Fijo para siempre, pero ?inamovible?

El mundo ha cambiado una barbaridad, ni el matrimonio es ya para siempre; pero el empleo del funcionario, s¨ª. Hasta que la muerte o la jubilaci¨®n los separe. En tiempos de paro y d¨¦ficits si las cuentas p¨²blicas no cuadran, ?para qu¨¦ seguir aumentando el empleo p¨²blico? En el reino del empleo temporal, del ERE y la congelaci¨®n salarial, ?por qu¨¦ el funcionario tiene trabajo fijo y hasta le suben el sueldo?

"El empleo de por vida es la mejor garant¨ªa de profesionalidad", dice Domingo Fern¨¢ndez, presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF. El profesor Francisco Longo disiente: "Por razones de inter¨¦s general, la hiperprotecci¨®n laboral del empleo p¨²blico debe acabar. Cuando la Administraci¨®n p¨²blica no puede mantenerse debe ser l¨®gico que elimine servicios y puestos de trabajo, como sucede en la empresa privada".

El empleo vitalicio ha evitado que los gobiernos pongan y quiten funcionarios

Expertos abogan por mecanismos de control del trabajo transparentes

Hist¨®ricamente, el empleo vitalicio fue una prueba de salud democr¨¢tica: un cuerpo de funcionarios permanente para evitar que el Gobierno entrante pusiera a sus funcionarios y despidiera a los anteriores, como a¨²n sucede en pa¨ªses latinoamericanos. "Eso era necesario en trabajos ligados a los servicios de autoridad, donde el bien p¨²blico dominante es la imparcialidad", explica Longo, profesor de recursos humanos en ESADE. "Con el tiempo, la protecci¨®n extraordinaria del empleo p¨²blico se ha extendido a otros que nada tienen que ver con la autoridad, como profesorado, m¨¦dicos o servicios sociales, es decir, a la inmensa mayor¨ªa. Parecer¨ªa l¨®gico que estas personas, aparte del examen de entrada, tuvieran que superar de tiempo en tiempo unas evaluaciones para seguir en el empleo".

As¨ª ser¨¢ en Catalu?a. Los futuros funcionarios estar¨¢n a prueba 90 d¨ªas y pasar¨¢n pruebas anuales. "No nos asusta la evaluaci¨®n", advierte el dirigente sindical Fern¨¢ndez, "pero con recompensas si es positiva; y sin que signifique el despido, si sale negativa". Fern¨¢ndez recuerda que ya existe el periodo de prueba, pero la novedad de la ley catalana es su car¨¢cter obligatorio y universal.

Al catedr¨¢tico de Sociolog¨ªa Salvador Card¨²s le gustar¨ªa renegar de su condici¨®n de funcionario, "porque mi remuneraci¨®n no depende de mis m¨¦ritos, sino de mis a?os de antig¨¹edad". Para Card¨²s el empleo de por vida es "dif¨ªcilmente justificable; pero si hay que hacerlo, que d¨¦ cuenta de la calidad de su trabajo con mecanismos de control transparentes".

Mientras los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea recortan funcionarios, Espa?a los aumenta (un 32% entre 2000 y 2008). La masa salarial del empleo p¨²blico por habitante ha aumentado un 60% en Espa?a, casi el doble que en la UE. El pago del empleo p¨²blico se lleva la quinta parte del presupuesto del pa¨ªs.

"A las ocho de la ma?ana, una persona ficha por todos, y a las tres, otra hace lo mismo". Enrique Cejudo cuenta su experiencia como secretario sustituto del Juzgado n¨²mero 1 de El Ejido (Almer¨ªa). "No se trabaja ni cuatro horas al d¨ªa. Se puede verificar muy f¨¢cilmente pues todos los fichajes se hacen en el mismo ordenador". No es el caso general, pero el sistema lo permite.

Bel¨¦n Marina, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcal¨¢, no cree que haya empleo de por vida. "El derecho de inamovilidad de los funcionarios no es ilimitado. Su r¨¦gimen disciplinario contempla las faltas de asistencia, el incumplimiento de la jornada, la falta de puntualidad o de rendimiento... con sanciones que pueden llegar a la separaci¨®n del servicio".

