Sanidad renuncia a impugnar el ¨¢rea ¨²nica sanitaria en el Constitucional

S¨®lo cinco d¨ªas despu¨¦s de que la ministra de Sanidad, Trinidad Jim¨¦nez, manifestara en p¨²blico sus dudas sobre la legalidad de la Ley de libre elecci¨®n y ¨¢rea ¨²nica madrile?a, su ministerio confirm¨® ayer que ha renunciado a impugnar la norma auton¨®mica. Jim¨¦nez asegur¨® que la ley, aprobada en noviembre pasado y que a¨²n no ha entrado en vigor, podr¨ªa presentar "incompatibilidades" con la Ley General de Sanidad.

En concreto, lo que preocupaba a su ministerio era la supresi¨®n de las 11 ¨¢reas sanitarias en que se divide actualmente la regi¨®n para crear una ¨²nica ¨¢rea que englobar¨¢ a casi seis millones y medio de habitantes. El consejero de Sanidad, Juan Jos¨¦ G¨¹emes, mantiene que para permitir la libre elecci¨®n de m¨¦dico y enfermera es necesario "eliminar barreras administrativas". Las sociedades cient¨ªficas siempre le han contestado que, en realidad, la libre elecci¨®n ya existe y que no hay ninguna necesidad de cambiar un sistema que, hasta ahora, ha funcionado bien.

La norma estatal establece que las ¨¢reas de salud deben tener entre 200.000 y 250.000 habitantes. Pero, seg¨²n explic¨® ayer el secretario general de Sanidad, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos, "permite excepciones". El ministerio asegur¨® ayer que no hay "base jur¨ªdica" para llevar la norma al Constitucional. El lunes pasado la ministra, que hasta entonces nunca se hab¨ªa pronunciado sobre el tema, anunci¨® que sus servicios jur¨ªdicos estaban revisando la norma auton¨®mica porque su legalidad planteaba dudas.

El plazo para impugnar la ley, que deb¨ªa hacerse mediante un recurso de inconstitucionalidad, terminaba a mediados de febrero, al cumplirse tres meses desde su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial. El Ministerio de Sanidad ha recibido durante esta semana nuevas explicaciones de la consejer¨ªa madrile?a sobre c¨®mo piensa organizar internamente el ¨¢rea ¨²nica, que al final le han convencido de que la impugnaci¨®n no ir¨ªa a ninguna parte."La viabilidad jur¨ªdica de un recurso es dudosa", asegur¨® ayer el secretario general de Sanidad, Jos¨¦ Mart¨ªnez Olmos. Entre las declaraciones de la ministra, el lunes pasado tras reunirse con los sindicatos UGT y CC OO, y la decisi¨®n de ayer han mediado varias comunicaciones con la Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a. El departamento que dirige Juan Jos¨¦ G¨¹emes ha explicado en mayor detalle c¨®mo piensa organizar internamente el ¨¢rea ¨²nica, explic¨® Mart¨ªnez Olmos. "El desarrollo normativo asegura la coordinaci¨®n entre la atenci¨®n primaria y la especializada", a?adi¨®.

Despu¨¦s de consultarlo con el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial -encargado de presentar el recurso de inconstitucionalidad, llegado el caso-, el ministerio de Jim¨¦nez ha llegado a la conclusi¨®n de que la norma auton¨®mica respeta la Ley General de Sanidad porque ¨¦sta permite excepciones y son las propias comunidades aut¨®nomas las que, en su marco de competencias, establecen esas excepciones. Seg¨²n el ministerio, la consejer¨ªa piensa respetar las zonas b¨¢sicas de salud, divisiones m¨¢s peque?as que las ¨¢reas que suelen corresponder con la poblaci¨®n asignada a un centro de salud. Jim¨¦nez asegur¨® el lunes que la creaci¨®n del ¨¢rea ¨²nica "dificultar¨ªa la propia gesti¨®n, organizaci¨®n y funcionamiento de los servicios sanitarios".

Sindicatos, partidos de la oposici¨®n, organizaciones vecinales y sociedades cient¨ªficas llevan meses criticando la Ley de Libre Elecci¨®n y ?rea ?nica, que aun as¨ª aprob¨® el Parlamento regional con los votos del PP, que tiene mayor¨ªa. Ayer mismo, 13 de estas entidades firmaron un manifiesto de rechazo en el que piden al Ministerio de Sanidad o al Defensor del Pueblo que lo paralicen mand¨¢ndolo al Tribunal Constitucional. Ni el primero ni el segundo van a hacerlo.

El Defensor del Pueblo tambi¨¦n ha archivado la queja que le presentaron UGT y CC OO en diciembre pasado. "Lo que le preocupaba era el principio b¨¢sico de descentralizaci¨®n y proximidad a los ciudadanos, y eso se mantiene", asegur¨® una portavoz de la oficina de Enrique M¨²gica. G¨¹emes tambi¨¦n se defendi¨® de las cr¨ªticas explicando que las zonas b¨¢sicas de salud van a mantenerse. Aun as¨ª, el defensor estar¨¢ "muy atento" al desarrollo reglamentario de la ley, subray¨® la portavoz. La ley deber¨ªa entrar en vigor, ya con el reglamento aprobado, dentro de unas semanas, antes de que acabe el primer trimestre del a?o, seg¨²n anunci¨® el consejero.

"Es una l¨¢stima", asegur¨® ayer el secretario de Pol¨ªticas Sectoriales de UGT, Juan Luis Mart¨ªn. "Pero no frena para nada nuestra campa?a de oposici¨®n. Hay m¨¢s razones para rechazar la ley que las jur¨ªdicas. Vamos a intensificar el esfuerzo para explicar qu¨¦ puede pasar si se aprueba la ley". El sindicato asegura que la norma supondr¨¢ "un paso atr¨¢s en t¨¦rminos de calidad" y que el ¨¢rea ¨²nica introduce en la sanidad madrile?a elementos de competencia y de "mercantilizaci¨®n". Con la excusa de la libre elecci¨®n de m¨¦dico, "un paraguas atractivo", los ciudadanos "perdemos la condici¨®n de pacientes para ser clientes", afirma Mart¨ªn. "No es libertad de elecci¨®n sino de solicitud. La ¨²ltima palabra la tendr¨¢ la Administraci¨®n, porque no todo el mundo podr¨¢ elegir el mejor cardi¨®logo; depender¨¢ de su agenda y su carga de trabajo".

Los firmantes del manifiesto, entre los que figura la vocal¨ªa de Atenci¨®n Primaria del Colegio de M¨¦dicos, coinciden con los sindicatos en que el da?o ser¨¢ "grave e irreversible". La ley, aseguran, "pone en riesgo la asistencia al crear graves desequilibrios entre las cargas asistenciales de los profesionales". Lo que se preguntan es, b¨¢sicamente, qu¨¦ necesidad hay de cambiar el sistema. La norma "elimina la estructura que ha permitido consolidar nuestro modelo asistencial como un referente internacional", aseguran. Por eso solicitan el recurso al Constitucional, algo que dif¨ªcilmente van a conseguir.