico a los menores no acompa?ados que llegan al pa¨ªs como inmigrantes. La seguridad jur¨ªdica brilla por su ausencia. Cada fiscal¨ªa y cada comunidad aut¨®noma interpreta la ley como mejor le parece para decidir si la persona es adulta o menor de edad: unos aceptan la validez de la fecha de nacimiento fijada en el pasaporte y otros hacen por sistema de pruebas ¨®seas para determinar la edad. En algunos casos, estas pruebas las hace la sanidad p¨²blica; en otros, alg¨²n centro privado elegido por las autoridades, como sucede con la Comunidad de Madrid. A veces los resultados (que nunca son precisos) ofrecen una horquilla de edad; en otros se dice directamente: "en torno a los 18 a?os", lo que sirve para dejar de protegerlos como menores.

La fiscal¨ªa de ?lava ha denunciado 80 'tests' irregulares en la Diputaci¨®n Foral

El PNV reclama una instrucci¨®n con criterios homog¨¦neos

Caama?o est¨¢ dispuesto a perfeccionar el sistema

La Ley de Extranjer¨ªa obliga a proteger a menores inmigrantes

El "en torno a los 18 a?os" no tiene sentido cient¨ªfico si no se establece adem¨¢s, el margen de error. "Se trata de una aproximaci¨®n", afirma el forense Imanol Garamendi, del Instituto de Medicina legal de Huelva. "No existe ninguna prueba que permita establecer que una persona tiene 16 a?os y cinco meses", explica. "Se trata de unas pruebas que se realizan para determinar en t¨¦rminos porcentuales si una persona tiene m¨¢s o menos de x a?os -en Espa?a la edad clave es 18 a?os, pero por ejemplo en Alemania pueden ser 21 a?os, seg¨²n el caso-. Un diagn¨®stico de edad ideal nos permitir¨ªa, en la mejor de las hip¨®tesis, establecer que alguien tiene el 80% de las posibilidades de ser mayor y un 20% de ser menor", prosigue.

Las pautas deseables deben incluir, por ejemplo, un examen m¨¦dico general (para estudiar los par¨¢metros de maduraci¨®n general de una persona). "Un ni?o obeso tiene par¨¢metros distintos a un ni?o desnutrido".

"Lo que no puede ser es que los chavales paguen el pato cuando esto es un problema claramente pol¨ªtico", dice Peio Aierbe, coordinador de SOS Racismo en Guip¨²zcoa. El tema es tan pol¨ªtico que ayer lleg¨® al Congreso de los Diputados. El Partido Nacionalista Vasco interpel¨® ayer al Gobierno en el Congreso para pedir claridad. El diputado Emilio Olabarr¨ªa plante¨® la necesidad de que el fiscal general del Estado dicte una instrucci¨®n con criterios homog¨¦neos y ¨²nicos para todas las fiscal¨ªas. El ministro de Justicia, Francisco Caama?o, respondi¨® que "la ley es inequ¨ªvoca y marca con precisi¨®n todos y cada uno de los pasos a seguir" y que las circulares de la fiscal¨ªa ya establecen "criterios homog¨¦neos". Se mostr¨® dispuesto a valorar las propuestas de Olabarr¨ªa, pero no ofreci¨® en ning¨²n momento el punto de vista concreto del Gobierno o su ministerio sobre las mismas.

El problema es que la ley no es tan clara como afirma el ministro. El art¨ªculo 35 de la reciente Ley de Extranjer¨ªa dispone que cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un menor "indocumentado", le dar¨¢n protecci¨®n inmediata y el fiscal determinar¨¢ la edad a trav¨¦s de las pruebas necesarias, con la colaboraci¨®n de las autoridades sanitarias. El art¨ªculo plantea ya varios problemas. El primero, que no especifica cu¨¢ndo se considera que un menor est¨¢ "indocumentado".

La Fiscal¨ªa General del Estado se?ala en una Circular de 2006 que esto se refiere no s¨®lo a personas que no tienen documentaci¨®n, sino tambi¨¦n "a quien pretenda acreditar su edad e identidad con documentaci¨®n presuntamente falsa" y a quien haga uso de un documento "que incorpore datos manifiestamente incorrectos, contradictorios con otras documentaciones o que no resulten fiables (...) por proceder de pa¨ªses cuyas administraciones no garantizan la certeza o fiabilidad de los datos que sobre fecha, lugar de nacimiento o filiaci¨®n del interesado se incorporan al pasaporte".