?Cu¨¢ntas infracciones, sanciones o despidos de funcionarios hay? La profesora lo desconoce, tambi¨¦n el Ministerio de Justicia, y el de las Administraciones P¨²blicas. "Llevo m¨¢s de 30 a?os en la universidad", dice Card¨²s, "y no he conocido ninguno, pese a que hay casos, pocos, de irresponsabilidad absoluta. El procedimiento es dram¨¢ticamente complicado".

Los sindicatos tambi¨¦n desconocen estad¨ªsticas disciplinarias que ser¨ªan, por otro lado, l¨®gicas en un colectivo tan grande. "S¨®lo hay datos de absentismo", dice Fern¨¢ndez. "Similar al de las grandes empresas privadas".

Para evitar el absentismo camuflado, Cejudo eleva a su ente superior, la Subcomisi¨®n Provincial de Coordinaci¨®n y Cooperaci¨®n de la Consejer¨ªa de Justicia de la Junta de Andaluc¨ªa, una posible mejora de su juzgado. "S¨®lo con implantar la huella digital para que fichen los empleados, el tiempo de trabajo aumentar¨ªa un 50%".

Longo reparte culpas. "Hemos vivido ¨¦pocas de vacas gordas todos, familias, empresas y tambi¨¦n la Administraci¨®n. Es cierto que una parte del aumento es por mejora de servicios: hay m¨¢s profesores por alumno, m¨¢s m¨¦dicos por enfermo, pero la Administraci¨®n p¨²blica del futuro debe de ser menos voluminosa y m¨¢s cualificada. El Gobierno sigue contratando demasiado trabajo poco cualificado. Son unas rutinas de comportamiento muy dif¨ªciles de romper por los gobernantes. Tienden a seguir haciendo lo mismo".

Y, en consecuencia, el gasto p¨²blico se va hinchando. Hoy son 2,7 millones de personas trabajando para la Administraci¨®n, de ellos 1,7 millones funcionarios. "El tama?o del sector p¨²blico ha experimentado un acelerado crecimiento en esta ¨²ltima d¨¦cada", dice Mario V. Gonz¨¢lez, autor de El coste de la Administraci¨®n p¨²blica espa?ola. Seg¨²n sus cuentas, en 2008 cada espa?ol dedic¨® a pagar a los funcionarios 2.560 euros, 1.000 euros m¨¢s que ocho a?os antes. "En Espa?a, el coste salarial por empleado p¨²blico excede en m¨¢s del 20% el coste del privado".

El presidente del sindicato CSI cree que el aumento se debe a la convergencia con Europa y al desarrollo de las autonom¨ªas. Sin embargo, no achaca a la crisis econ¨®mica las voces que se levantan para cambiar el estatus del funcionariado. "Obedece m¨¢s a las exigencias de los ciudadanos y a la incorporaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas".

El Gobierno catal¨¢n intenta cambiar las viejas estructuras con una ley que reduce la mara?a de cuerpos a s¨®lo cuatro, que facilitar¨¢ la movilidad entre administraciones. Se acabar¨¢ tambi¨¦n con la selecci¨®n por cuerpos y escalas, que permit¨ªa que un abogado ganara, por ejemplo, plaza en un trabajo de gesti¨®n econ¨®mica. "El objetivo es que las administraciones puedan actuar con m¨¢s flexibilidad; pero tambi¨¦n garantizar la idoneidad de las personas para el puesto de trabajo que han de ocupar", explica Jordi Aus¨¤s, consejero de Gobernaci¨®n. Y otra novedad no menos importante: se exigir¨¢ examen para el empleo p¨²blico temporal, argucia contempor¨¢nea para colar gente a dedo que, con el tiempo, acced¨ªa a la plaza fija.

El sindicalista Fern¨¢ndez a nada dice que no. "En estos d¨ªas estamos negociando con la vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega una ley de la funci¨®n p¨²blica donde se desarrollan sistemas de evaluaci¨®n, promoci¨®n, la movilidad -hasta ahora muy peque?a y complicada-, y la funci¨®n directiva, que tampoco exist¨ªa".

Efectivamente, hay funcionarios y jefes puestos a dedo por los pol¨ªticos, pero no funcionarios-directivos. "No tiene sentido que cambie el presidente de una comunidad aut¨®noma y cambien los gerentes de los hospitales p¨²blicos, como est¨¢ pasando", recuerda Longo.