En esta circular aparecen ya elementos dif¨ªciles de aplicar de forma homog¨¦nea. ?Qu¨¦ es un pa¨ªs no fiable? ?Hay una lista de Estados dudosos? ?C¨®mo se decide que la documentaci¨®n es "presuntamente falsa"? En 2008, seg¨²n la memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado, un 30% de los identificados inicialmente como menores resultaron ser adultos.

La circular ofrece algunos criterios m¨¢s de interpretaci¨®n, pero en los decretos de determinaci¨®n de edad de los fiscales no siempre se explica de forma argumentada por qu¨¦ no se acepta la edad que fija un pasaporte.

El caso de un joven camerun¨¦s es paradigm¨¢tico. La semana pasada, la Comunidad de Madrid decidi¨® suspenderle la guarda porque una prueba ¨®sea contradec¨ªa lo que figura en su pasaporte, que tiene 17 a?os. Ni ese documento p¨²blico ni un certificado de autenticidad firmado por el embajador de Camer¨²n en Espa?a sirvi¨® de nada frente a los "probablemente 18 a?os" que resolv¨ªa la prueba. La Fiscal¨ªa de Menores de Madrid asumi¨® este criterio para cambiarlo apenas 24 horas despu¨¦s, y resolvi¨® la acogida del chaval en un centro de menores hasta que se despejen las dudas sobre su edad.

El diputado Olabarr¨ªa plante¨® ayer en el Congreso el punto de vista de las Administraciones. Afirm¨® que el Pa¨ªs Vasco es una de las regiones que m¨¢s menores no acompa?ados tutela (unos 800 frente a aproximadamente 120 en Madrid, 100 en Valencia y ninguno en La Rioja, seg¨²n los datos que ofreci¨® el PNV) y que algunos de ellos manejan pasaportes falsos en los que constan como menores de edad a pesar de pasar de los 30 a?os. "Vamos a intentar por lo menos que los menores sean menores de verdad". Mostr¨® al ministro la foto de un menor acogido en ?lava, con barba, asegurando que parec¨ªa mayor que el propio Caama?o.

Olabarr¨ªa propuso, para la homogeneidad de las pruebas ¨®seas, que se exija que sean los Institutos de Medicina Legal, ubicados en todas las comunidades aut¨®nomas, los encargados de realizarlas. Es otro de los puntos sobre el que la disparidad es total, y los resultados tambi¨¦n. La Fiscal¨ªa General del Estado habla en una consulta de noviembre de 2009 de que estas pruebas "no aportan unos resultados absolutamente determinantes" pero "ofrecen una horquilla de edad dentro de la cual, en caso de duda, habr¨¢ que inclinarse por la m¨¢s baja". Algunos centros m¨¦dicos, como el que utiliza la Comunidad de Madrid, no dan ninguna horquilla de edad, de forma que es imposible que el fiscal pueda inclinarse "por la m¨¢s baja". Sencillamente, hablan de "en torno a los 18 a?os" y fijan la mayor¨ªa de edad a pesar de que cient¨ªficamente es imposible con estas pruebas fijar la edad de un modo preciso y exacto.

Otro problema es cuando la fiscal¨ªa ni siquiera llega a enterarse de lo que ocurre porque la Administraci¨®n act¨²a por su cuenta. La Fiscal¨ªa de ?lava habla de al menos 80 casos -pero cree que pueden ser muchos m¨¢s, seg¨²n fuentes del ministerio p¨²blico- en los que la diputaci¨®n foral ha practicado pruebas ¨®seas ilegales a menores. Son casos en los que la fiscal¨ªa no ha intervenido. Ni siquiera los ha autorizado, y no ha podido garantizar sus derechos. "La primera vez que esta fiscal¨ªa ha tenido conocimiento de casos de menores no acompa?ados desde 2006 ha sido el pasado 4 de febrero".

La determinaci¨®n de la edad por parte del fiscal es una medida cautelar para no dejar al menor desprotegido. El ministro Caama?o insisti¨® en que, despu¨¦s de esta primera acogida, "la Administraci¨®n p¨²blica competente puede disponer la realizaci¨®n de cuantas pruebas estime oportunas (pruebas m¨¦dicas, investigaciones documentales o de cualquier otra naturaleza) para verificar la edad del menor". El problema es, en muchos casos, que esas pruebas posteriores se convierten en una persecuci¨®n hasta que una de ellas consigue lo que la Administraci¨®n quiere: decir que la persona es mayor de edad.

Con informaci¨®n de Daniel Borasteros.