"La Administraci¨®n espa?ola tiene un gran d¨¦ficit de gesti¨®n. Hay pocos gestores profesionales de la cosa p¨²blica, que introduzcan los valores de costes, gastos e inversiones". Longo recuerda los males que acarrea un cuerpo de funcionarios de por vida. "Su hiperprotecci¨®n conlleva la falta de riesgo del colectivo con unas consecuencias an¨®malas para la sociedad, como el encarecimiento de los servicios y la distorsi¨®n de la labor sindical". "El sindicalismo p¨²blico es de confrontaci¨®n", explica, "mucho m¨¢s agresivo que el privado, porque no existe la amenaza del despido".

El economista Manuel Balmaseda cuantific¨® en un 4,7% del PIB la diferencia de productividad entre el sector p¨²blico y el privado en 2003. A caballo entre Estados Unidos y Espa?a, Balmaseda recuerda en su Libro Marr¨®n (2006, C¨ªrculo de Empresarios) que la productividad de los sectores p¨²blico y privado era pr¨¢cticamente id¨¦ntica en 1980; pero en 2003 la situaci¨®n hab¨ªa cambiado: "La productividad del sector privado super¨® los 35.000 euros, pero la del p¨²blico no llegaba a los 28.000".

El socialista Tony Blair implant¨® en la Administraci¨®n brit¨¢nica el principio de que la eficiencia y productividad de cualquier tarea de cualquier organismo p¨²blico es medible al igual que en una empresa privada. Y, en funci¨®n de ello, suprimir, ampliar o reducir.

A partir de entonces han proliferado organismos de evaluaci¨®n, incluso en Espa?a. Veamos uno, la rimbombante Agencia de Evaluaci¨®n de las Pol¨ªticas P¨²blicas y Calidad de los Servicios en Espa?a. Creada hace tres a?os, s¨®lo se mueve a iniciativa del Gobierno y escribe informes como Tr¨¢mites administrativos para la creaci¨®n de empresas. Sus conclusiones: "Es imposible recoger en un solo modelo toda la casu¨ªstica de la tramitaci¨®n administrativa". Otra: "El primer paso de una pol¨ªtica de simplificaci¨®n de los tr¨¢mites para la creaci¨®n de empresas debe ser impedir que se establezcan nuevas trabas". Y no lo firma Perogrullo.

Como escribe el consejero del Tribunal de Cuentas Llu¨ªs Armet en la Revista Espa?ola de Control Externo: "La creaci¨®n de una burocracia para luchar contra los aspectos burocr¨¢ticos no es la mejor forma de actuar".

?Qu¨¦ diferencia hay en la Administraci¨®n p¨²blica espa?ola entre un buen trabajador y un vago? ?Cu¨¢l entre el juez que dicta 200 sentencias anuales y el que no dicta ninguna? ?Y entre el catedr¨¢tico que acude a sus clases y el que se refugia en supuestas investigaciones? ?O, simplemente, entre el funcionario que llega tarde y se va pronto y el que cumple su horario? Aparte de la moral, ninguna.

"La falta de evaluaciones no es el mejor h¨¢bitat para fomentar la productividad, que es un problema de Espa?a en general, y la productividad del funcionario es a¨²n inferior al del empleo privado", recuerda Longo.

Mientras en los pa¨ªses anglosajones cuesta atraer a la juventud al funcionariado, en Espa?a se hace cola. "Da pena que el objetivo del universitario sea sacarse una oposici¨®n", se lamenta Mario Gonz¨¢lez. "Es una situaci¨®n racional, por supuesto, porque te da empleo fijo de por vida y aumentos salariales del 2%, pero mata el esp¨ªritu emprendedor de un pa¨ªs, que es lo que hace progresar a la sociedad".

Tras 15 meses como secretario de juzgado, Cejudo volv¨ªa a escribir a su ente superior, la Subcomisi¨®n Provincial de Coordinaci¨®n y Cooperaci¨®n de la Consejer¨ªa de Justicia de la Andaluc¨ªa: "Desde el otro lado del espejo que he traspasado, como abogado, como profesor de universidad y como gerente de empresa, la realidad no parec¨ªa tan penosa como se aprecia desde dentro. El directivo que aterriz¨® en la corte de su se?or¨ªa ha comprobado que no podr¨¢ ejercer sus habilidades directivas; lo m¨¢s que puede llegar a ser es un virtuoso castratti, un cap¨®n sin atribuciones que ha de limitarse a firmar y a firmar, y a ser amable".